DGI: ardid de Casal para evitar embargo

El director de la DGI, Nelson Hernández, considera que la demanda presentada por Francisco Casal es un artilugio para evitar posibles medidas cautelares, y adelantó que se acelerarán los trámites que haya respecto del empresario deportivo.

Tras la sorpresa inicial de las autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI) por la demanda civil que presentó Francisco Casal, el organismo salió al cruce del empresario, definirá rápidamente los impuestos que Casal debe pagar y si solicita medidas cautelares.

La jueza civil de 4° Turno, Martha Alves, asumió competencia en la medida cautelar previa al juicio solicitada por Casal y en un decreto reservado solicitó documentación a los abogados del empresario.

En su demanda, Casal pidió que la Justicia dirima qué impuestos debe pagar por el traspaso de jugadores y solicitó una medida de no innovar en tanto se tramita el juicio, lo que impediría que la DGI entable medidas cautelares, como un embargo, en su contra.

Ayer los abogados de Casal entregaron lo pedido a la magistrada. Con esa documentación, la magistrada podrá resolver si da trámite a la demanda de fondo y si ordena la medida de no innovar requerida por Casal.

INTERFERIR. "De acuerdo a declaraciones realizadas por el asesor del contribuyente, surge que esto es un artilugio o ardid para evitar que la DGI pueda cumplir con sus funciones. El planteo realizado ante un periodista el día de hoy (por ayer) fue que el contribuyente tenía conocimiento de que la DGI se iba a expedir en forma casi inmediata respecto de este tema e iba a solicitar la adopción de medidas cautelares", dijo a El País el director general de Rentas, Nelson Hernández.

"Queda claro que el objetivo de esta acción es interferir en la acción de la administración, a los efectos que no tome las medidas que tienden a la protección del crédito fiscal, o sea las medidas cautelares", agregó.

Según Hernández, "el objetivo único" de la demanda de Casal "es evitar que la administración fiscal tome las medidas necesarias para asegurar el cobro de un presunto crédito fiscal en vías de terminación, de acuerdo a lo informado por el propio contribuyente".

Hernández dijo que por su cargo está impedido de informar si la DGI estaba próxima a expedirse respecto de si Casal debía tributos, ni sobre otros datos de la actuación inspectiva, que se encuentran bajo secreto tributario.

Pero "con carácter general" afirmó que si esa actuación inspectiva tuviera seis años de duración, como sostiene Casal, "resulta de carácter urgente por parte de la administración realizar una determinación de los impuestos y adoptar las medidas cautelares correspondientes". El jerarca añadió que hay una decisión del juez respecto de la demanda que está en reserva y que la DGI no fue notificada de ninguna resolución.

MEDIDAS. "En el caso hipotético que se tratara de una actuación con la duración que plantea la demanda y se verificara lo que dice el abogado patrocinante, de que la DGI estaba por expedirse respecto al punto, lo único que le queda a la DGI es acelerar todos los trámites tendientes a la determinación del tributo y la adopción de medidas cautelares correspondientes en los plazos más cortos posibles", sostuvo Hernández.

Para el director de Rentas hay "una enorme inconsistencia en toda la presentación" de Casal, en la medida que ofrece una garantía de U$S 1 millón "frente a una deuda en la cual se plantea que está indeterminada". "¿Cómo vamos a saber si esa garantía es suficiente o insuficiente si no hay cifra reclamada?", indicó

Hernández puso especial énfasis que sus dichos son conclusiones "que se extraen del conocimiento periodístico de la demanda y de las declaraciones de los patrocinantes", pero no de información vinculada a trámites "que se puedan estar realizando a nivel de la administración fiscal".

Hernández reconoció su sorpresa por la demanda de Casal, puesto que no es usual que se plantee ante la Justicia Civil este tipo de situaciones. "Sobre todo no habiéndose realizado ningún planteo a nivel de la administración. Podría justificarse este planteo si la administración no hubiera respondido a un requerimiento del contribuyente y no fue así".

