Treinta y cinco años después

Alfonso Lessa

Treinta y cinco años después del último golpe de Estado, los uruguayos seguimos discutiendo acerca de sus causas y de los terribles hechos que ocurrieron durante la dictadura que se instauró el 27 de junio de 1973.

El golpe de Estado fue resultado de un proceso complejo, multicausal y es muy difícil comprenderlo hoy, si no se lo ubica en el contexto de Guerra Fría, en una épo-ca de convulsiones, cambios sociales y movilizaciones de todo tipo.

Hubo, por supuesto, componentes locales muy importantes y responsabilidades concretas, empezando por las de Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas, que fueron quienes dieron el golpe de Estado.

Pero en el largo proceso de gestación del golpe de Estado, hubo hechos que además de a los militares y a Bordaberry, involucraron directamente a diversos actores políticos y sociales.

El Partido Colorado promovió, entonces, en una etapa crítica del país, a un can-didato como Bordaberry que distaba de tener los atributos que el momento exigía. Era -como ha reconocido Sanguinetti- un hombre de débiles convicciones democráticas, que rápidamente se convirtieron en fuertes convicciones antidemocráticas. Y como si fuera poco llegó a la Presidencia en unas elecciones impugnadas por el Partido Nacional que había tenido en Wilson Ferreira Aldunate, a un candidato más votado que el nuevo mandatario.

En febrero de 1973, cuando las Fuerzas Armadas dieron un paso enorme exigiendo y logrando importantes cuotas de poder al margen de las leyes, los partidos estuvieron omisos y carecieron de una estrategia común.

Dirigentes colorados y blancos intentaron inútilmente buscar la sustitución de Bordaberry, en algún caso incluso por fuera de los mecanismos constitucionales.

El Frente Amplio ingresó en una parálisis, producto de sus contradicciones ya que algunos de sus grupos más importantes, como el Partido Comunista, abrieron públicamente una carta de crédito a los militares rebeldes. No importó que lo hicieran pasando por arriba de las instituciones, si se alentaba la esperanza del surgimiento de un militarismo populista, de izquierda o "peruanista". El general Seregni, que los conocía y los había enfrentado, sabía que la verdad era muy otra. El fallecido general Queirolo, incluso, llegó a decir que "mordieron el anzuelo".

Los militares tenían un cuidadoso plan elaborado para tomar el Parlamento en febrero. Pero no fue necesario ejecutarlo, porque el Parlamento ni siquiera se reunió.

Esta semana algún dirigente del Pit-Cnt llamó a una autocrítica a las cámaras empresariales, en una jornada en la que se recordó, entre otros hechos, la histórica huelga general realizada contra el golpe de Estado naciente, que fue protagonizada por muchos trabajadores.

Y si bien es cierto que la central sindical llevó adelante esa medida de resistencia, también sectores importantes de su dirigencia, tuvieron expectativas positivas respecto al levantamiento de febrero y de los generales que lo promovieron, entre los que destacaban Gregorio Álvarez y Esteban Cristi. Los mismos generales que ingresaron en la madrugada del 27 de junio al Parlamento en el acto final de la caída de las instituciones.

El mismo Parlamento, dicho sea de paso, que en septiembre del 71, sin imaginarse el final, había aprobado las venias de Álvarez y Cristi.

Los militares tratan de justificar una y otra vez el golpe de Estado en los poderes que les dio el Parlamento para la lucha antiguerrillera. Pero la guerrilla había sido militarmente aniquilada en Uruguay casi un año antes. Había militares que ya hacía bastante tiempo pensaban en un papel protagónico que trascendía en mucho la defensa nacional.

Por supuesto que en el proceso hacia el golpe debe destacarse la violencia que imperaba en el país, retroalimentada muchas veces desde el gobierno, en el que la guerrilla fue precisamente un factor fundamental. Como tampoco pueden olvidarse los grupos de ultraderecha que actuaban con impunidad y a veces en sociedad con civiles y militares. Ni los contactos clandestinos en los cuarteles y fuera de ellos entre tupamaros y militares, en los que, además de buscarse un acuerdo para cesar las hostilidades, la oficialidad se nutría de información aportada por la guerri- lla que llevaba a sectores del Ejército a actuar de manera cada vez más autónoma, en la lucha contra lo que consideraba "las causas" de la situación, incluyendo la corrupción. En esos y otros hechos de 1972 ya quedaba en claro que el poder político, en especial el oficialismo, había desatado una fuerza que se le había escapado de las manos.

Seguramente hay otras interpretaciones sobre esa época, pero resulta muy difícil reconstruir aquella historia sin tener en cuenta las responsabilidades que, en diferente grado, tuvieron diversos actores.