DIEGO FERREIRA

Los representantes legales del empresario Juan José Vanni recibieron las llaves de la imprenta. Algunas horas antes, entre insultos, huevazos y cánticos de protesta, todos los ocupantes habían desocupado la planta.

Pocos minutos habían pasado de la hora 19 de ayer, cuando los abogados de Vanni, los doctores Guzmán Acosta y Lara y Sara Colman, estamparon el acta en la que el Ministerio del Interior hacía entrega de la fábrica a su dueño, luego de 30 meses de ocupación de los trabajadores.

Habían pasado varias horas durante las cuales las versiones ponían de un momento a otro las llaves de la planta en distintas manos.

Como parte de las peripecias, hasta la falta de luz en la imprenta (desde hace cuatro días), acentuó el misterio. Mientras, los abogados del empresario, los representantes del BROU y una delegación del Ministerio de Trabajo, así como delegados del Poder Judicial, debatían en penumbras sobre la tutela de la planta.

Para entonces, los trabajadores ya habían dejado el lugar casi desierto, con excepción de unos pocos policías.

La escena contrastaba con lo que se había visto a plena luz del día. En los alrededores de la imprenta, decenas de personas aguardaban -para la hora 15- la llegada de los patrulleros de la Policía para hacer cumplir con la orden de desocupación de la empresa, la cual había sido notificada 24 horas antes.

Detrás del portón de rejas, el dirigente sindical Juan Carlos Venturini, deambulaba por el predio de Vanni, hablando por celular, alejado de las otras siete personas -jóvenes en su mayoría- que sostenían la ocupación. Los otros trabajadores de la planta que se turnaban para mantener el "sitio" habían sido desalojados por una orden judicial entregada por la Policía, sobre la hora 13.

Según esa resolución, sólo podían permanecer dentro del predio las ocho personas que se encontraban en la planta en la madrugada del lunes, cuando otros cuatro ex trabajadores (ex miembros de la Cooperativa de Producción Gráfica, Copograf) irrumpieron en las instalaciones de la imprenta.

Bajo el Sol y pese al calor, los desalojados se quedaron en la entrada a la imprenta, compartiendo su agua con sus compañeros al otro lado del portón. Entre el murmullo, podía escucharse a algunos trabajadores que se quejaron porque nadie del Pit-Cnt se había hecho presente en el lugar. La cara más reconocida era la de la líder del movimiento "Plenaria, Memoria y Justicia", Irma Leites.

A medida que se acercaba la hora límite, fueron llegando algunos curiosos, familiares de los ocupantes y representantes del Sindicato de Artes Gráficas (SAG), que abordo de dos camiones arribaron al lugar, entre bocinazos y los tradicionales cánticos de protesta. Luego colgaron una bandera roja con sus siglas pintadas en el portón verde de la imprenta.

Cuando faltaban 15 minutos para que se venciera el plazo para la desocupación, Venturini confirmó a El País que la asamblea de trabajadores había presentado al mediodía -a través de su abogada, Magela Larrea- un recurso de amparo para detener la desocupación, ante el juez Pablo Eguren.

Al filo del vencimiento del plazo, comenzaron a desfilar distintos actores de las partes involucradas. Primero, arribó la doctora Colman junto a otros asesores; minutos después lo hicieron una escribana del Pit-Cnt y una delegación del BROU. Con cada arribo, se incrementaba la incertidumbre y se multiplicaban las preguntas: "¿Ese quién es? ¿Qué hace acá?"

Cuando el reloj dio las tres de la tarde, la decisión del magistrado Eguren no había llegado, pero tampoco las autoridades no se habían hecho presentes para efectuar la desocupación.

tensión. La llegada de dos autos de la Policía a la hora 16.20 a la imprenta, confirmó que Eguren había desestimado el recurso de amparo. Los trabajadores que estaban agrupados frente a los accesos a la planta, abrieron paso a la Policía, mientras de fondo resonaban los cantos de protesta.

Pocos minutos después, el portón se abrió para que todos los trabajadores ingresaran al predio de la imprenta. La mayoría ingresó, pero otros se quedaron fuera esperando la salida de aquellos cuatro que protagonizaron la "contra-ocupación".

La tensión fue en aumento sobre las cinco de la tarde: cuando el portón de chapa se descorrió, los cuatro obreros fueron insultados: "¡Hijos de puta!", "traidores", "carneros" y "amarillos", vociferaron sus ex compañeros. Los que estaban dentro del predio también los insultaron pero eran contenidos por los agentes.

El auto de la Policía se dirigió hacia el portón, mientras los trabajadores corrían a su encuentro. Cuando el patrullero atravesó el umbral, algunos obreros se abalanzaron sobre el vehículo, lanzando golpes, sacudiéndolo con vehemencia. Otros vertieron agua sobre el techo, mientras los huevazos partían de la muchedumbre enfurecida. El auto fugó raudamente por Camino de Las Tropas, levantando tras de sí una estela de polvo, en la que se perdió. Los obreros festejaron -con cantos y blandiendo una bandera de Copograf- que, mientras recogían sus pertenencias (un par de colchones, mantas, utensilios de cocina, y un pequeño televisor), la planta volvía a ser, por unas horas, exclusivamente "suya".

La disputa por las llaves

El grupo de trabajadores de Vanni presenta un recurso de amparo para frenar la desocupación. El juez Pablo Eguren recibe la presentación de los obreros a través de su abogada, pero desestima el pedido. Representantes del BROU reclamaron que la planta quedase en custodia del banco, en base a la decisión de un juzgado civil.

Sin embargo, la medida fue suspendida por el alguacil y auxiliar del juzgado, nombra a los abogados de Vanni como custodios, ante los representantes del BROU.

Los abogados de Vanni sustentan la legalidad de su custodia en el derecho a la propiedad: la planta no estaba desocupada, tras la salida de los trabajadores porque los representantes de Vanni estaban en el lugar para tomar posesión de la firma.

Los abogados de la firma negaron que el nuevo escenario sea una "ocupación".