El gobierno propuso ayer a los sindicatos de funcionarios públicos la firma de convenios colectivos a tres años, hasta 2010, después de las elecciones. Pero los gremialistas quedaron molestos: no hubo fórmulas concretas para el ajuste de enero.
El planteo para los sindicatos estatales es similar al de la órbita privada: dejar las "reglas claras" durante 2008 y 2009, años de campaña electoral y que recién se vuelva a discutir aumentos salariales en el próximo gobierno, en 2010.
El tema se trató ayer en el Edificio Libertad, donde se reunió el consejo superior público, integrado por delegados sindicales de las diferentes áreas del Estado más representantes del Poder Ejecutivo. Según dijeron fuentes sindicales a El País, el gobierno planteó dos situaciones distintas. Los funcionarios de la Administración Central y de la ANEP aún tienen salario por recuperar, de lo perdido en el gobierno anterior. En el caso de los funcionarios de entes y bancos públicos, el Poder Ejecutivo considera que ya recuperaron todo el salario perdido y se planteó que los futuros ajustes estén ligados a criterios de productividad y cláusulas de mejora de gestión.
Si bien los representantes del gobierno dijeron que los públicos mantendrán el salario real, los sindicalistas evaluaron como "preocupante" que "no se hayan manejado cifras" ni una pauta salarial. De hecho, el Ejecutivo adelantó que el Ministerio de Economía estudia la relación entre inflación y salario, y si el alza del IPC se debe a "causas estructurales o coyunturales", explicó el sindicalista José Olivera. El gobierno deslizó que se estudia "revisar" la pauta salarial por la cual el ajuste tiene como uno de sus componentes el 100% de la inflación del año que termina. El Ministerio de Economía presentaría una nueva propuesta al Consejo de Ministros, dijeron fuentes sindicales. Algunos sindicalistas incluso interpretaron que el gobierno apunta a "desindexar" los ajustes y que no estén vinculados a la inflación pasada.
Entre los sindicalistas hay un malestar generalizado. El bancario Carlos Márquez dijo que el gobierno está "resposicionándose" y que debe haber una respuesta urgente. El sindicalista judicial Gustavo Signorelli sostuvo que "no hay acuerdo" entre los propios gobernantes" y que "los tiempos urgen". El Pit pidió una propuesta concreta en diez días.