LEONARDO GUZMÁN

El trámite ante la Suprema Corte de Justicia de los recursos de inconstitucionalidad contra el IRPF a las pasividades ha motivado perplejidades que deben despejarse sin más demora que la que pueda imponer la inminencia del feriado.

En etapa de reserva, Búsqueda primero y después todos los medios revelaron qué vota cada Ministro. En la prensa, expresión de libertad; en el trámite, transgresión al sigilo.

Enseguida trascendió que los pronunciamientos se formularon en expedientes separados y que habría de dejar correr los plazos de modo de no unificarlos y no resolver antes del 7 de abril, fecha del cese de la Dra. Sara Bossio.

El martes, desde su banca senatorial el Dr. Julio María Sanguinetti pidió informes sobre plazos para el estudio, porque habrían vencido.

Y en todos estos días ha flotado la idea de que cada expediente que no esté resuelto en la primera semana del mes entrante iría a sorteo para integrar la Corte con alguno de entre los 45 Ministros de Tribunales que hay en ejercicio. Lo cual tiene estribo en la ley procedimental, pero proyecta un mensaje deletéreo: que en la disensión, tan luego en tema público, los argumentos desembocan en azar -rectius sorteo. Lo cual merece recordar la condena de Aulis Aarnio contra quienes buscan "refugio en la estrictez del texto de la ley cuando el problema hubiera requerido un enfoque valiente y, en sentido positivo, creador".

Es que la cuestión no se reduce a más o menos pesos en el bolsillo de jubilados y pensionistas, más o menos éxito de un Ministro candidato, más o menos autoridad de los argumentos del Dr. Cassinelli -que, transcribiéndolos, hemos refutado uno a uno ante la SCJ- ni más o menos orgullo ganador o perdedor. Por encima de todo eso, lo que entra en juego es la integridad de la Justicia -cuyos plazos procesales son un máximo indisponible para los Jueces después que plasmaron una convicción, ya que jurisdicción es el poder-deber de juzgar y, además, hacer ejecutar lo juzgado. No perdamos el sentido de grandeza, sin el cual vivimos debajo de nosotros mismos: es cuestión de imperio y majestad del Derecho.

Cuando no se sabía qué votaba quién, lo legalmente imperativo era el rápido pronunciamiento. Revelada la posición de cada uno, ese imperativo, sustancial, no cambia.

Y si, como se anuncia, es declarada la inconstitucionalidad, corresponderá que la ley, con carácter general, derogue el IRPF a las pasividades, siguiendo la línea republicana en que el entonces presidente Lacalle, con Mariano Brito de Ministro, impulsó derogar la ley 16.333 sobre Caja Militar porque en un par de expedientes la SCJ la había juzgado inconstitucional.

Ese efecto ya no pende de la Corte sino de todos. Y todos debemos imponerlo, a contramano de la moda de presentar al Derecho como una puja dispersa, olvidando que desde él nos convoca y debe inspirarnos lo universal, tanto en los estrechos boxes de los Juzgados penales como en los asientos austeros de Tribunales y Juzgados, en los más mullidos de la Suprema Corte y en la vida civil toda.

La caída del sentimiento de norma produce pandemias mucho más allá de los estrados: provoca falta de higiene en las exportaciones de pescado a Europa, es violación constitucional de un Presidente que revive su dorado tiempo preelectoral, es pronóstico de que en 7 años duplicaremos el número de presos.

Con semejante cuadro, por favor no instalemos niebla en las cumbres.