Motín de 2005 en la Colonia berro vuelve al tapete por otro fallo

EDUARDO DELGADO

La jueza Gabriela Merialdo decidió enviar copia de un expediente que tramita a un juez de Pando, debido a la gravedad de los hechos narrados, referidos al traslado y fuga de menores amotinados y armados de la colonia Berro en junio de 2005.

Ayer, la jueza penal de 9o. Turno, Gabriela Merialdo, desestimó el pedido de procesamiento de la vicepresidenta del INAU, Cristina Álvarez, por el delito de difamación (ver nota aparte) y remitió copia de las actuaciones al juzgado de la jurisdicción de la Colonia Berro.

La magistrada consideró que "resultó mucho más grave en el hecho el traslado de menores amotinados armados y la fuga en esa circunstancia de varios de ellos" que la presunta difamación investigada.

En su fallo, la jueza relata lo sucedido la noche del 14 y la madrugada del 15 de junio de 2005 en el centro Ser de la Colonia Berro, para lo que se vale de diferentes testimonios, en especial del responsable del grupo GEO de la Policía, con experiencia en esas situaciones y que estuvo durante el motín.

En ese motín con rehenes fue que se hicieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el senador frenteamplista, Eduardo Lorier (ambos del Partido Comunista), e intentaron mediar con los menores amotinados.

Lorier salió de la colonia en una camioneta con algunos de los menores amotinados armados y varios de ellos se fugaron.

Según Merialdo, se confirmaron sucesivas noticias de prensa, "en la que se puede advertir que ante la situación generada de traslado de jóvenes amotinados armados a dos centros del INAU, primero se intentó a los efectos de deslindar responsabilidades en el insuceso por parte de las autoridades del INAU (su presidente Víctor Giorgi) y la Sra. ministra de Desarrollo Social (Arismendi), al grupo GEO y al Juez interviniente (del cual indicaron que se fue temprano y en patrullero). Luego tras el firme apoyo de la actuación del Ministerio del Interior (al grupo GEO) y del Poder Judicial (al Juez actuante), se optó argumentar que los funcionarios del INAU comían asado, en una actitud incomprensible similar a la de los menores amotinados que también estaban comiendo asado".

Incomprensible. En la sentencia Merialdo indicó que "la singular situación del traslado de los jóvenes amotinados armados a dos centros del INAU, un grupo de ellos en una camioneta conducida por el Senador de la República Lorier", fue calificada por la vicepresidenta del INAU "de incomprensible, una locura".

La jueza también citó pasajes de la declaración Virgilio Pereira, encargado del grupo GEO. El oficial dijo que dos equipos fueron al lugar a reforzaron el perímetro, que en el establecimiento estaba el entonces director de Policía, Cono Cardozo, y que los negociadores eran funcionarios de INAU.

"Luego cuando llegaron el senador y la ministra tomaron ellos el mando", "entraron pero sin la custodia nuestra. Negociaban directamente ellos" y luego recibió la orden de retirar a los funcionarios del GEO, que se trasladaron hasta un destacamento "desde donde no teníamos visión" y quedó la Policía que normalmente está en el lugar. "En estas situaciones siempre se maneja la situación con un `negociador`, uno solo y de él dependen varias líneas y entre ellas la de los grupos tácticos", destacó

Caos. El oficial calificó en reiteradas ocasiones de "caos" la situación. Dijo que debido a la confusión le preocupaba el rescate y que los menores con rehenes "estaban armados con cortes y otros elementos". Sin embargo, "nunca se dio la orden de tomar el control aunque se podía haber hecho de acuerdo a la relación de fuerzas. Nosotros precisábamos la orden pues la parte nuestra es muy vertical", agregó. Sí , en cambio se les dio la orden de acompañar el móvil que iba a Montevideo con los amotinados, en su caso el que iba al Hogar Ariel del INAU, "todo eso se da en un caos total".

"Ya a esa altura tanto la Ministra como Lorier habían dado la orden de no tocar a los menores. Incluso cuando fue rescatado el senador, él increpó a las fuerzas policiales que lo hicieron. Esa orden fue recibida de Cono Cardozo de que los menores no fueran tocados", afirmó. Aclaró que "lo que se estaba brindando era seguridad en un traslado" "y el senador tenía un cuchillo en su cuello. Es ahí donde se interviene", dijo. El oficial narró que los menores fueron trasladados armados como parte de la negociación, "llevaban una especie de lanzas de metal y herramientas, cortes carcelarios y eso también se evalúa ya que un arma de fuego no pasa el chaleco de bala, no así un arma punzante que lo atraviesa, pero cuando entran al Hogar Ariel, las dejan. Cuando bajan del móvil, se escapan seis, en ese caos interno. Después fueron recapturados dos de ellos".

Preguntado por la jueza, Pereira respondió que estuvo en 20 o 30 motines con rehenes, pero que en éste "por razones que desconozco se hicieron presente el senador y la ministra", lo que no ocurrió en los otros, además de que no hubo coordinación entre policía e INAU. Incluso recordó que días después el grupo GEO ingresó y redujo a menores amotinados en el hogar Piedras de Colonia Berro; los trasladó y entregó al INAU y luego los menores pasaron por revisación médica, como en otros procedimientos.

Al igual que como entró, la vicepresidenta del INAU, Cristina Álvarez, salió ayer de un juzgado penal de la calle Misiones sin ser procesada por difamación, luego que la jueza Gabriela Merialdo no hizo lugar al pedido de procesamiento de la fiscal María del Huerto Martínez, por ese delito.

Álvarez y el presidente del INAU, Víctor Giorgi, fueron denunciados por Jorge Spaolonzi, quien tenía un cargo de jerarquía en la Colonia Berro cuando ocurrió el motín de junio de 2005 y los acusó de difamación.

Spaolonzi indicó que los denunciados efectuaron declaraciones públicas en sesiones de una comisión de la Cámara de Representantes, las que se difundieron a través de los medios de comunicación y que "ofendieron su honor exponiéndolo al odio y al desprecio público".

Específicamente, Álvarez lo acusó de estar omiso en sus actividades y haber comido asado con los amotinados mientras éstos tenían funcionarios de rehenes.

La fiscal pidió su condena y la defensa de Álvarez consideró que eso sería ilegal, inconstitucional y violatorio de normas internacionales sobre derechos humanos en cuanto tutelan el derecho a la libertad de expresión.

Merialdo desestimó el pedido de procesamiento y la fiscal anunció que apelará la decisión, por lo que un tribunal resolverá sobre este caso.