Casal dispuesto a litigar años con DGI; peligra futuro de clubes

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EDUARDO DELGADO

Francisco Casal está decidido a resolver sus diferencias con la DGI en la Justicia, y no acordará en base a lo que le pretenden cobrar. Por esta situación, peligra la continuidad de algunos clubes. Otros contratistas sí negocian con la DGI.

"No evadí ni quise hacerlo y no debo impuestos", dijo Casal a sus allegados, y en base a ello es que resolvió que su enfrentamiento con la Dirección General Impositiva (DGI) se resuelva en la Justicia, aunque ello pueda llevar años, aseguraron personas cercanas al principal empresario deportivo del país.

Casal fue notificado del embargo dispuesto por la jueza civil Loreley Opertti, a solicitud de la DGI, y ya lo apeló.

Para el contratista, la DGI buscó mostrarlo como un evasor y preveía que luego de eso él aceptaría llegar a un arreglo.

Pero el empresario se mantiene firme en su posición de que no debe impuestos y que incluso los principales catedráticos de Derecho Tributario coinciden en eso, afirmaron allegados a Casal. Añadieron que el contratista sabe que el litigio judicial puede demorar años, e incluso llegar hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que debido al embargo dispuesto complicará sus negocios. Igual tiene decidido seguir la instancia judicial.

Casal está convencido que, su embargo, repercutirá de manera negativa en el fútbol local, y que pone en riesgo la continuidad en los próximos torneos de varios clubes de Primera y Segunda División, a los que el empresario dejará de aportar dinero.

Los consultados aseguraron que con lo que la DGI le reclama a Casal no hay posibilidad de un acuerdo previo a que el litigio finalice.

Para la DGI, Casal y los contratistas de fútbol en general tienen que pagar el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) mientras ese tributo rigió y, a partir de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, el Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE). El organismo sostiene que la deuda del Grupo Casal asciende a US$ 25 millones.

Casal ha pagado el IRAE desde que entró en vigencia, ya que se le informó que ese es el impuesto que deben abonar por sus actividades. Pero entiende que muy diferente es lo sucedido con el IRIC, ya que la administración nunca le comunicó que debía dinero por ese tributo durante los años que estuvo vigente. Desde el año 2002, la DGI investiga a Casal, pero fue recién en 2008 que definió lo que considera que el empresario y su grupo económico adeudan en tributos al Estado. Allegados a Casal indicaron que desde 2002 aportó decenas de millones de dólares y que si en los seis años que la DGI lo inspecciona no se lo dijo, no corresponde que pague dinero por IRIC. "Dice que no hay reglas claras ni seguridad jurídica, que nunca le dijeron que tenía que pagar el IRIC", indicó una persona cercana al contratista. Y agregó que Casal destaca que en 25 años haciendo negocios en diferentes países nunca tuvo problemas impositivos ni legales.

negocian. Tras el embargo a Casal, otros contratistas están en negociaciones con la DGI para lograr un acuerdo y evitar también ser embargados. Se trata de los empresarios Pablo Bentancur, Daniel Fonseca y Juan Figer, confirmaron a El País fuentes de la DGI y personas cercanas a los contratistas.

La base que puso la DGI para las negociaciones es que los empresarios reconozcan que deben pagar los impuestos que le reclama a Casal.

Tras el embargo al empresario, las negociaciones con estos contratistas se aceleraron y también las posibilidades de acuerdo. Los montos son notoriamente menores de los que se reclaman a Casal.

Estos empresarios siguen trabajando sin trabas legales en Uruguay, pero tienen claro que si no acuerdan con la DGI, ese organismo seguirá el mismo camino que con Casal y los embargará.

Casal está sorprendido de ser el único contratista embargado, pero no va a impedir que la carrera de jugadores que representa se trunque, por lo que los asesorará y si es necesario permitirá que otros empresarios los transfieran, dijo un allegado al empresario.

En el ambiente del fútbol se barajó que la DGI presentaría una denuncia penal a Casal por delitos tributarios. Sin embargo, fuentes del organismo dijeron que esa posibilidad no se maneja en el corto plazo.

Pablo Bentancur

Pases a Italia

Tiene una presencia muy importante en el mercado y es el "dos" de los contratistas, tras Casal, en el fútbol local. Transfirió jugadores a Italia, intermedia en el pase, entre otros, de los futbolistas de Nacional, Bruno Fornaroli y Pablo Caballero.

