PABLO DA SILVEIRA

Las autoridades de Educación Primaria anunciaron la actualización de todos los programas de estudio que se aplican en las escuelas del país. El anuncio revela una saludable voluntad renovadora. Como las propias autoridades han reconocido, los programas vigentes fueron diseñados antes de que el hombre llegara a la luna y mucho antes de que se generalizara el uso de las computadoras. Es hora, por lo tanto, de preguntarse sobre su grado de actualización.

Pero el anuncio también indica que la voluntad transformadora no va demasiado lejos. La idea es actualizar los programas, pero nadie cuestiona la idea misma de que hagan falta programas a ser aplicados en todas las escuelas del país. ¿Efectivamente es así? Al menos por tres razones, el debate contemporáneo en educación sugiere lo contrario. La primera tiene que ver con las necesidades de los alumnos. La segunda tiene que ver con la valorización de la profesión docente. La última tiene que ver con la toma de decisiones en el terreno educativo.

La idea de elaborar programas que se adapten a las necesidades de todos los alumnos viene siendo sometida a crítica desde hace décadas. Es poco probable que un chico de un barrio marginal de Montevideo necesite aprender las mismas cosas (y aproximadamente en el mismo orden) que un chico de una escuela ubicada en una zona favorecida. Tampoco parece obvio que un chico de una pequeña ciudad del interior tenga las mismas necesidades de aprendizaje que uno de la capital. Y aun es probable que las necesidades varíen según la región. Por ejemplo, un alumno que crece en una zona de fuerte actividad turística tiene necesidad de entender fenómenos que no afectan la vida de un alumno que crece en una zona de desarrollo forestal.

La propuesta de elaborar programas en forma centralizada también es criticada porque contribuye a desvalorizar la profesión docente. La existencia misma de los programas convierte a los maestros y profesores en algo parecido a correas de transmisión de lo que otros han decidido. Su capacidad de tomar decisiones y de desarrollar estrategias de trabajo queda fuertemente reducida. Esto coloca a los docentes en una categoría diferente a la del resto de los profesionales, que tienen una mayor libertad para tomar sus propias decisiones técnicas.

Por último, la idea de elaborar programas centralizados también es cuestionada a causa de los fenómenos políticos que genera.

Si un pequeño grupo de personas va a diseñar los programas de estudio que se aplicarán en todo el país, ese grupo tendrá un inmenso poder de influencia. En consecuencia, la integración de ese grupo, y el contenido de las decisiones que tome, estarán en el centro de la atención política y serán el blanco de todas las presiones corporativas. Esa es una excelente manera de bloquear todo intento de innovación y de experimentación pedagógica.

En muchas partes del mundo, los programas han sido sustituidos por la formulación de objetivos pedagógicos. Lo que importa definir centralmente es el conjunto de conocimientos y destrezas que los alumnos deben haber incorporado en determinados momentos de sus vidas (digamos: a los ocho, a los diez, a los doce años). Corresponde a los equipos docentes encontrar las mejores estrategias para el logro de esos objetivos. A las autoridades públicas compete fijar las metas y evaluar su cumplimiento.