JAVIER GARCÍA

Tenemos del Goyo Álvarez la peor de las opiniones desde siempre. Desde que primero le vendió a algunos izquierdistas ingenuos la idea de que él era un militar progresista, del estilo de Velazco Alvarado en Perú.

Anduvo atrás de los comunicados 4 y 7 que fueron el preanuncio de la dictadura, sino el verdadero golpe de Estado, los cuales una vez emitidos llevaron a que sectores del Frente Amplio de entonces se arrojaran, como gato a los menudos, a defenderlos. Es bueno cuando se hace historia, hacerla entera y leer editoriales de "El Popular", diario del Partido Comunista, apoyando la algarada. También sería bueno releer la alarma encendida por Quijano que desde "Marcha" les decía a los socios civiles de izquierda, sobre estos militares devenidos en salvadores y lo que se escondía en esos comunicados.

Aquel Goyo, que ya despuntaba liderazgos golpistas en el Ejército, pero que además sumaba expectativas en filas de sectores del actual partido de gobierno, continuó su carrera ascendente entre los autoritarios de entonces.

Todo lo que viene después es conocido y más reciente. No obstante no se debe escapar del recuerdo un episodio, que cada vez que lo evocamos levanta ampollas, como es el Pacto del Club Naval. Allí todos sabemos los que estuvieron, lo que acordaron y lo que olvidaron de común acuerdo. Por ello, a nosotros los blancos, no nos comprenden las generales de la ley, ni los Generales sin ley.

Mucho sufrió el país y mucho Wilson que murió con la incomprensión de unos cuantos. El Goyo fue golpista de chiquito pero tuvo dos etapas, una "progresista", que muchos ahora olvidan, de discursos justicieros que contó con amanuenses políticos en la izquierda uruguaya, no toda ella pero gran parte de ella, y otra sin disimulos que comienza en 1981.

Repudiamos y combatimos las dos, a diferencia de otros.

Todos estos episodios vinculados a la violación de derechos humanos en la dictadura se han discutido con cierto grado de hipocresía.

Desde el gobierno se anunció que se respetaría la Ley de Caducidad, aunque todos sabemos que está más perforada que un queso.

Desde su aprobación legislativa y su ratificación plebiscitaria, se ha querido ubicar a sus defensores en el bando de los cómplices de los torturadores y a quienes la rechazan en amantes de los derechos humanos. Esto es tan hipócrita como repugnante sobre todo cuando todos sabemos que algunos políticos de estos últimos, cuando los blancos salíamos a la calle a defender la libertad siempre tenían una excusa para esconderse abajo de la mesa.

Pero sería bueno no andar con vueltas y discutir el tema de fondo: mantener la Ley de Caducidad o derogarla y empezar de nuevo.

Si la ley era de "impunidad", alguien la está violando porque con ella ya se procesaron a una docena. Y si no lo era, como no lo es, deberán pedir perdón por haber mentido y defenderla.

El Frente Amplio quiere evitar esta discusión y estar en los dos lados, el presidente defiende su vigencia mientras su hermano, el prosecretario de la presidencia, anuncia que firmará para derogarla. ¿Es posible que esto se haga sin la aprobación del presidente?

Si se diera este debate, la mayoría del país la ratificaría, con nosotros, nuevamente.

La indefinición sólo les sirve a los "viejos combatientes" de los dos bandos, como a ellos les gusta con complicidad autodenominarse. Es lo único que les da protagonismo.

Son pocos pero se resisten a dejarnos tranquilos.