EDUARDO DELGADO

La jueza Estela Jubette emitió la primer sentencia que condenó al Estado por su responsabilidad en un caso de plombemia.

Se trata de un menor que en el año 2000 registró 55 microgramos de plomo por decilitro en sangre, cuando lo indicado como normal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 10 microgramos.

En noviembre de 2006, la magistrada, entonces en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, dispuso que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Montevideo le paguen $ 60 mil al menor y $ 50 mil a su madre. Ambos viven en la cañada Victoria del barrio La Teja, lugar donde se registraron los primeros casos de plombemia. Los organismos públicos apelaron la sentencia, por lo que el caso está a estudio del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno, que decidirá si ratifica o revoca el fallo.

Carlos Roselló, el abogado que presentó esta demanda, dijo sentir "una gran satisfacción personal por lograr esta primer sentencia que reconoce la responsabilidad del Estado en la contaminación por plomo". Con esta sentencia "hay un antes y un después en este tema", añadió.

Roselló indicó que si bien el monto otorgado no es alto, la decisión de Jubette generó que otras personas en el barrio analicen presentar nuevas demandas por daños y perjuicios, lo que podría derivar en que el Estado abone sumas importantes.

Años atrás, algunas familias afectadas presentaron una acción de amparo, la que fue archivada por la Justicia.

Pero la madre de este menor decidió presentar una demanda por daños y perjuicios.

Al igual que el menor involucrado en este caso, otros niños que registraron altos indices de plomo en sangre viven asentados a orillas de la cañada Victoria, en La Teja.

Además del Ministerio de Vivienda y la IMM, fue demandado el Ministerio de Salud Pública, pero la jueza consideró que no tiene responsabilidad en la prevención de daños medioambientales y destacó que fue el primero en atacar la problemática.

Jubette expresa en la resolución que las autoridades públicas asumieron con responsabilidad sus funciones y cometidos luego que los casos de plomo en sangre se hicieron públicos, pero lo que ella analizó es si pudieron y debieron prevenir el problema.

A través de Roselló, la madre del niño manifestó estar "satisfecha por el resultado del juicio", que no se arrepiente del camino elegido y solicitó que "los organismos públicos tomen debida cuenta de lo que sucedió e intenten que esto no se repita". El menor sigue un tratamiento que le realiza el MSP y bajó notoriamente los niveles de plomo en sangre,