PABLO DA SILVEIRA

Si los docentes son los que saben de educación, ¿por qué no permitir que la gobiernen? Ese es el tema al que dedicaron sus vidas y el que más han estudiado. ¿Qué necesidad hay de meter a los políticos?

Esta visión tiene muchos adeptos en Uruguay y está detrás del proyecto de Ley de Educación elaborado por el Poder Ejecutivo. Pero es una visión equivocada. Hay al menos dos señales de alarma que deberían abrirnos los ojos.

La primera es que nadie sensato aplica esta idea. En todas las sociedades con sistemas educativos medianamente exitosos, las decisiones fundamentales de la vida educativa las toma el poder político. Son los ministerios de educación los que administran recursos, establecen planes de estudio, fijan niveles de exigencia y evalúan resultados. Así son las cosas en Argentina y Brasil, en España y Estados Unidos, en Rusia y Australia. ¿Será que todos están equivocados? ¿O será que estamos haciendo el papel de aquel que creía que todos los demás iban a contramano?

La segunda señal de alarma es que el argumento es peligrosamente generalizable. Si los docentes deben gobernar (o cogobernar) la enseñanza porque son los que más saben de educación, entonces los médicos deberían elegir al Ministro de Salud Pública porque son los expertos en el tema. Y los policías deberían elegir al Ministro del Interior. Y los militares al Ministro de Defensa. El resultado sería un estado corporativo, idéntico al soñado por Benito Mussolini. Si el argumento es correcto para los docentes, ¿por qué no lo es en los demás casos?

La verdad es que el argumento tampoco es correcto en el caso de los docentes, y eso al menos por dos razones.

La primera es que el gobierno de la educación exige muchas decisiones que no son técnicas sino políticas. ¿Qué debemos priorizar en la distribución de recursos? ¿La enseñanza primaria a la que asiste la inmensa mayoría de los ciudadanos, o la enseñanza universitaria de donde saldrán los recursos humanos altamente calificados que el país necesita? La respuesta no es técnica sino política. Los técnicos pueden ayudarnos a anticipar posibles efectos, pero al final hay una decisión ciudadana.

La segunda razón es que los docentes son ante todo una corporación, esto es, un grupo de interés preocupado por defender sus condiciones de trabajo y sus niveles salariales. Por cierto, no hay nada malo en que existan grupos de interés. Pero no hay que olvidar que el reflejo de toda corporación es poner sus propios intereses por delante de los intereses comunes.

La educación uruguaya seguramente mejoraría si (como ocurre en casi todas partes) las escuelas y liceos pudieran elegir a sus docentes. Pero esa medida inquietaría a muchos docentes poco seguros de sí mismos, de modo que los sindicatos la rechazan. Por eso no es bueno que las corporaciones gobiernen servicios que deban satisfacer necesidades que son de todos.

La educación involucra al conjunto de la sociedad y requiere respuestas que puedan ser consideradas legítimas por todos.

Son los políticos electos para ocupar cargos de gobierno (es decir, los representantes de los ciudadanos) quienes deben dirigirla.

También los políticos tienen sus propios intereses (principalmente, volver a ser electos en las próximas elecciones) pero la gran diferencia es que, para satisfacerlos, deben someterse al control de los electores.