PAYSANDÚ | SANDRA KANOVICH y RENZO ROSSELLO

Robos, desórdenes callejeros, arrebatos, rapiñas. Paysandú vive su peor momento. Los vecinos de la ciudad se sienten dominados por el temor. Algunos, los menos, no se resignan y presionan a las autoridades.

María Castelli es esposa de un agente policial y madre de tres hijos. "Estaba cansada de ver que mi esposo llegara todos los días contándome los problemas que tiene que enfrentar y lo que no pudo hacer para arreglarlos", dice. Ella es una de las vecinas que encabeza el movimiento que lleva un nombre por demás significativo: Unidos por la Inseguridad. La propia familia del agente policial fue víctima de los episodios de violencia que golpean casi a diario a muchos sanduceros.

El martes pasado dos de los hijos de María Castelli fueron atacados por una patota de chicos cuyas edades, como se vio después, iban de los 9 a los 16 años. "Acá no entran hijos de botones", les gritaban a los chicos cuando intentaban entrar al Complejo Habitacional Irene Sosa para jugar con sus amigos.

Luego del incidente, los niños fueron en busca de su madre que denunció el hecho de inmediato a la comisaría de la zona.

Los policías que intervinieron en el hecho lograron detener al grupo de menores. En las mochilas que llevaban consigo había hondas, piedras, y pegamento que utilizaban para inhalar. También fue identificado un hombre mayor de edad, "nos enteramos que es un hombre que anda por el puerto y vende drogas", aseguró María Castelli.

El miércoles de esta semana el grupo de vecinos que conforma la Coordinadora Unidos Por la Inseguridad (Cupli) se reunieron con la jefa de Policía de Paysandú, María Cristina Domínguez. Los vecinos no hallaron las respuestas que esperaban. Mauro Soto es un joven abogado penalista que también integra la Cupli.

Está convencido de que el único camino para hacer frente a la ola de violencia y delitos protagonizados por menores de edad es legislar.

"Los que deben pagar son los padres, hay claramente una falta a los deberes inherentes a la patria potestad", sostiene Soto.

Por esa razón el grupo impulsa un proyecto de ley presentado a algunos legisladores de los tres partidos que busca endurecer las sanciones para esta infracción penal.

"Si no tenemos una ley que respalde a la Policía no se va a solucionar el problema", apunta el abogado.

Como dato ilustrativo de la situación, Soto dice que según la información que él recabó del sistema judicial "se ha duplicado el número de armas incautadas a menores" durante procedimientos policiales.

Las estadísticas oficiales, las conocidas hasta ahora y divulgadas por el Observatorio Nacional de la Criminalidad y la Violencia, revelan que Paysandú integra la zona roja del mapa delictivo junto al área metropolitana (Montevideo, Canelones, Maldonado): una tasa de 38 a 50 delitos cada 100.000 habitantes. Es el único departamento del interior del país, a excepción de los nombrados, en esta situación.

ZONAS PROHIBIDAS. Un collar de barrios en la periferia de la ciudad sanducera son ya conocidos como la zona roja. Barrio El Puerto, El Espejo, Dos Marías, Norte, Curupí y Río Uruguay son las perlas de este collar. Aunque oficialmente se niega, se dice que en algunos de estos barrios, como es el caso de Barrio Norte, "la Policía ya no entra".

En estas zonas de la ciudad el fenómeno de la violencia es complejo. No sólo son escenario de hechos delictivos, sino que desde allí parten muchas veces las "barritas" que asuelan otros puntos más céntricos de la capital sanducera.

Ayer mismo el diario local El Telégrafo consignaba la actuación de un grupo de chicos, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años, que adoptaron la modalidad de ingresar a pequeños comercios a pedir dinero y provocar destrozos. De acuerdo con la información del diario, la Policía los identificó, pero no hubo intervención judicial que los derivara al área del INAU.

"A nosotros nos viven robando, y hemos tenido compañeros heridos en rapiñas también", cuenta un taxista que trabaja en una parada sobre la céntrica 18 de Julio. "No se llevan más de 200 pesos, pero igual, como lo usan para comprarse droga", dice el taxista.

El arrebato callejero también se ha convertido en una modalidad extendida en las calles de Paysandú. Como ocurre en Montevideo, las víctimas suelen ser personas de avanzada edad. Pero los chicos no actúan solos. Al menos de eso están convencidos las autoridades del INAU.

INFRACTORES. "Hay un alto porcentaje de infracciones a la ley penal que las cometen menores", reconoce Mónica Inella, directora departamental del INAU. El instituto atiende a una franja de menores, básicamente adolescentes, que presentan estos problemas de conducta. El consumo de alcohol es el mayor problema identificado por el INAU local en el origen de las conductas infractoras.

"Se trabaja en el control de espectáculos públicos y vamos a actuar con inspectores de la regional de Artigas, Salto y Paysandú", explica Inella.

Inella, que llegó a la dirección local del instituto tras una extensa carrera como asistente social, halla factores comunes en los menores derivados por la Justicia por tres causas básicas: infracciones a la ley penal, consumo de alcohol y de drogas.