Daniel Fonseca

Ex jugador

Como futbolista jugó en Nacional y varios años en el competitivo fútbol italiano. Tras su retiro comenzó a trabajar como contratista. Colocó en Holanda al delantero Luis Suárez y al arquero Sebastián Viera en el Villareal de España.

Juan Figer

Un grosso en Brasil

Está radicado hace años en Brasil, donde es uno de los contratistas más importantes, representa a integrantes y ex integrantes de la selección de ese país. En Uruguay tiene negocios con Central Español y Rentistas, a los que aporta dinero.

20 de febrero: Casal solicitó a la Justicia que defina si debe o no pagar ciertos tributos. En su demanda, el empresario pidió que mientras ese litigio no se dirime, la DGI no puede entablar ninguna medida cautelar en su contra.

21 de febrero: Autoridades de la DGI consideraron que la demanda presentada por Casal era un artilugio para evitar posibles embargos a sus bienes y adelantaron que se acelerarán los trámites que haya respecto del empresario.

24 de febrero: La Impositiva informó que otros contratistas de fútbol eran investigados por el organismo por presunta evasión de impuestos por las transferencias de jugadores.

26 de febrero: La jueza civil de 4° Turno, Martha Alvez, decidió tramitar la demanda de Casal y la trasladó a la DGI, a la que dio un plazo de 30 días para responderla. Casal señaló que pagó los tributos que corresponde por la venta de futbolistas y que sufre la persecución de la DGI.

3 de abril: A pedido de la Dirección General Impositiva, la Justicia decidió embargar los bienes de Casal y de otros empresarios vinculados al fútbol, además de varias empresas y sociedades anónimas panameñas que se utilizaban para la transferencia de futbolistas. El embargo fue por US$ 25,1 millones.

6 de abril: La empresa Tenfield aseguró que cumplirá su contrato con la AUF. Sin embargo, dijo que ya no pagará charters para la selección nacional. Daniel Gutiérrez, directivo de Tenfield, rechazó dichos del ministro de Deportes, Héctor Lescano, quién restó trascendencia a la incidencia del embargo a Casal en el fútbol local.

6 de abril: La Justicia Civil notificó a Paco Casal del embargo que había en su contra. Ocho días más tarde, el contratista apeló dicha medida.

Podría decirse que el suspenso es lo que existe a nivel de varios clubes de Primera División del fútbol uruguayo acerca de los efectos que puede causarle a las instituciones el embargo genérico dictado por la Justicia, a pedido de la Dirección General Impositiva, contra Francisco Casal.

Danubio, por ejemplo, tiene 4 o 5 cuotas vencidas de las que el Grupo Casal se comprometió a abonarle cuando adquirió en US$ 2 millones las fichas de Ignacio "Nacho" González, Cristian Stuani y Marcel Román.

Aparte de eso, Danubio debe recibir en julio un millón de euros del Schalke 04 alemán por la compra de Carlos Grossmüller. Pero se duda de que el empresario pueda sugerirles a los clubes que adquirieron a los jugadores que no hagan sus pagos para que estos no sean "intervenidos" por la DGI, dijeron fuentes de los clubes locales.

Dirigentes de clubes indicaron a El País que jerarcas de la DGI les informaron que cuando se haga efectivo el pago de los pases, serán considerados como "primeros acreedores"; esto es: de la suma que reciban, podrán retirar el dinero que les corresponde, mientras que el resto -que es para Casal- deben depositarlo en la cuenta abierta a esos efectos en el BROU.

Así, Danubio, por ejemplo, podrá continuar con las obras de su nuevo complejo próximo a la ruta 101, que no se han paralizado hasta ahora. En caso contrario, el club contemplaría la paralización del desarrollo de la citada infraestructura.

Casal le hizo transferir a River Plate a Richard Porta; los darseneros deben cobrar 4 cuotas cuatrimestrales de US$ 150.000 cada una y, según fuentes del club, "han venido cumpliendo hasta ahora". La incógnita es qué pasará con la cuota a percibir en julio, que será la primera en abonarse tras el diferendo entre Casal y la DGI.

River Plate ha tenido últimamente problemas económicos y del club partió un S.O.S. hacia el Grupo Casal para que le adelante parte de la próxima cuota del pase de Porta y la respuesta fue negativa, algo que antes y frente a situaciones similares no había ocurrido nunca.