Nueve aduaneros fueron procesados con prisión a la hora 2.00 de hoy, sábado, por la Justicia Penal al tipificársele un delito de cohecho simple (coima). En breve, declararán despachantes de Aduanas sobre contrabandos en el Aeropuerto de Carrasco.

Además, el fiscal Gilberto Rodríguez solicitó a la jueza penal de la Ciudad de la Costa, Mariana Motta la citación de otras personas vinculadas al caso, entre ellos aduaneros y empresarios relacionados con el comercio exterior, afirmaron a El País fuentes de la investigación.

Rodríguez también solicitó a Motta la incautación de vehículos y una serie de informaciones registrales como levantamientos del secreto bancario de los aduaneros procesados.

Los empleados fueron remitidos a la cárcel por la figura de cohecho. Esta castiga a aquel funcionario que recibe una recompensa que no le corresponde por ejecutar o no un acto. En este caso, los aduaneros no efectuaban controles de documentaciones para que pudieran ingresar mercaderías de contrabando. En los próximos días, la jueza Motta y el fiscal Rodríguez solicitarán al personal del Departamento II (Crimen Organizado) de Inteligencia Policial que continúe el operativo con la búsqueda de pruebas para tipificar otros delitos.

En el Juzgado Penal de la Costa no se descarta una ampliación del expediente con un delito de asociación para delinquir, la cual surge en las declaraciones de los involucrados.

El jueves 26, efectivos de Inteligencia incautaron agendas y listados de los aduaneros detenidos que incluyen los nombres de despachantes de aduanas que tramitaban con ellos permisos de importación. Los aduaneros procesados fueron sindicados por la Justicia Penal de omitir los controles de mercaderías que importaban empresas de "courier" o que llegaban en sacas postales que distribuye el Correo. También desviaban contenedores a zonas francas.

Citando fuentes de la investigación, Canal 10 consignó ayer que personal de Inteligencia Policial entregó a la jueza Motta una lista de despachantes de Aduanas que pagaban las "coimas" a los funcionarios aduaneros. Estos empresarios serán citados a declarar ante la Justicia Penal.

Las fuentes aduaneras señalaron que las "coimas" en los trámites de importaciones son mayores en el edificio central del organismo que en el Aeropuerto de Carrasco, ya que allí "hay menos operaciones" de importaciones que en la terminal aérea pero estas mueven "más dinero".

Entre octubre del 2006 y mediados del 2007, el director de Aduanas Luis Salvo presentó cuatro denuncias contra aduaneros del Aeropuerto de Carrasco: dos de ellas fueron elevadas al Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía y las otras al Juzgado Penal de la Ciudad de la Costa.

En esa oportunidad, se supo que los listados de los aduaneros corruptos de la terminal aérea incluían las "deudas" de los despachantes por "agilizar" o "permitir" el ingreso ilegal de mercaderías. Los documentos incluían los nombres del tramitador aduanero y al lado de estos los montos que estos debían pagar por importaciones irregulares. Sin embargo, cuando los aduaneros concurrieron al Juzgado Penal a declarar por esos asuntos señalaron que las cifras establecidas en los listados se referían a colectas para realizar asados y quedaron en libertad. Sin embargo, continuaron las actuaciones en el Juzgado canario.

Tras varios meses de escuchas, filmaciones y seguimientos, el operativo se activó luego que el Juzgado recibió otra denuncia de irregularidades cometidas por un jerarca aduanero de Carrasco.

Puja por el puerto de Montevideo

Jerarcas aduaneros dejaron entrever que desde hace un tiempo a la fecha la Policía pretende apropiarse de resortes represivos que pertenecen a Aduanas y a la Prefectura Naval.

Hasta hace poco, el puerto de Montevideo era controlado por personal aduanero, la Administración Nacional de Puertos y la Prefectura. Ahora efectivos de la Brigada Antidrogas e Inteligencia efectúan investigaciones en la terminal portuaria sin informar a otros organismos, según las fuentes.

Desde la Aduana se visualiza esta situación como que la Policía vigila y pretende cercar a todos los funcionarios aduaneros supuestamente corruptos.

Por su parte fuentes del gremio de Aduanas señalaron que les resultaba llamativo que tras declararse en conflicto por mejoras salariales surjan estas detenciones. "Ello nos lleva a pensar que nos quieren matar de cualquier manera", dijo un dirigente sindical a El País.

El jueves 26, cuando trascendió que la jueza penal de la Ciudad de la Costa, Mariana Motta, y el fiscal Gilberto Rodríguez ordenaron a un grupo especial del Departamento II de Inteligencia Policial que comenzara las detenciones de 10 aduaneros, la Dirección Nacional de Aduanas inició una investigación administrativa en el aeropuerto de Carrasco.