PABLO DA SILVEIRA

Por fin se conoció el proyecto de Ley de Educación que el gobierno se apresta a enviar al Parlamento. La nueva versión confirma todos los temores: se trata de un texto largo y farragoso que incluye declaraciones programáticas, expresiones de deseo, definiciones con mala técnica y un conjunto de disposiciones que, con la sola excepción del Instituto de Evaluación Educativa, sólo podrán traer parálisis y estancamiento.

Los errores y horrores son tantos que deberán ser analizados de a poco. Pero es bueno empezar por lo más grave. Tal como había sido anunciado, el Proyecto propone introducir el cogobierno en ANEP. Dos de los cinco miembros del Consejo Directivo Central del ente (Codicen) serán elegidos por los docentes. Lo mismo ocurrirá con uno sobre tres miembros de los llamados Consejos Desconcentrados, que pasarían a llamarse "Consejos de Educación" (habría uno para Educación Primaria, otro para Educación Media Básica, otro para Educación Media Superior y otro para la Educación Técnica).

Esta innovación se presenta como un avance en términos de participación, pero en los hechos significa entregar el sistema a las corporaciones. Las decisiones esenciales no estarán en manos de los representantes de la ciudadanía, ni de los padres, ni de los alumnos, sino de quienes han hecho de la enseñanza su medio de vida. Es como si el Ministerio del Interior pasara a ser manejado por los policías.

Varios voceros del oficialismo han sostenido que este temor es infundado porque, tanto en el Codicen como en los otros Consejos, los cargos ocupados por representantes de los docentes serán una minoría. En el caso del Codicen, tres de sus cinco miembros deben ser designados con venia del Senado.

¿Alcanza con esto? Veamos. Es verdad que sólo uno de los tres miembros de cada Consejo subordinado será electo por los docentes. Los otros dos serán electos por el Codicen. Pero, de acuerdo con el artículo 66 del Proyecto, para designar a esos dos miembros de cada Consejo subordinado harán falta los votos de 4 de los 5 integrantes del Codicen. En otras palabras: los dos representantes docentes tendrán derecho de veto sobre los candidatos a ocupar esos cargos. En cada Consejo subordinado habrá solamente un miembro electo por los docentes, pero los otros dos deberán contar con su beneplácito.

Lo mismo ocurre con la destitución de los miembros de los Consejos subordinados, así como de los directivos del nuevo Instituto Universitario de Educación. De acuerdo con el inciso k) del artículo 61, el Codicen tiene la potestad de destituir a esas autoridades. Pero, para hacerlo, hará falta el voto fundado de cuatro de sus cinco miembros. Otra vez, los representantes docentes tendrán la llave de la decisión.

Al Senado le queda, al menos, la potestad de decidir quiénes ocuparán la mayoría de los cargos en el Codicen. Pero el proyecto confirma que, tanto para ocupar esos cargos como para ser miembro de un Consejo subordinado, habrá que haber "actuado en la educación pública por un lapso no menor de diez años". Los candidatos que puede votar el Senado no sólo deben provenir del mundo de la educación (algo similar a exigir que alguien haya sido policía para poder ser Ministro del Interior) sino que deben provenir de la educación pública. La apuesta es a la endogamia y a reducir el margen de decisión de los políticos.