Vecinos de más de 30 barrios de Montevideo se sumaron a la campaña de recolección de firmas para suspender los aumentos de la Contribución Inmobiliaria que impulsa el diputado nacionalista Javier García. Los vecinos pretenden hacer uso del Derecho de Petición que ampara el artículo 30 de la Constitución de la República y solicitarle al intendente Ricardo Ehrlich que se disponga la inmediata suspensión del decreto que fijó los nuevos valores cuando de su aplicación se desprendan aumentos.
"Son unos ladrones, porque no hay otra forma de explicar el aumento de mi Contribución", dijo Luis Antola a El País. Jubilado, Antola vive junto a su mujer en una casa Maroñas por la que pagaba $ 635 de Contribución y pasó a pagar $ 10.400. "No puede valer eso, es un chalecito en una zona roja", agregó.
Para Angélica Gabito el aumento del impuesto "no tiene nombre, es un disparate". Gabito vive en la calle Llupes del barrio Belvedere y desde este año pagará $ 51.383 por Contribución Inmobiliaria, algo que hasta ahora le significaba un costo de $ 1.200 anuales. "La Intendencia está muy mal, quiere sacar dinero del pueblo para pagar las deudas que dejó (Mariano) Arana, para tapar sus agujeros", sostuvo.
Por su parte, Daisy Ricca vive en el barrio Colón, en la calle Vicuña. Hasta el año pasado pagaba $ 508 por Contribución Inmobiliaria; ahora deberá pagar $ 28.706. "No lo pagué, no puedo y no lo voy a pagar, estoy haciendo trámites para que la Intendencia solucione esto", dijo a El País. Ricca, que vive junto a su hija en una casa que calificó de "sencilla", dijo que además no entiende a qué se debe este aumento que es mucho mayor al que deben afrontar sus vecinos. "Mis vecinos pagaban lo mismo que yo y ahora pagan alrededor de $ 100 más. No entiendo por qué a mí me subieron tanto", afirma indignada.
El primer caso que se hizo público fue el de Martha Aguirre, quien vive en Blanes y Rodó y sufrió un aumento de 1.270%.
El director de Recursos Financieros de la IMM, Enrique Cabrera, dijo el martes a El País que un inspector iba a concurrir a esta propiedad para saber si la tasación se ajusta a la realidad, pero hasta ayer no había concurrido. "No vino nadie de la IMM todavía, voy a hacer un piquete", dijo indignada a El País.
Además, Aguirre contó que desde que El País publicó su caso ha recibido numerosas llamadas, algunas para solidarizarse con su situación y preguntarle cómo hay que proceder para reclamar, y otras para burlarse. "Me llamó un señor que me preguntó cuánto me pagaban a mí por hacer todo esto; yo no cobro nada, reclamo porque está mal y no puedo pagar lo que quieren que pague", explicó. Entre otras llamadas recibió la de un hombre que le dijo que dejara de quejarse y le indicó que gracias al cambio él pagaba $ 7.000 menos. "Yo tengo captor, así que llamé al número y era de San José. Sólo quería burlarse", contó.
Aguirre -que vive con su hermana, su hijo y su cuñada- continúa juntando firmas para el Derecho de Petición que impulsa García y además planea asistir a la Junta Departamental cuando se concrete la interpelación a Ehrlich propuesta por el edil nacionalista Fernando Ripoll. La comparecencia del intendente fue votada el pasado jueves por los 11 ediles de la oposición y se estima que se concretará en los próximos días. "Esperamos que el oficialismo recapacite sobre esta situación", dijo Ripoll a El País.
A estas medidas se suman los recursos de inconstitucionalidad patrocinados por el Foro Batllista y el estudio de abogados Ferrere.