El horror y la norma

Leonardo Guzmán

El 14 de noviembre se aprobó la Ley 18.191, de Tránsito y Seguridad Vial.

Su articulado acumula declaraciones de intención con definiciones obvias. A ratos usa más el idioma de la descripción que el de la prescripción. Lo real es que, aun sin ser muy novedoso ni elegante, ese texto manda desde fines del año pasado, estrenando en el presente enero el primer año completo en que ha de regir.

Pues bien. A las 18 horas del 17º día del 2008 en que debuta llevamos 26 muertos: 26 vidas robadas.

¿Por qué? Por imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes y reglamentos: culpa, según el art. 18 del Código Penal.

Pero ¿por qué bajamos así la guardia? Por abandono de la pasión por precisar. Por debilidad en la comprensión de los derechos ajenos y propios. Y sobre todo, por caída en el sentimiento de que las normas deben aplicarse, por ignorancia de que el Derecho es imperativo y por olvido de que, antes de castigar con cárcel las muertes y amputaciones culposas, la ley dispone cómo impedirlas. Por lo cual, en la obediencia a leyes y reglamentos de tránsito va en juego el inderogable amor al prójimo como a sí mismo.

Los 26 muertos de estos 17 días son, pues, víctimas de mucho más que casualidad y descuido. Los mató la falta de educación en la esencia interpersonal e imperativa de la regla de Derecho. Los mató la anomia -vieja palabra griega que significa ausencia de normas, así como efecto de la carencia o degradación de las normas.

Por tanto, en vez de acumular encuestas debemos reeducarnos en principios. Consumado el luto, nadie tiene derecho a considerar que esto es abstracto y teórico: las naciones se educan; violados los principios, renacen de los hechos.

El tema no es sólo vial. Alcanza a la legalidad toda. ¿O acaso no estamos viendo cómo la Justicia Especializada de Familia dispone salidas del hogar y prohibiciones a gente que ni ve ni cita ni escucha, a partir del mero resumen telefónico de la Comisaría y llama a audiencia recién para 10 días después, a ver cómo anduvo todo? Eso viola abierto el Derecho al Proceso. Pasa por sobre Couture -que hace tres cuartos de siglo defendía el derecho a tener su día ante la Justicia-, por sobre Ferrajoli -que lucha por el garantismo- y por sobre el sentido común.

¿Por qué rige ese procedimiento? Porque por buscar la eficacia y la inmediatez, los propios poderes públicos bajaron la guardia. Lo cual, como todo el Derecho, no parece importante hasta que los principios violados se reencarnan en el dolor de los humanos que sufren la transgresión.

El tema tampoco es sólo nuestro. Anda por el mundo un montaje publicitario que, en torno a la liberación de tres, y al final dos, rehenes de las FARC, instala sonrisas, gratitud y esperanza allí donde lo que hace falta es conciencia de la infamia de los seis años de cautiverio infligidos a las dos beneficiadas del momento; y, sobre todo, conciencia de que la infamia sigue, con centenas cuyas familias mendigan pruebas de vida.

Eso es violación de principios, no sustituibles por gestos teatrales; y ocurre en Colombia ¡país culto, que crea, traduce y edita a los grandes autores del Derecho universal!

La batalla de la hora no es, pues, reducir lo "jurídico" a una "disciplina" colocada al lado de otras -"técnicas" y "científicas"- como hace el art. 9 de la mentada Ley 18.191. Es recimentar la voluntad normativa.

Y devolverle al Derecho su supremacía organizadora, en vez de reducirlo a peón de brega de los despojos mortales que deja su violación.

Es necesario devolverle al Derecho la supremacía organizadora, en vez de reducirlo a peón de brega de los despojos mortales que deja su violación.