Los costos del IRPF

ALFONSO LESSA

Que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) iba a generar costos políticos al oficialismo, no era un secreto para nadie, ni puede generar sorpresas: sólo podían caber algunas dudas acerca del momento y del alcance de esos costos.

Y uno de los momentos más complejos parece haber llegado, si efectivamente se concreta la anunciada declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, de la aplicación del IRPF a las pasividades. Esa resolución colocaría al gobierno en una difícil situación y pondría el dedo sobre el punto más sensible de la política económica.

La resolución de la Corte, aún no oficial, dio lugar a todo tipo de acusaciones y debates cruzados y tiene claras consecuencias tanto en materia estrictamente constitucional, como en lo económico y lo político.

En realidad el IRPF -más allá del pronunciamiento de la Corte- ya constituye una incómoda piedra en el zapato del oficialismo. Una encuesta de CIFRA, divulgada la semana pasada en Telemundo, indicó que la mitad de los uruguayos -exactamente el 50%- rechaza el IRPF y sólo lo apoya el 29%. Pero, paralelamente, el 47% de los uruguayos aprueba la política económica con un rechazo que llega al 30%. Quiere decir que la política económica en general tiene crédito abierto para buena parte de la población, la que sin embargo resiste el tributo y encuentra allí su punto más cuestionable.

El carácter polémico y las resistencias que genera el impuesto a la renta no son nuevos: no cabe más que mirar hacia la campaña electoral de 1999, para recordar que su promoción por parte de la izquierda y el hábil uso que hicieron del tema blancos y colorados, influyeron de manera sustancial en la derrota del Frente Amplio.

El IRPF supone hoy un verdadero reto para el gobierno, en la medida de que sobre ese impuesto tan resistido, reposa buena parte de la ingeniería tributaria. La declaratoria de la inconstitucionalidad respecto a los pasivos implicaría también la pérdida de recursos, lo que necesariamente se reflejaría en la Rendición de Cuentas y obligaría a una complicada redistribución de dineros.

Pero además este episodio constituye un desafío particular para el ministro de Economía, Danilo Astori, conductor y responsable del modelo económico y un serio aspirante a la candidatura frentista. No sería razonable que en el Frente Amplio se adoptara la postura facilista de trasladar los costos al secretario de Estado, cuando se trata de una política impulsada por el oficialismo en su conjunto y que además integró el programa electoral de la coalición. Pero eso no parece ocurrir por ahora, porque en los últimos días dirigentes de primera línea de varios sectores de la izquierda -aunque no todos- salieron a defender públicamente el IRPF y en particular a rebatir la decisión de la Suprema Corte. Existe en el oficialismo, también, la expectativa de que el próximo relevo de la ministra Sara Bossio en la Corte, pueda cambiar la ecuación de votos sobre el asunto.

La inconstitucionalidad significaría un golpe para el gobierno: la dimensión de ese golpe tendrá directa relación con la actitud que asuma el oficialismo para afrontar la situación. Cuanto más opuesto a la Suprema Corte de Justicia se plante y más resista su decisión, el costo puede ser mayor. Por el contrario, cuanto más dispuesto se muestre a salvar rápidamente el trance, reconociendo la generalidad de las resoluciones particulares de la Corte, probablemente pague menos costos políticos. De ese modo incluso podría acotar el espacio de la oposición, que ha jugado fuerte en este tema, que le abrió espacios que no son habituales.