PABLO DA SILVEIRA

El nuevo proyecto de Ley de Educación propuesto por el MEC contiene una noticia buena y otra muy mala. La noticia buena es la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La muy mala es la introducción del cogobierno en ANEP.

La propuesta de crear un órgano encargado de evaluar calidad es positiva. Los uruguayos ya no podemos ignorar que tenemos un serio problema en este terreno: nuestros alumnos están aprendiendo menos de lo que aprenden los alumnos de los países razonablemente exitosos, y aún están aprendiendo menos de lo que establecen nuestros propios planes de estudio. La idea de crear un órgano de monitoreo es necesaria y pertinente.

También es correcto colocar a ese órgano evaluador fuera de la órbita de ANEP. Aunque los uruguayos a veces lo olvidamos, una rendición de cuentas sana requiere que la evaluación de resultados no esté en manos de los mismos que brindan el servicio. Separar ambas cosas es bueno, y también es bueno que se piense en dotar al órgano de autonomía técnica y presupuestal. Es razonable, asimismo, que el órgano se proponga evaluar tanto a las instituciones públicas como a las privadas. El deber del Estado es asegurar que todos los alumnos aprendan, independientemente del tipo de institución al que asisten. Para eso es necesario generar información sobre lo que ocurre en todos los ámbitos de la enseñanza. No hay ninguna razón para que algunas instituciones sean más monitoreadas que otras. Todas brindan un servicio de interés público.

Como el diablo está en los detalles, será crucial ver el modo en que se aplican estas ideas. Un buen diseño institucional permitirá edificar una entidad respetada y confiable, que genere información útil para todos los involucrados en la vida educativa. Un diseño inadecuado podría quitarle toda relevancia o, peor aún, convertirla en un instrumento para hostilizar a la enseñanza privada o para cumplir otros fines inaceptables. Pero la iniciativa en sí debe ser bienvenida. Si algo se le puede criticar es, más bien, quedarse corta: una unidad reguladora hubiera sido mejor que un instituto de evaluación. Pero un buen instituto de evaluación es algo mucho mejor que lo que tenemos.

La mala noticia que trae el proyecto es la insistencia en introducir el cogobierno en ANEP. Si la ley fuera aprobada, dos miembros del Codicen y un miembro de cada Consejo Desconcentrado serían elegidos por los docentes.

La insistencia del gobierno en esta propuesta parece estar fundada en la ideología más que en el buen sentido. Como muchos admiten en voz baja, el cogobierno en la Universidad de la República está lejos de ser una experiencia exitosa: no asegura una participación real, politiza todo y bloquea la gestión cotidiana. Lo que deberíamos hacer es revisarlo, en lugar de extenderlo acríticamente.

En el caso de ANEP, hay un riesgo añadido. A diferencia de lo que ocurre en la universidad estatal, los beneficiarios del servicio (es decir, los alumnos y los padres) no estarían representados en los Consejos. Sólo tendrían voz los docentes. De esto sólo puede esperarse una profundización del corporativismo que ya campea.

Los riesgos de corporativismo, politización y parálisis que supone el cogobierno son tan graves que neutralizan las virtudes del proyecto.

Si hay que elegir entre apoyarlo y no apoyarlo en bloque, la respuesta sólo puede ser negativa.