El Senado dio sanción definitiva a la ley de usura y ahora se espera la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre a regir. La iniciativa topea los máximos de tasas de interés que se pueden cobrar por los créditos.
La ley establece que en las operaciones inferiores a 2 millones de Unidades Indexadas (UI) a la inflación ($ 3.477.800 al valor de hoy), se configura usura cuando la tasa supera 60% la media del mercado. En las operaciones por monto superiores a los 2 millones de UI habrá usura cuando supera en 90% la media del mercado.
El texto se votó el martes en la cámara alta por 24 votos en 26 presentes.
Fuentes oficiales dijeron a El País que a priori no es necesario reglamentar el texto legal.
La ley permite descontar gastos fijos del cálculo de la tasa de interés para atender la situación de las empresas que manejan una cartera muy atomizada y que, si incluyeran todos los costos, quedarían con tasas por encima del límite de usura. El descuento máximo por costos operativos es de 40 UI ($ 69,50).
Las operaciones de crédito que quedarán contempladas por la norma son el descuento de documentos representativos de crédito; operaciones con letras de cambio y documentos representativos de obligaciones a crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o fecha fija; y el financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.
El Banco Central será el encargado de controlar todo lo que refiere a instituciones financieras (incluyendo cooperativas y tarjetas de crédito). La ley expresa que "los demás" (para dejar lo más abierto posible y que ninguna firma que realice actividad crediticia pueda escapar) serán controlados por el Área de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía.
Dentro de los últimos entrarían los prestamistas particulares y los créditos de los propios comercios, por ejemplo.
Las actuaciones podrán iniciarla los reguladores de oficio o en base a denuncias.
El director general de Comercio del Ministerio de Economía, Fernando Antía dijo a El País que con la entrada en vigencia de la ley "probablemente haya un mayor alineamiento de las tasas de interés respecto a las máximas".
"Creemos que los límites que se establecen son los suficientemente amplios para desarrollar actividades que tengan diversos riesgos crediticios sin afectar el mercado", agregó.
Para Antía la aplicación de la ley "no va a traer dificultades para la profundización del crédito a Pymes (Pequeñas y medianas empresas), pero va a evitar abusos".
Precisamente se fijó un tope más alto (90% de la tasa media de mercado) para los créditos superiores a 2 millones de UI, en el sentido que para los actores financieros conlleva un mayor riesgo ese tipo de créditos que pueden dar a las Pymes.
Otras fuentes oficiales destacaron que con la ley hay un "equilibrio" entre "no matar al crédito" y "no dejar desamparado al deudor".
Un largo periplo
Como otras leyes que envió el Ministerio de Economía al Parlamento, la ley de usura "durmió" un tiempo en los cajones del Palacio Legislativo. El proyecto fue enviado en septiembre de 2005 y más de dos años después fue aprobado. Los proyectos más longevos de Economía en el Parlamento son el de la reforma de la Caja Policial (desde noviembre de 2005) y el de la carta del Banco Central (diciembre de 2005).