El Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), desautorizó los comentarios del presidente de Antel, Edgardo Carvalho, a El País, aseguró el presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina y confirmaron fuentes de esa repartición.

Ayer Carvalho manifestó, en entrevista concedida a El País la necesidad de buscar nuevas formas de flexibilización en el manejo de los recursos humanos, a través de la privatización del "régimen laboral", para lograr que la estatal pueda competir de igual a igual.

La mesa ejecutiva de Sutel rechazó las palabras del presidente del ente, al tiempo que se manifestó "absolutamente en contra de cualquier intento" de privatización.

"Rechazamos cualquier intención que socave o intente tirar por tierra los derechos laborales conquistados por los trabajadores. Cualquiera sea y de donde venga", amenazó Molina.

Uno de los temas que actualmente está en negociación, y donde hay posiciones encontradas entre sindicato y directorio, versa sobre los trabajadores del Call Center, donde el gremio exige que sean contratados directamente por Antel.

Al día de hoy estos trabajadores forman parte de Accesa, una empresa de derecho privado, propiedad de Antel y de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En este sentido Carvalho ve con buenos ojos este régimen de derecho privado bajo la órbita del ente, más aun en el caso de los trabajadores del Call Center. "Es un trabajo típico para estudiantes, con cuatro horas de trabajo. En el Call Center trabaja un joven que estudia, una ama de casa".

Por tal motivo entiende que no es un trabajo que se ajuste al régimen de funcionario público, según explicó a El País en la entrevista concedida. Al mismo tiempo afirmó que régimen de empresas de derecho privado en la órbita de empresas públicas en una práctica exitosa en otros entes, entre los que puso como ejemplo a Ancap.

"Lo hace Ancap con Ducsa, con Cava y con Alur. ¿Por qué no lo podemos hacer también nosotros? Si Accesa no puede funcionar, ¿podrán seguir funcionando entonces estas empresas de Ancap?

¿No será esto la primera gota de un derrame que luego tenga como consecuencia a la distribuidora de combustibles de Ancap, a los trabajadores de azúcar de Bella Unión y los trabajadores de alcoholes del Estado", como funcionarios públicos, remató Carvalho.

Por el contrario Sutel entiende que estos trabajadores ocupan un puesto laboral estratégico en la empresa y por lo tanto no pueden estar por fuera del régimen jurídico laboral del Estado y deben pasar a ser funcionarios públicos.

En la OPP se aseguró a El País que el Ejecutivo no apoya la posición de Carvalho pero tampoco respalda el reclamo sindical por los call center.

Si bien Sutel está de acuerdo con una racionalización del gasto, como lo plantea Carvalho, discute la manera de llevarlo a cabo. "Hay que racionalizar, estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo en el lugar donde realmente se necesita", dijo Molina.