DANIEL ISGLEAS

Representantes de siete iglesias plantearon alternativas a la ley sobre salud sexual y reproductiva y anunciaron su apoyo al presidente Tabaré Vázquez en su propósito de vetar una iniciativa en caso de que sea aprobada en el Parlamento.

La reducción hasta "lo mínimo" de la penalización de la mujer que consiente en abortar y, a cambio, la aplicación de una penalización "especialmente agravada" a quienes colaboren directa o indirectamente con el aborto, o con la venta de productos abortivos, forman parte de esta serie de ideas alternativas que los prelados reseñan en una carta dirigida al presidente Vázquez, y a la cual tuvo acceso El País.

Cuando asumió la Presidencia, Vázquez se reunió con el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, y le transmitió su compromiso a oponerse a cualquier iniciativa destinada a no penalizar las prácticas abortivas.

Ahora, el obispo de la Diócesis Anglicana del Uruguay, Miguel Tamayo, monseñor Pablo Galimberti por la Iglesia Católica, el arzobispo Hagob Kelendjian por la Iglesia Apostólica Armenia, Luis Andrés Noya por la Iglesia Bautista, el representante de la Iglesia griega Ortodoxa Stavros Kufudakis, la pastora Beatriz Barrios por la Iglesia Menonita, y el obispo Samuel Flores, de la Iglesia Pentecostal Naciente, sumaron esfuerzos y plantean formalmente al presidente su respaldo para que siga en esa línea.

Pero, además, en su nota hacen una serie de sugerencias relativas a la inserción en la sociedad mediante la adopción de los niños.

Por ejemplo, piden agilizar la reglamentación de adopción de niños recién nacidos.

Aprovecharon la ocasión para advertirle al presidente que el Estado "tiene el deber de tutelar el derecho del niño a recibir una sana educación en un ambiente que le garantice las necesarias condiciones de formación afectiva, sicológica y moral, por encima de las exigencias e intereses de quienes soliciten realizar la adopción".

A DISTANCIA. Asimismo, plantearon al presidente en la nota la promoción de la "adopción a distancia" con intervención económica del Estado. Del mismo modo, señalan que este sistema coordinado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) permite evitar el desarraigo del niño de su familia natural, proporcionando a sus padres el apoyo económico necesario para superar dificultades.

Los representantes de las iglesias plantean crear y potenciar centros de sostén de la mujer embarazada, donde equipos integrados por profesionales de diferentes especializaciones, como médicos, sicólogos o asistentes sociales ayudados por personas pertenecientes a Organizaciones No Gubernamentales solidarias brinden a la madre la ayuda necesaria para llevar a feliz término el embarazo.

En el caso de su pedido de más severas penalizaciones pa-ra quienes colaboren con las prácticas abortivas, la carta de los representantes de las iglesias explica esta demanda en "la gravedad" de este acto hacia el niño por nacer y también por el "daño" que se le provoca a la mujer moral y físicamente dada su condición de vulnerabilidad sicológica y social.

VETO. Los representantes manifestaron a Vázquez en la nota su "pleno apoyo" por sus intenciones de vetar una eventual ley sobre salud sexual y reproductiva. "No sólo resultaría inconstitucional, sino que en caso de ser aprobada será contradictoria con el irrenunciable principio ético de defensa de la vida", sostienen.

Los firmantes de la nota precisan que se suman a quienes se preocupan por la condición de la mujer embarazada. Sin embargo, consideran que la polémica sobre la legalización del aborto encierra una "falsa contraposición entre el bien de la madre y el bien del niño por nacer".

Agregan que "el bien de una y el del otro no se excluyen, sino más bien son esenciales el uno para el otro". Afirman que no se puede tutelar el verdadero bien de la mujer sin tutelar el de su hijo, y viceversa.

En la nota, los representantes de las siete iglesias plantean al presidente Vázquez reducir la penalización de la mujer que consiente en practicarse el aborto "ya que ella carece de la condición fundamental del libre albedrío", considerando que resulta sometida a "fuertes presiones sicológicas, económicas, sociales, familiares y culturales".

En la bancada se define el lunes 5

La bancada del Frente Amplio muestra una clara división en torno a este tema. En la bancada de diputados del MPP hay dudas acerca de la "oportunidad política" de impulsar la ley de salud sexual y reproductiva, que despenaliza el aborto. El tema, que nunca queda fuera de la agenda del oficialismo, será dirimido en una reunión el lunes 5.

La ley de salud sexual fue votada el año pasado en el Senado y ahora el tema está en Diputados, donde hay dudas por el anunciado veto del presidente Tabaré Váz-quez. Hace algunas semanas, la bancada de diputados del Frente trató una propuesta del diputado de Asamblea Uruguay, Luis Gallo, que pasaba por re- trasar a marzo de 2010 la entrada en vigencia de los artículos sobre el aborto, cuando Vázquez ya no sea presidente.

La propuesta tuvo buena acogida en algunos sectores, pero el apoyo no fue unánime y ahora parece haberse enfriado. Hay dudas en el MPP: el diputado Álvaro Vega dijo a El País que el sector evaluará si esta es la "oportunidad política" pa-ra aprobar la ley.

El País