LA PAZ | EL PAÍS DE MADRID, EL MERCURIO / GDA y AGENCIAS

Santa Cruz, la región más rica y desarrollada de Bolivia, donde además se encuentran las estratégicas reservas de gas y petróleo, desafía hoy al Estado con un referéndum sobre su estatuto de autonomía que, de entrar en funcionamiento, podría hacer saltar por los aires el proyecto indigenista que ha pensado para Bolivia el presidente Evo Morales.

La tensión aumenta a medida que se aproxima la hora de la apertura de las urnas. Morales ha declarado ilegal la consulta y ha hecho un llamamiento a la abstención, mientras las últimas encuestas auguran una victoria del sí con un porcentaje en torno al 80% de los votos. Santa Cruz es el principal bastión opositor al mandatario y desde hace días cunden los temores de violencia mientras arrecia la confrontación entre el gobierno central y la prefectura cruceña.

La situación preocupa a toda América del Sur. Brasil, Argentina y Colombia han hecho gestiones para acercar a las partes en conflicto. Entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), también enviaron emisarios, pero sin lograr éxito en su propósito de conciliación. La aspiración autonomista de Santa Cruz no es nueva, según dijo el abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda, uno de los ideólogos del Estatuto cruceño, quien sitúa el origen de este movimiento en la escasa participación que la región tuvo en la fundación de la República de Bolivia: apenas un diez por ciento. Es la tierra de los cambas, tan distintos a los coyas del altiplano.

De hecho, Santa Cruz es una región tropical a solo 400 metros sobre el nivel del mar, lo que contradice el calificativo de "andino" que se aplica genéricamente a Bolivia, cuando en verdad la cordillera de los Andes recorre poco más de un tercio de su territorio.

LA JOYA. Pero hay otros números que también ponen en contexto la situación. Sus cerca de dos millones y medio de habitantes representan casi la cuarta parte de la población boliviana. Ellos están distribuidos a lo largo de 370 mil kilómetros cuadrados, casi lo mismo que Japón y un poco menor que el vecino, Paraguay. En relación al resto del país, su territorio es un tercio que el total boliviano. Es el departamento más grande.

También es el más rico. Su Producto Interno Bruto (PIB) representa aproximadamente -de manera análoga a la superficie- una tercera parte del nacional, con un medio de 1.300 dólares por habitante en el año 2006. La capital departamental, Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad más próspera de Bolivia. Esto quiere decir que en el país más pobre de América del Sur "tan solo" un tercio de su población vive bajo el umbral de la pobreza, y no dos terceras partes, como las cifras oficiales aseguran que ocurre en el resto del país.

El departamento cuenta con importantes recursos minerales, como el yacimiento de hierro del Mutún, una mina gigante situada cerca de la frontera con Brasil y algunos centros de explotación de hidrocarburos. En 2006, el departamento produjo más de dos millones de barriles de petróleo.

Además, Santa Cruz tiene el 65% del total de la superficie cultivada nacional y contribuye con el 72% de la producción agropecuaria del país.

Es claro que la nueva Constitución de corte estatista, socialista e indigenista que propone el presidente Morales requiere de su región más próspera para llegar a buen puerto. Pero ésta tiene otras ideas.

EL PROYECTO AUTONÓMICO. Elaborado por una asamblea compuesta por concejales, diputados y senadores originarios de Santa Cruz, el texto se inspira en el modelo autonómico español y dota a las nuevas autoridades regionales de amplias competencias. Entre otras, una fundamental: la gestión de los recursos económicos propios y la creación de una Hacienda cruceña encargada de negociar con el Gobierno de La Paz el aporte económico que Santa Cruz deberá hacer al resto del país. Dada la gran desproporción existente entre la fuerza económica de Santa Cruz y las demás regiones, el nuevo sistema colocaría en una situación de preeminencia a la autonomía cruceña.

El texto además habla de "nacionalidad", "identidad histórica" y "derecho al autogobierno", términos que le han valido la acusación de separatista desde La Paz. A diferencia del proyecto de Morales, que reconoce la cooficialidad de una treintena de lenguas indígenas, el estatuto de Santa Cruz proclama al castellano como única lengua oficial de la región, aunque se compromete a respetar "las lenguas nativas".

La convocatoria de la consulta ha colocado las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno de Evo Morales en un punto de enfrentamiento inédito. Mientras el mandatario boliviano acusa a los promotores de "oligarcas separatistas", éstos, encabezados por el prefecto Rubén Costas -quien ha empleado términos como "Nueva República" a su proyecto-, acusan a Morales de saltarse el resultado del referéndum vinculante celebrado en julio de 2006, en el que por amplia mayoría (un 73%) los cruceños daban un mandato a la Asamblea Constituyente boliviana, votada ese mismo día, para que en la nueva Constitución se consagrara el sistema autonómico.