Recordó que en materia tributaria el contribuyente puede recurrir ante el TCA, para lo que la legislación exige que se haya agotado la vía administrativa. "Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el propio interesado, no sólo no se ha agotado la vía administrativa, sino que no la abría", acotó.

"Creemos que el único camino es ir a la Justicia"

Leonardo Costa, quien junto a Oscar Brum son los abogados patrocinantes de la demanda civil de Francisco Casal contra la DGI, admitió que la "acción declarativa de certeza" presentada no es usual, pero destacó que existen antecedentes y sentencias sobre esta temática que son mencionadas en el escrito.

"Dado el tiempo transcurrido, creemos que el único camino para dirimir la diferencia de criterios (sobre los tributos a pagar) es la Justicia", dijo Costa a El País.

Consultado sobre la razón del pedido a la Justicia que ordene no innovar, lo que impediría a la DGI entablar medidas cautelares contra Casal, el abogado afirmó que "dado que en seis años la DGI no hizo nada, es un indicativo de que no había peligro en la percepción de crédito fiscal. Y por lo tanto, para discutir tranquilamente ante un juez, es necesario justamente que discutamos del Derecho y no se esté realizando acciones permanentemente. Esa es la lógica".

Añadió que cualquier contribuyente siente que durante el tiempo que es inspeccionado puede ser embargado. "Llega un momento que necesita tener una certeza jurídica, sino la situación socava la seguridad jurídica de cualquier transacción y este es el caso", expresó.

Costa indicó que la diferencia fundamental entre la DGI y Casal es sobre el impuesto aplicable a la operativa de la venta de jugadores. "Nosotros creemos que sólo se debe pagar el impuesto a la cesiones de derecho del deportista y la DGI aparentemente cree que, además o en lugar de, también se debe pagar el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio", explicó.

Sobre las acusación a la DGI de abuso de derecho incluida en la demanda presentada el lunes, Costa consideró que sólo la demora de seis años de la investigación es en sí misma un abuso de derecho.

En la "acción declarativa de certeza", Francisco Casal pide a la Justicia Civil que determine los tributos que debe pagar por el traspaso de futbolistas, ante las diferencias de criterio que mantiene con la Dirección General Impositiva (DGI) sobre el asunto.

El empresario sostiene que desde hace seis años está siendo inspeccionado e investigado por la DGI, sin que ese organismo defina el criterio aplicable en materia fiscal a la transferencia de jugadores de fútbol, si debe impuestos, cuáles son y por qué monto de dinero.

Solicita a la Justicia la medida de "no innovar" respecto a la Impositiva, la que de aplicarse impediría a la DGI entablar medidas cautelares como el embargo contra las empresas de Casal mientras se dilucida este juicio. Para solicitar esa medida de "no innovar", Casal ofrece a la Justicia a cambio una contracautela de

U$S 1 millón "como garantía de cumplimiento de la sentencia que corresponda".

Sostiene que es el único de los contratistas de futbolistas que trabajan en Uruguay inspeccionado por la DGI, lo que considera "abusivo, persecutorio y violatorio del principio de igualdad ante la ley" consagrado en la Constitución de la República.

En la demanda, Casal afirma representar los intereses difusos de "todos los jugadores, clubes y asociaciones futbolísticas uruguayas, en el entendido que la incertidumbre a dilucidar posee un interés indudable a dicho grupo indeterminado de personas".

Añade que no hay actos de determinación de la DGI, sino actos preparatorios, lo que "no son más que una espada de Damocles sobre nuestra labor diaria, una amenaza velada y constante a nuestros compromisos".

En el escrito, hay duras críticas a cómo la DGI maneja la investigación a Casal. Se dice que es con abuso de derecho, extralimitación de poderes y facultades, mediante "una forma atípica de extorsión" y "con absoluta desidia, falta de precisión y definición en los procedimientos y en el derecho aplicable".

Casal afirma en la demanda que en los últimos años pagó aproximadamente unos U$S 10 millones en concepto de impuestos a la Cesión de Derechos sobre Deportistas. Pide que la Justicia declare si debe o no pagar otros impuestos diferentes a los que ya abonó.