París - El presidente francés Nicolas Sarkozy fue acusado por la oposición de izquierda y por el mundo judicial de comprometer al Estado de derecho por tratar de esquivar el fallo del Consejo Constitucional para hacer adoptar una controvertida ley.

El detonante de esta nueva polémica que envuelve al jefe de Estado fue su tentativa de dar validez inmediata a una ley de "retención de seguridad" que permitiría encerrar de por vida en centros especializados a criminales que tras purgar una pena de por lo menos 15 años de cárcel siguen representando un peligro social, principalmente aquellos condenados por pedofilia.

El Parlamento ya aprobó esa ley, pero el Consejo Constitucional -que vela por el respeto de la Carta Magna- recordó que una ley no es retroactiva y que por lo tanto la nueva disposición no podrá aplicarse antes de 2023.

La decisión fue un revés para Sarkozy, que construyó buena parte de su carrera política en base a su reputación de firmeza en la lucha contra la delincuencia. La polémica surge además a dos semanas de las elecciones municipales francesas, que se anuncian difíciles para la derecha en el poder.

Pero Sarkozy no dio su brazo a torcer, y le pidió al Tribunal de Casación, máxima instancia judicial francesa, que le hiciera "todas las propuestas necesarias" para permitir una aplicación inmediata de esa ley.

El jefe de la bancada socialista en la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) consideró esa iniciativa como un "asombroso ataque al Estado de derecho", en tanto que un sindicato de jueces afirmó que se trataba de un "golpe de mano inaceptable".

El presidente de la UMP (partido de Sarkozy) en la Asamblea lamentó el domingo esta "polémica artificial", pero recordó en un comunicado que las decisiones del Consejo Constitucional son "inapelables".

AFP