EDUARDO DELGADO

La jueza civil Martha Alves desestimó la pretensión de Francisco Casal de que la Justicia defina su deuda con la DGI. La decisión será apelada por el empresario del deporte, quien está embargado por el organismo recaudador.

"Este petitorio es improponible y colide claramente con las disposiciones constitucionales", sostuvo la jueza Alves al desestimar la demanda de Casal contra la DGI.

El 18 de febrero, Leonardo Costa y Óscar Brum, abogados de Casal en esta instancia, presentaron una demanda en la que indicaron que desde hace seis años la DGI investiga al empresario sin determinar la deuda que tiene con el Estado.

Por ello solicitaron que la Justicia defina lo que corresponde pagar a Casal por su actividad como contratista de futbolistas y que en tanto disponga la medida de no innovar, que impida a la DGI embargar al empresario. La jueza dio ingreso a la demanda y le dio traslado a la DGI para que la responda, pero rechazó la medida de no innovar pedida por Casal. Tras la contestación de la DGI, para la cual el Poder Judicial es incompetente en decidir sobre el planteo de Casal, Alves tomó la decisión de desestimar el planteo del contratista.

"Obsérvese que en buen romance, lo que la (parte) actora (Casal) pretende con el nombre de acción declarativa, y bajo el petitorio de que `...se declare cuál es el derecho aplicable a la relación jurídica de autos...`, es en definitiva, que un órgano del Poder Judicial le determine que tributos debe abonar por la actividad que desarrolla", indicó la magistrada, para quien eso violaría el principio de separación de poderes, "base de nuestro Estado de Derecho".

Alves dijo que "no puede seriamente sostenerse que un órgano del Poder Judicial se irrogue una potestad que no le pertenece de acuerdo a la Constitución y la Ley", añadió en la resolución. Para Alves, si Casal y sus empresas entienden que la DGI "pretende el cobro de tributos que no corresponden de acuerdo a la ley que regula sus actividades; una vez dictado el acto de determinación", pueden recurrirlo administrativamente y "de persistir la administración en su postura, el derecho les otorga la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo".

Inteligente defensa. Alves aclaró en su fallo que "la única razón por la cual no se desestimó in límine la demanda por ser manifiestamente improponible, se debió a la hábil e inteligente defensa de las (partes) actoras, que pusieron de manifiesto" la omisión del legislador en el Código Tributario de establecer un plazo razonable a la DGI para realizar las tareas previas, tendientes a la determinación de los tributos. Sin embargo, señaló que "no escapará a la ilustre defensa de las promotoras, que en su caso, la Administración Tributaria durante seis años vino llevando a cabo inspecciones y solicitando documentación sin trabar embargo cautelar, lo que hizo sólo una vez que se promoviera el presente proceso". La jueza observó que "tal proceder no es el habitual para la gran mayoría de los contribuyentes, que desde el comienzo de las actividades tendientes a determinar el tributo, se ven sometidos a solicitud de la DGI a embargos cautelares o intervención de sus empresas", añadió.

Apelación. Brum adelantó que la resolución de Alves será apelada "porque es una decisión a destiempo y prematura".

"Apelaremos por una cuestión de forma y no de fondo. La jueza tenía la posibilidad de aclarar si era competente en su momento como lo dice el Código, si consideraba que era manifiestamente improponible lo tuvo que desechar tras ser presentado", dijo. "Pero dio traslado a la demanda por 30 días, la DGI la contestó y opuso excepciones que contestamos. Este no es el momento procesal oportuno para considerar que el tema le es ajeno", concluyó Brum. La apelación será ante el tribunal civil de 5o. Turno, que recientemente desestimó el pedido de clausura de Tienda Inglesa presentado por la DGI.

Embargo sin notificar

A un mes y dos días de que el Grupo Casal fue embargado, aún no fue notificado por la Justicia de esa medida, informó Óscar Brum, uno de los abogados del empresario.

"No hemos tenido posibilidad de contestarlo porque no hemos sido notificados. La DGI presentó otro tipo de medidas complementarias y eso ha dificultado la notificación; al menos eso nos han dicho en el juzgado, expresó Brum. "Estamos en ascuas y seguimos embargados", añadió.

Brum dijo que "también tenemos el frente de la sede administrativa", donde recurrirán las medidas de la DGI y luego irán al TCA.

"En el juzgado y en el expediente administrativo vamos a marcar nulidades y vicios importantes de procedimiento. Esa será nuestra defensa y para eso necesitamos ser notificados", declaró.

El País