El Directorio del INAU solicitará hoy al Comité de los Derechos del Niño que formalice las denuncias de torturas en la Colonia Berro y luego iniciará una investigación administrativa en los hogares Piedras y Ser sobre los hechos denunciados.
"En el INAU hay investigaciones en marcha y sumarios por denuncias de malos tratos ocurridos en 2005 y 2006. De estos hechos no tenemos noticias concretas", dijo a El País el director del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Jorge Ferrando.
Las autoridades del organismo que atiende la minoridad contestarán hoy el informe del Comité en un comunicado de prensa y solicitarán a las comisiones parlamentarias de infancia y adolescencia y a la Organización No Gubernamental denunciante que integren una institución que observe el cumplimiento de los derechos de los internos. "Estamos seguros que (las torturas) no son sistemáticas (en la Colonia Berro)", agregó Ferrando.
Por su parte, el fiscal Civil Enrique Viana impulsará un recurso de amparo ante la Justicia Civil donde hará suya la recomendación del Comité de los Derechos del Niño sobre la necesidad de cerrar la Colonia Berro. Los fiscales pueden actuar de oficio en casos que involucran a menores.
Tanto las autoridades del INAU como el gremio de funcionarios relativizaron la veracidad de las denuncias sobre apremios físicos en la Berro.
El director Ferrando dijo que el organismo tratará de verificar las denuncias, ya que a veces los adolescentes "aprovechan" las oportunidades para "decir cosas" que dejan mal parados a funcionarios y que luego no se comprueban.
Joselo López, presidente del sindicato del INAU, dijo que el informe sobre la Berro "no tiene ningún sustento" y desmintió la existencia de torturas dentro de los hogares Ser y Piedras. "Además, hay cierta manipulación por parte de los menores a los integrantes de las ONG", señaló López.
Luis Pedernera, coordinador de la ONG Comité de los Derechos del Niño, replicó que "es natural" que el mundo adulto relativice testimonios de los menores en lugar de investigar esas denuncias.
EL PAÍS
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