EDUARDO DELGADO

La inconstitucionalidad del IRPF y de cualquier impuesto a las pasividades tiene como efecto colateral la situación de la Caja Bancaria. Varios de sus afiliados accionarán, además, contra una retención básica para su financiamiento.

El tema ya se instaló en la agenda del gobierno que debe, además revisar sus planes para el rediseño financiero de la entidad paraestatal, que tiene un déficit de U$S 65 millones anuales y una relación crítica activo-pasivo. La reforma de esta caja preveía incluso aumentar esas retenciones sobre las pasividades bancarias.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Bancarios (Ajupe) presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley 17.841, que establece este impuesto para financiar esa caja. Esa gremial de pasivos está reuniendo firmas entre sus integrantes y ya lleva unas cien, para introducir una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El paso ha recibido ya severas críticas del sindicato bancario AEBU.

Similares argumentos. El abogado Carlos López, que patrocina las acciones de los afiliados a Ajupe, dijo a El País que los argumentos del escrito que será presentado son casi los mismos que los utilizados en las tres acciones de inconstitucionalidad contra la aplicación del IRPF a las pasividades que ha interpuesto esa entidad y que abarcan a unos 400 jubilados y pensionistas. Asimismo estas argumentaciones son coincidentes con los escritos que tuvieron fallo positivo en la Suprema Corte.

Los artículos de la Constitución que López considera han sido violados por la ley 17.841 están el 8, el 67, el 7, el 32 y el 77. Para el abogado es claro que la ley viola el derecho de igualdad, puesto que establece un impuesto sólo para los jubilados y específicamente para los jubilados bancarios.

También indicó que viola el derecho de propiedad y la obligación del Estado a brindar asistencia financiera cuando sea necesario para financiar los organismos previsionales.

"Hay cosas incluso más contundentes que en el caso anterior (del IRPF)", dijo López "Hay inconstitucionalidad por destinar el producto de un impuesto a la financiación de un organismo no estatal", alegó.

El letrado señaló que "la Constitución faculta a la Asamblea General para establecer contribuciones para cubrir el presupuesto", pero observó que "el presupuesto del Estado está destinado a solventar los gastos corrientes e inversiones públicas, no a financiar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, como en este caso".

Para López "esto es muy claro y no está en la otra" acción de inconstitucionalidad que refiere al IRPF a las pasividades.

Críticas. El presidente de AEBU, Gustavo Pérez, criticó a los jubilados bancarios que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra el aporte que desde el año 2001 hacen para financiar la Caja.

El dirigente sindical dijo a Radio Sarandí que son sólo unos 70 jubilados de más de 17 mil ex trabajadores de ese sector. Según Pérez, en promedio, los jubilados bancarios aportan 10% de su jubilación. Agregó que si esto no ocurriera el desequilibrio sería cercano a los U$S 90 millones.

Nelson Bouza, prosecretario de Ajupe, declaró que esa organización está reuniendo firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad ahora porque la ley original terminaba en marzo y se prolongó indefinidamente. "Por eso empezamos a recolectar firmas, para que quede claro que las jubilaciones no pueden tener ningún descuento".

Sobre las críticas de AEBU, Bouza señaló que ve a AEBU como parte del gobierno, mientras que Ajupe es una organización sin banderas políticas. "Como no hacemos política y nos interesan sólo los jubilados, se meten con nosotros", concluyó.

La Corte sin viajes ni declaraciones

La Suprema Corte acusa la sobreexposición de los últimos días. Su presidente, Jorge Ruibal Pino, decidió suspender el viaje que tenía previsto a Lima, el 10 de abril para concurrir a la 2ª Cumbre de presidentes de poderes judiciales de la Unión de Naciones Sudamericana, "dada la situación imperante", dijo.

En tanto, los ministros Hipólito Rodríguez Caorsi y Daniel Gutiérrez asumieron el compromiso de por el momento no hacer comentarios a los medios de comunicación, luego del cruce de declaraciones sobre los presuntos atrasos en expedientes.

Ruibal sigue con su idea de que se investiguen las filtraciones a la prensa de los votos de los cinco ministros de la Corte en expedientes sobre la constitucionalidad del IRPF, pero el tema no estuvo planteado en el acuerdo de los ministros de ayer.

En declaraciones a Canal 10, Ruibal dijo que cada ministro tiene dos asistentes y "muchas" personas trabajan en sus oficinas.

El magistrado también comentó la intención del senador Eleuterio Fernández Huidobro sobre un posible juicio político contra el juez Hipólito Rodríguez Caorsi. "Eso no significa una amenaza", dijo. "Si entiende que corresponde una acción de juicio político contra los cinco ministros o contra alguno de ellos, nosotros tenemos que respetar y cerrar la boca con respecto al tema que causó eso", agregó.