PABLO DA SILVEIRA

Parecería que los miembros de la coalición de gobierno se pusieron de acuerdo en una fórmula para ANEP: dos miembros de los cinco que integran el Codicen (es decir, el Consejo Directivo Central del ente) y uno de los tres miembros que integran cada Consejo Desconcentrado serían electos por los docentes.

Esta idea, aunque exótica en el mundo, suena bien en muchos oídos. Si los docentes son los que saben de educación, ¿por qué no dejar que la gobiernen? La respuesta es: por muchas razones. Veamos solamente dos.

Los docentes no son sólo docentes, sino también miembros de una corporación: conforman un grupo de decenas de miles de personas que comparten intereses en materia de salarios, condiciones de trabajo, régimen jubilatorio y muchas cosas más. Por cierto, tener intereses es perfectamente legítimo y organizarse para defenderlos también. Pero no debe olvidarse que las corporaciones tienden a ser insensibles hacia los costos que genera la defensa de sus intereses particulares. Si alguien pone en cuestión que cierta materia se dicte en nuestros liceos, el reflejo corporativo no será preguntarse si esa materia hace aportes relevantes a las nuevas generaciones, sino cuántos docentes quedarían sin empleo. La libertad sindical, los canales de diálogo con las autoridades y el derecho de huelga son instrumentos con los que cuentan los docentes para defender sus intereses corporativos. Si además los colocamos en los organismos de decisión, les estaremos dando un poder excesivo. Presionados desde adentro y desde afuera, esos organismos terminarán por prestar más atención a las necesidades de los docentes que a las de los alumnos.

Una segunda razón es de naturaleza política. En nuestro país como en muchos otros, los dirigentes gremiales suelen ser también cuadros políticos. Aunque normalmente se ponga un manto de silencio, cada partido lleva cómputos detallados de la cantidad de cargos de dirigencia gremial que tiene bajo control. Y debido a una alianza estratégica que lleva décadas, una gran proporción de los cargos de dirigencia sindical están controlados por partidos de izquierda.

Supongamos que en las próximas elecciones gane un partido que hoy está en la oposición. Una de sus tareas será administrar la educación pública, lo que se hace esencialmente desde el Codicen. Pero dos de los cinco miembros de ese órgano estarán en manos de los representantes docentes, que muy probablemente serán cuadros de la izquierda (ahora en la oposición). Es probable además que otro de los cargos sea ocupado por una figura del partido que aporte los votos necesarios para llegar a la mayoría especial requerida en el Senado. Como resultado, el gobierno sólo tendrá control político sobre 2 de los 5 miembros del Codicen. La oposición de izquierda controlará otros dos, cualquiera haya sido el resultado electoral. Y la capacidad de inclinar decisiones estará en manos de un partido que habrá llegado tercero o cuarto en los comicios.

Lo malo no es que la oposición esté representada en el directorio de un ente como ANEP. Lo malo es que el peso político de cada quien no dependa de lo que hayan decidido los ciudadanos. En esas condiciones, las posibilidades de bloqueo son enormes. Y el precio lo pagarán los alumnos.