La elaboración de la nueva Constitución -finalmente de corte colectivista e indigenista- ha estado plagada de incidentes y enfrentamientos que el pasado diciembre colocaron al país al borde del enfrentamiento civil. De hecho, la nueva Constitución debería haberse sometido hoy a votación también, pero el Tribunal Supremo boliviano anuló la convocatoria.

El escenario de Morales se complica, ya que a Santa Cruz le seguirán otras tres regiones -Pando y Beni el 1° de junio, Tarija el 22 de ese mes- en la votación de sus respectivos referendos de autonomía colocando como hecho consumado un proceso que paraliza su proyecto. Por su parte, las autoridades de Santa Cruz no han atendido a las advertencias del Tribunal Nacional Electoral, quien ha recordado que de acuerdo con las leyes vigentes es el único legitimado para convocar un referéndum de este tipo y han continuado adelante. Esto ha provocado una auténtica guerra publicitaria en la que, mientras desde Santa Cruz se anima a la participación, el Gobierno recuerda por un lado a los ciudadanos que no están obligados ni a votar ni a formar parte de las mesas de votación y a los medios de comunicación que no tienen que respetar la jornada de reflexión.

El mismo presidente viajó el pasado martes hasta la capital cruceña, donde repartió varios miles de dólares en metálico entre los habitantes de una gran barriada convertido en feudo de sus simpatizantes y prometió ocho millones de dólares en ayudas. Centenares de policías han sido enviados a la región para evitar que hoy se produzcan choques, sobre todo en las zonas de preeminencia quechua y aymara como San Julián, Yapacuní y el Torno.

El desplazamiento ha provocado las reticencias de los partidarios del sí, dado que estas fuerzas no vigilarán los colegios electorales porque el Estado no reconoce la legalidad de la consulta. Ante esta situación, las autoridades de Santa Cruz han creado una fuerza policial denominada Guardia Civil, que todavía no porta armas de fuego y cuyos 600 hombres forman el embrión de la nueva policía autonómica. Ellos y la policía municipal serán los encargados de velar por el orden en los locales de votación. La Prefectura dispuso un gasto de 1,6 millones de dólares para el referéndum. Un total de 935.527 personas están habilitadas para votar.

El conflicto se "extranjerizó" y bien puede ser un reflejo de quién es quién hoy en América Latina. El presidente del Senado, Oscar Ortiz, realizó una gira por México y Colombia para pedir ayuda contra "un sistema de corte chavista" (en alusión al presidente venezolano, Hugo Chávez) que, según él, quiere imponer Morales en Bolivia. Ortiz forma parte del partido derechista opositor Podemos. Por su parte, Evo Morales recibió recientemente el apoyo de sus aliados del ALBA: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

FUTURO. En la guerra de nervios que se libra, una importante escaramuza se produjo la semana pasada cuando Santa Cruz decidió desconectarse del sistema informático a través de cual las regiones bolivianas rinden cuentas al Ministerio de Economía. La respuesta del Gobierno central fue automática y congeló los fondos de la región. Varios días después, las autoridades de la región justificaron la desconexión diciendo que era necesaria para llevar a cabo unas "tareas de mantenimiento" y volvieron al redil informático.

Mientras, prosiguen los llamamientos al diálogo entre las dos partes. La OEA ha enviado una misión especial para tratar de sentar a la misma mesa a representantes del Gobierno con líderes autonomistas.

Es que en medio de este tire y afloje, los autonomistas cruceños son conscientes de que nada de lo que se vote puede entrar en funcionamiento si no hay un acuerdo previo con el Gobierno central. En el entorno del presidente boliviano existe un sector moderado que aboga por evitar que la situación quede totalmente fuera de control.

Si el referendo cruceño se celebra sin contratiempos y si, como vaticinan todos los sondeos, triunfa el "Sí" al estatuto de autonomía, queda claro que se abre un nuevo escenario en el que el gobierno y los opositores estarían obligados a negociar para hacer viables sus proyectos.

Aún con un holgado triunfo, Santa Cruz necesita poder aplicar un estatuto que no está validado por el marco constitucional ni refrendado por el Congreso. Y es claro que Evo Morales -que aún ostenta una popularidad del 54%- necesita a Santa Cruz para sacar adelante su Constitución. Las dos partes deberán, necesariamente, dialogar y ceder. Eso, si finalmente triunfa la calma.