"La mayoría vienen de familias muy disociadas, en Paysandú se fue mucha gente lo que dio lugar a que los chicos pasaron a vivir con adultos que no tienen, precisamente, actitudes muy correctas y eso los perjudicó. También es cierto que los padres no pudieron con el control de los chiquilines", explica. Según la percepción de la jerarca de INAU no se trata de un grupo grande de menores en esta situación. "Más bien son chicos que repiten este tipo de conductas, la mayoría son menores sobre los que ya se ha intervenido antes", señala.

En muchos casos los programas de rehabilitación son de difícil concreción. El equipo de psicólogos y asistentes sociales debe repetir visitas y no siempre la obligación de concurrir a las entrevistas son cumplidas por los chicos, aún cuando se les paga el boleto de ómnibus. Los técnicos evalúan, principalmente, cómo se han integrado al barrio y a su núcleo familiar luego del hecho que dio lugar a la intervención y procuran orientar a los menores.

Los casos de infracciones más graves, rapiñas por ejemplo, son derivados a los centros de INAU en Montevideo.

De todas formas, en opinión de Inella, es más importante orientar los programas hacia los niños de menor edad. "Es importante empezar por los chicos, sin descuidar a los adolescentes, pero así estaremos yendo a las causas del problema", apunta. El INAU está implementando un programa con ONGs en tareas de apoyo para el tratamiento, por ejemplo, de niños en situación de calle.

Otro proyecto, que se empezará a desarrollar en breve, es para impulsar medidas sustitutivas a la internación de menores infractores.

Mientras tanto, la fisonomía de la ciudad ha cambiado drásticamente en los últimos años. Casas enrejadas, alarmas, seguridad privada para quienes pueden pagarla, comenzaron a ser parte del paisaje cotidiano.

Las cifras

80 Es el número de policías que patrullan en cada uno de los tres turnos la ciudad. La proporción: un policía cada 1.000 habitantes.

38 a 50 Es la tasa de delitos cada 100.000 habitantes en Paysandú, según estima el Observatorio de la Criminalidad y la Violencia.

30% Es el porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza en la ciudad de Paysandú, según datos del año 2007

El Totito: homicida a los 18 años

En la noche del miércoles 18 de octubre del año pasado Silvia Álvarez Baldi, de 27 años, ayudaba a su madre en la atención de su almacén situado en la zona sur de la ciudad.

Pasadas las 22 horas, tres encapuchados ingresaron y la amenazaron con un revólver para que les entregara los $1.300 que estaban en la caja. La madre intentó resistirse y una bala alcanzó el pecho de la joven. Pocas horas después agonizaba en el block quirúrgico de la mutualista local.

Con algunos datos aportados por vecinos, al día siguiente la policía pudo dar con algunos de los implicados: un menor de quince años y dos adolescentes de 18 y 19 años, el último de ellos con varios antecedentes penales. Aunque en primer lugar pretendieron inculpar al menor, a quien le habían entregado el arma homicida para que la enterrara en su casa y donde fue encontrada por la policía. Finalmente uno de los mayores delató al autor del disparo mortal. Era el conocido "El Totito". Con 18 años recién cumplidos, pero innumera- bles anotaciones policiales y algunos pasajes por la Colonia Berro, El Totito fue procesado por primera vez y remitido a la cárcel.

Adhesión popular a un policía

Unas 2.000 personas marcharon el 7 de enero de 2007 por la principal avenida sanducera, en apoyo a un policía procesado por haber herido a un menor de 17 años, en un incidente seis días antes. La manifestación convocada por familiares del policía, de 46 años de edad y 25 de servicio, y esposas de colegas, también reclamaba por mayores garantías para el accionar policial. La magnitud del caso logró la adhesión de miles de sanduceros.

La Policía había intentado detener a un menor infractor de 17 años, apodado "El Tortuguita", que amenazó a un vecino con un machete. Quiso huir en una moto, fue perseguido y una patota salió a defenderlo, atacando a las fuerzas del orden con piedras, cadenas y cuchillos. Al notar que uno de ellos amagó para pegarle a uno de sus compañeros con un machete, el policía después procesado optó por disparar.

LOS PLANTEOS LEGALES

Proyectos de ley a estudio del Parlamento, propuestos por legisladores nacionalistas, que apoya la Coordinadora Unidos Por la Inseguridad.

Modificación de los artículos 69 y 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que habilita la intervención punitiva del Estado en casos donde no hay lesión efectiva de los bienes jurídicos, como es el caso del arrebato.

Modificación del artículo 222 del mismo Código que habilitaría la utilización de los antecedentes como menor de una persona, como base de información, en casos en que el sujeto delinca al cumplir la mayoría de edad.

Modificación del artículo 279 del Código Penal que establece pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para los padres que incurran en omisión de los deberes de la patria potestad.

Creación de la Dirección Nacional para Rehabilitación de Infractores Adolescentes en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que tendrá el cometido de atender y rehabilitar a los menores no imputables de delitos penales.