Un nuevo consenso

Sebastián Da Silva

Con el acceso del Frente al poder, algunos temas se van despejando en el Uruguay. Aquellos cucos que inventaron relativo a la inversión privada en actividades estatales, la defensa acérrima de los reclamos corporativos del funcionariado público y la apertura comercial, esperamos que hayan quedado en el olvido dado la insistencia de este gobierno en seguir la lógica línea trazada básicamente desde la época del gobierno del Partido Nacional.

Aunque lamentemos la pérdida de tiempo en intentar modernizarnos en telecomunicaciones, puertos, infraestructura vial y ferroviaria, nadie en su sano juicio podrá volver a tolerar aquello de los piratas y la joyas de la abuela cuando en su primer experiencia en la presidencia, la izquierda ha dado un vuelco tragicómico defendiendo a capa y espada las demonizadas asociaciones de públicos con privados de otrora.

Por tanto es de celebrar que no se discuta más sobre temas obvios y la dirigencia política toda pueda poner sus energías en otros temas de igual relevancia para el acontecer diario de los uruguayos y que hacen a la esencia misma del sentir nacional como lo es la integración social, la marginación y la pobreza endémica que está lejos de resolverse.

Sin entrar en críticas facilongas, es claro que el plan de emergencia, plan de equidad o el nombre que se le quiera poner no modificó sustancialmente las cosas.

Aquel Uruguay horizontal sigue siendo cada vez más vertical, y aunque les duela a los que toda la vida se jactaron de ser los defensores monopólicos de la igualdad, es obvio que con la prosperidad económica de estos últimos años al igual que con la crisis, la brecha entre ricos y pobres en nuestro país aumentó. Los uruguayos más preparados, más informados, mejor asistidos y mejor financiados aprovecharon la bonanza para incrementar geométricamente sus ventajas o privilegios frente a sus compatriotas más humildes. Estos últimos, víctimas directas de la debacle del 2002, no lograron aprovechar la coyuntura internacional, y siguen excluidos por más que hayan comprado un dvd o un celular con camarita.

La pobreza infantil sigue estando presente en uno de cada dos nacimientos, la deserción en los liceos no se modificó, y los trabajos nuevos a los que nuestros compatriotas más humildes pueden acceder no solucionan sus necesidades debido al salto inflacionario de una economía recalentada.

Por tanto, es obligación de todos los partidos políticos encontrar, en este tema, también un nuevo consenso.

Hoy recae toda la obligación en la clase media, estigmatizada como platudos a familias con ingresos de $20.000, mientras se percibe que este esfuerzo cae en saco roto. Mientras se baten los récords de recaudación, la gente pidiendo en la calle aumenta en paralelo, la exclusión en los jóvenes provoca escapismos con pasta base y delincuencia y la sociedad se va dividiendo en quienes dan y quienes esperan recibir algo del Estado sin modificar su situación de desamparo.

Debemos encarar esta realidad con amplitud, ni midiendo el gasto social como receta mágica ni criticando un lógico esfuerzo solidario.

Cambiar de mentalidad, salir de las estructuras corporativas, ceder en alguna cosa, no proponer verdades reveladas, medir el largo plazo y no la renta política inmediata y entender que no existe uruguayo que no viva o sufra en una sociedad tan injusta y desestructurada como la que tenemos.