LORELY NICROSI

"Al que meta la mano en la lata se la cortamos", afirmó el 3 de marzo el presidente Tabaré Vázquez. Fue necesario el procesamiento de Juan Carlos Bengoa para que ahora en el Frente Amplio casi todos quieran que rueden unos dedos.

La cautela que mantuvieron la mayoría de los integrantes de la izquierda sobre el caso Bengoa se rompió ayer ante el pronunciamiento de la Justicia. Sólo los integrantes de Asamblea Uruguay, el sector de Bengoa, prefirieron guardar silencio al ser consultados por El País.

El hecho de que la izquierda haya tenido como bandera el tema de la transparencia cuando era oposición, los obliga ahora a pedir "las máximas sanciones" para Bengoa por parte del Frente Amplio, para intentar quedar menos salpicados por los primeros procesamientos por hechos de corrupción de integrantes del gobierno.

Por ello, los ministros de Vivienda, Mariano Arana, y de Salud Pública, María Julia Muñoz, redactaban anoche la carta que remitirán hoy a la dirección de la coalición, para someterse al Tribunal de Conducta Política. Ambos entienden que el procesamiento de Bengoa y de sus asesores Orestes González y José Antúnez (los tres integrantes de Asamblea Uruguay), "no son responsabilidad" de la anterior administración municipal que les tocó dirigir, sino que responden a actuaciones personales, afirmaron allegados a los dos ministros.

Al Tribunal de Conducta Política también se tocará analizar los casos de Bengoa, González y Antúnez.

Representantes de distintas sectores del Frente Amplio consideraron que los tres deben de ser "expulsados" de la coalición, para dar una señal "clara" a la ciudadanía. Sin embargo, las intenciones de que el Tribunal evalúe estos casos y se expida a la brevedad, pueden desvanecerse por el receso del verano.

Los integrante del órgano que juzga la conducta ética de los frenteamplista, Uberfil Monzón, José Pedro Montero y Guillermo Chifflet, admitieron a El País que el Tribunal inició el receso que se extenderá por lo menos hasta fines de enero. Pese a estar contemplado en los estatutos, el órgano no tiene previsto actuar de oficio, e iniciar el estudio del caso casinos municipales. No obstante, no se descarta que si la dirección de la izquierda le solicita que levante el receso, lo haga.

DEPURAR. El secretario general del Partido Comunista, el senador Eduardo Lorier, dijo que lo esencial es que "el Frente Amplio tenga la capacidad como partido y como gobierno de reconocer los hechos y de depurar sus filas".

"Operó la Justicia y no se puede hacer otra cosa que acatar. Es un pronunciamiento que desde el punto de vista político hace a la transparencia". Para Lorier el Tribunal de Conducta "debe actuar de oficio" y pronunciarse rápidamente sobre el tema.

Por su parte, el senador socialista José Korzeniak expresó: "Si el juez procesa se presume culpable". Korzeniak -constitucionalista- subrayó que "cuando un juez procesa es porque se cometió un delito. En principio presume que es culpable". Consideró además que el tema no afectará al Frente Amplio, porque también "unos 30 integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado fueron procesados".

Empero, Korzeniak dijo que "lo que el Frente tiene que hacer es pasar el tema al Tribunal de Conducta Política como lo hizo con (Mario) Areán -quien no fue procesado- pero recibió serios reproches"

"El poder puede corromper, pero se debe tener una conducta firme y no sacarle el cuerpo desde el punto de vista partidario, se debe ser bien drástico", indicó.

Entre tanto, el senador Alberto Breccia del MPP, admitió que "políticamente este hecho me produce una profunda pena y desde el punto da vista político una gran desazón. Es la primera vez que el Frente Amplio tiene procesados. Siempre dijimos que en estos casos se iba a actuar con rigor". Breccia señaló que el tema "es un golpe para la fuerza política, porque no teníamos antecedentes".

En la misma línea se pronunció el diputado Diego Cánepa, del Nuevo Espacio. "Cuando existe un cuestionamiento ético se debe separar del cargo, ahora más que nunca hay que hacerlo. Lo importante es la reacción que tenga la fuerza política. Se debe actuar con rapidez, sin miramientos, ser contundentes. No pueden quedar dudas ni a los frenteamplistas ni al resto de los uruguayos. El Tribunal de Conducta Política debe llegar a adoptar los máximos castigos", aseveró.

"Hay que cortarle la mano", dijo el diputado Eduardo Brenta, de la Vertiente Artiguista, expresión que también uso el director de la OPP, Enrique Rubio. "Es la hora de aplicar que el que meta la mano en la lata se la cortamos", dijo Brenta. Y subrayó que era necesario "separar la gestión de la anterior administración de los hechos delictivos", al deslindar de responsabilidades a Arana y Muñoz.

Álvarez y Bengoa en sesión de ediles

Los procesamientos con prisión esta semana del ex dictador Gregorio Álvarez y del ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, se cruzaron ayer en la Junta Departamental. El Frente Amplio promovió una moción de saludo por el procesamiento de Álvarez, pero frenó otra de blancos y colorados sobre Bengoa.

La edila quincista Glenda Rondán señaló que el Partido Colorado interpelará al intendente Ricardo Ehrlich en febrero para que explique detalles de los arrendamientos de slots. "Le perdimos la confianza a Ehrlich", dijo en sala.

El eje central de la cuestión es que las empresas Macale, Folway y Libretol, vinculadas a familiares de los ex asesores de Bengoa, Orestes González Braida y José Luis Antúnez, continúan funcionando. La próxima semana el intendente Ricardo Ehrlich dijo que recibirá a los ediles nacionalistas para analizar este punto, quienes reclaman una anulación de los contratos.

Desde la Junta Departamental, se exige que la comuna rescinda todos los contratos vinculados con estas empresas y que la Intendencia inicie un juicio a los ex jerarcas de Casinos Municipales.

La mayoría oficialista votó una declaración que señala "su beneplácito" porque la Justicia remitió a la cárcel al ex-dictador. "Se continúa abriendo los caminos de la verdad y la justicia en nuestra patria, condenando a los autores de atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos contra decenas de miles de uruguayos durante la dictadura cívico militar (…)", reza la declaración.

Minutos más tarde, la bancada nacionalista presentó una declaración que destacaba el trabajo de la Junta sobre el caso Bengoa y hacía mención a las pérdidas de U$S 14 millones de los Casinos Municipales. El oficialismo no acompañó el carácter de grave y urgente de esta moción para evitar un debate.