GUSTAVO TRINIDAD

El fiscal de noveno turno ya pidió tres procesamientos por el caso de las clínicas de abortos entre los que está un médico que tenía salidas transitorias desde el Tacoma. Había sido procesado por un delito de aborto con resultado de muerte.

La jueza Graciela Merialdo explicó en diálogo con El País varios puntos de la investigación que habían sido cuestionados y respaldó totalmente la actuación policial de los efectivos de Orden Público de la Dirección de Investigaciones.

La semana que viene el fiscal podría solicitar otros cuatro procesamientos entre los que estarían algunas mujeres que se efectuaron abortos.

La jueza indicó también que las mujeres estuvieron detenidas dentro de las normas y los plazos que establece la Ley. También resaltó que se desvirtuó la realidad de lo sucedido con algunas declaraciones realizadas por médicos del hospital Pereira Rossell y por denuncias de algunas mujeres que no se ajustan a los hechos.

Con respecto a por qué las mujeres fueron derivadas al hospital Pereira Rossell y no al Instituto Técnico Forense (ITF), que depende del Poder Judicial, la jueza Merialdo explicó que en el ITF no se cuenta con aparatos para realizar ecografías lo que era fundamental para este caso.

"Los exámenes del Pereira fueron fundamentales no sólo para la investigación sino para la salud de algunas mujeres. Así se salvó la vida de una de ellas que tenía restos del feto en el organismo y presentaba un cuadro agudo de infección. Esa mujer estuvo cinco días internada con antibióticos", explicó Merialdo.

Otra de las mujeres detenidas -en este caso una menor de edad- presentó complicaciones similares y aún está internada. Por su parte el médico a cargo de la emergencia ginecológica del Pereira Rossell declaró a El País y a otros medios que había recibido presiones de la Policía para que revelara el resultado de los exámenes practicados y dijo que se amparó en el secreto profesional de la relación médico- paciente.

Francisco Coppola también declaró que tuvo un problema con una policía femenina que acompañaba a una mujer, porque la funcionaria no quería abandonar el recinto donde se iba a practicar el examen.

"Creo que hubo un mal entendido entre la policía y el médico en este punto. Las mujeres estaban detenidas e incomunicadas y por eso la policía femenina que estaba en custodia no quería abandonarlas. Pero cuando se le dijo, la policía se retiró", expresó Merialdo.

La jueza aclaró que las mujeres en calidad de detenidas sí estuvieron incomunicadas, pero todo dentro de los marcos legales. "Creo que se están dando versiones que faltan a la verdad", expresó.

Audiencia. La jueza mantendrá el próximo lunes una audiencia con Coppola, con las mujeres que pasaron por el Pereira Rossell y con personal policial que estaba como custodia de las detenidas.

"También me llama la atención que el médico que salió a declarar a la prensa no se haya comunicado conmigo cuando eso ocurrió hace semanas. Con respecto a las mujeres que supuestamente están denunciando malos tratos también llama la atención porque durante todo el proceso tuvieron abogados y las veces que estuvieron en el juzgado nunca denunciaron nada", apuntó Merialdo.

Fuentes de la investigación dijeron a El País que el caso se originó hace unos meses cuando se comenzó a realizar un seguimiento de un médico procesado por "aborto con resultado de muerte", que tenía salidas transitorias del establecimiento Tacoma.

Sobre este médico procesado se tenía información acerca de que seguía vinculado a la práctica de abortos clandestinos. El seguimiento que se realizó de este hombre permitió a los policías establecer su vinculación con otros médicos que trabajan en estas maniobras abortivas.

Así también se comprobó la vinculación de parteras y se llegó a los allanamientos de tres locales, en dos de los cuales se interrumpían embarazos. Además de los profesionales médicos también fueron indagadas 13 mujeres, algunas de las cuales se habían practicado abortos en dichas clínicas.

Allanamientos. Los policías de Orden Público efectuaron dos allanamientos la semana pasada en clínicas de la Unión y el Centro y en un local del Parque Rodó. En esos procedimientos se incautó material médico y dos profesionales fueron detenidos.

En el lugar también fueron halladas agendas con nombres y teléfonos que fueron investigados. El miércoles pasado 11 personas, entre ellas tres médicos, fueron al juzgado de la calle Misiones donde permanecieron cinco horas y quedaron emplazados por la jueza Merialdo. Ahora el fiscal podría solicitar cuatro procesamientos a raíz de esa audiencia judicial.

Paralelamente, el próximo lunes, el fiscal de Policía Héctor Di Giacomo comenzará la indagatoria con algunos involucrados en una investigación interna del Ministerio del Interior.

"Hoy abrimos un expediente, nombramos un abogado y pedimos a las autoridades los nombres de algunos involucrados para empezar a tomar declaraciones el lunes mismo", dijo Di Giacomo a El País.

Ese mismo día Amnistía Internacional mantendrá una reunión con la ministra del Interior Daisy Tourné, para asesorarse sobre cómo ha sido la marcha del procedimiento.

Tourné recibirá el fin de semana un informe de la actuación policial. De todas maneras apuntó que si la Policía recibe la orden del Poder Judicial tiene que cumplirla, sino se configuraría un desacato. Sin embargo para Merialdo hay un manejo político que tiene que ver con el tratamiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. "Pero yo no trabajo con supuestos sino con las leyes que están vigentes", aclaró.

Costos y penas de un delito en la polémica

COSTO Un aborto en una clínica puede salir entre US$ 400 y US$ 700 y en lugares más precarios y riesgosos se puede realizar por US$ 300.

PENAS El Código Penal establece de 3 a 9 meses de prisión para la mujer que se realice un aborto y con 6 a 25 meses para quien se la haya intervenido.

CANTIDAD Según estimaciones que contiene el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que impulsa la mayoría de los senadores del gobierno, por año son 30.000 los abortos realizados en Uruguay.

SECRETO Los médicos se amparan en el secreto profesional que rige la relación médico-paciente y en la ordenanza 369 del MSP de 2004, por la cual se debe atender y asesorar a las mujeres antes y después de que se realizan un aborto, manteniendo la confidencialidad de la consulta.

CONSULTAS Aproximadamente 50 mujeres consultan semanalmente en el servicio de asesoramiento contra el aborto provocado en condiciones de riesgo del Hospital Pereira Rossell. Un 25% de esas mujeres no vuelve a consultar y de las que regresan, el 85% interrumpió el embarazo.

FIRMAS El año pasado 9.000 personas firmaron una carta en la que declaraban haber tenido alguna relación con una maniobra abortiva. Entre ellas estaba la ministra Tourné. Ninguna fue investigada por la justicia.