La Policía allanó dos clínicas clandestinas de abortos. Hubo 11 detenidos, entre ellos varios médicos, que quedaron emplazados. Un médico cuestiona el procedimiento ya que sostiene que se le quiso obligar a quebrar el secreto profesional.

Durante al menos tres semanas los investigadores del Departamento de Orden Público de la Jefatura de Policía trabajaron en la detección de dos clínicas clandestinas.

El primer dato que llegó a oídos de los policías fue sobre una clínica de abortos en la zona de La Unión. Las discretas averiguaciones también los llevaron a otra clínica ubicada en el Centro.

Ambas eran atendidas por la misma organización. Luego de una discreta vigilancia y, con orden de allanamiento, ingresaron a las mismas.

Así se requisó instrumental médico y se detuvo a varias personas, entre profesionales y mujeres que se proponían interrumpir sus embarazos.

En otros allanamiento se detuvo a varios médicos. En la clínica también se hallaron agendas con teléfonos y nombres de mujeres que habían pasado por ella hacía pocos días. En total fueron 11 las personas que el miércoles fueron conducidas al despacho de la jueza penal Gabriela Merialdo.

Luego de la audiencia todos quedaron emplazados. La Justicia espera ahora los resultados de varias pericias técnicas y nuevas indagatorias.

Hasta aquí el estado de las investigaciones. Sin embargo, el caso reveló aristas más complejas a partir de los cuestionamientos que lanzó el médico a cargo de la emergencia ginecológica del Hospital Pereira Rossell, al que fueron conducidas algunas de las indagadas para que se le realizaran estudios. Las críticas, empero, son rechazadas desde la Dirección de Investigaciones que sostiene que el procedimiento fue dispuesto por la magistrada.

Confidencialidad. El médico ginecólogo Francisco Coppola cuestionó el procedimiento policial durante la investigación sobre maniobras abortivas. Coppola, jefe de la emergencia del servicio ginecológico del Pereira Rossell y también catedrático de la Facultad de Medicina, fue el profesional que recibió a una de las mujeres conducidas por la Policía, que buscaba determinar si la misma había sido objeto de un aborto quirúrgico.

"La función nuestra es velar por la salud de la gente, no determinar si hubo o no hubo un delito, tenemos un manual de procedimientos que es muy claro y definido en cuanto a preservar la consulta médica", dijo Coppola a El País.

"Si los médicos hicieran denuncias penales la gente no iría más a las consultas", argumentó el médico.

Coppola señaló que tuvo problemas desde el primer momento en que se presentó una agente policial junto a la paciente que traía para estudio. En principio, porque la funcionaria no quería abandonar el recinto mientras el médico examinaba a la paciente. "La funcionaria me dijo que actuaba bajo orden judicial, le pedí la orden judicial, no me la dio, le pregunté quién era el juez, no me lo dijo", recordó Coppola.

El médico agregó que, finalmente, logró conversar a solas con la paciente que accedió a ser examinada. "Me enteré entonces que esta paciente estaba incomunicada desde hacía varias horas, yo le expliqué sus derechos", señaló.

El profesional aseguró que, según le consta, varias de las pacientes que fueron conducidas presentarán reclamaciones ante la Justicia por el proceder policial.

Coppola dijo, asimismo, que se propone llevar el tema al ámbito académico. "Tenemos un convenio vigente entre el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina y el Sindicato Médico que es muy claro en esta materia", indicó.

De momento la investigación sigue su curso. Los investigadores de Orden Público esperan que la jueza Merialdo disponga nuevas diligencias.

Cómo lo sanciona el Código

El artículo 325 del Código Penal establece para el "aborto con consentimiento de la mujer": "La mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión, de tres a nueve meses". Para quien colabore en la práctica de un aborto con consentimiento, "con actos de participación principal o secundaria será castigado con seis a veinticinco meses de prisión", según establece el artículo 325 bis.

Otros dos casos que generaron polémica

El año pasado también dos investigaciones sobre maniobras abortivas generaron polémica con respecto a los límites profesionales y la actuación policial que se rige por normas todavía vigentes.

Uno de ellos comenzó en Soca, donde una joven de 20 años concurrió a una policlínica con fiebre y hemorragia luego de haberse practicado un aborto. El médico le dio pase al Pereira Rossell y comunicó el caso a la seccional local que a su vez dio cuenta a la guardia del hospital. Cuando el policía corroboró que el aborto había sido hecho en Montevideo, el funcionario lo comunicó a los policías de Orden Público que enteraron a su vez al juez Luis Charles. La ministra Daisy Tourné, a favor de la despenalización del aborto, sostuvo que la denuncia no había salido de la Policía y se cuestionó la actitud del médico que primeramente había atendido a la joven. Ésta finalmente fue procesada sin prisión, como por regla ocurre ya que los jueces no procesan con prisión a las mujeres en estos casos. El otro caso fue en Rivera. Un comisario y dos agentes estuvieron acusados de haber ido a la casa de mujeres a verificar si estaban embarazadas o no. El caso fue investigado por el Fiscal de Policía Héctor Di Giacomo y no se comprobó que los policías hubieran revisado a las mujeres como se había denunciado.