Madrid - La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió hoy prisión para 18 de los 23 dirigentes de Batasuna detenidos el jueves último, cuando presuntamente recomponían la estructura de la formación, ilegalizada en 2003, dejó en libertad a dos y a los otros tres les pidió fianza para recuperar la libertad.
Los 23 miembros de Batasuna, el brazo político ilegalizado de la organización terrorista ETA, declararon hoy ante el juez de la Audiencia Baltasar Garzón, quien ordenó las detenciones por considerar la reiteración delictiva de algunos de ellos por haber vulnerado la suspensión de actividades de Batasuna y a otros de pertenencia a banda armada.
Este magistrado decretó la suspensión de actividades de Batasuna el 26 de agosto de 2002 y el Tribunal Supremo declaró ilegal a la organización el 27 de marzo de 2003.
Después de los interrogatorios, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió prisión incondicional para 18 de los 23 detenidos, entre ellos el coordinador de Batasuna Joseba Permach, y para tres de ellos ha solicitado una fianza de 10.000 euros (unos 14.000 dólares) para eludir la cárcel.
Algunos de los detenidos son acusados por los delitos de integración en banda armada y otros por reiteración delictiva al estar ya procesados en diferentes sumarios.
Permach y otros quince de los detenidos pertenecen a la Mesa Nacional (dirección) de Batasuna.
La operación en la que fueron detenidas estas 23 personas está enmarcada en el sumario que instruye Garzón para investigar la subordinación de Batasuna a ETA a través de la financiación de las "herriko tabernas", bares controlados por Batasuna.
Fuentes jurídicas confirmaron que el juez ha dejado en libertad a Iban Berasategi y Xabier Albisu, que participaron en la reunión celebrada el jueves, pero no tienen una vinculación directa con la Mesa Nacional.
Las 23 personas fueron detenidas el pasado jueves cuando presuntamente reorganizaban la estructura de la formación para seguir dando cobertura a ETA.
El líder nacional del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, dijo que estas detenciones debieron producirse "hace años", mientras que la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, reclamó que la actuación judicial contra Batasuna continúe con la ilegalización del partido independentista Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK).
En el País Vasco, la portavoz del gobierno regional, Miren Azkarate, dijo que los 23 detenidos "estaban reunidos hablando y no tenían pistolas ni bombas", por lo que se preguntó si esto es delito o se trata de "romper todos los puentes de diálogo".
Azkarate se preguntó sobre la aplicación del estado de derecho "cuando a los mismos que han detenido, y les hacen pasar delante de la Audiencia Nacional, les han considerado interlocutores durante meses y meses."
El Gobierno español mantuvo un proceso de diálogo con el independentismo vasco durante el segundo semestre de 2006, que rompió unilateralmente y de forma inmediata después de que ETA perpetrara un atentado el 30 de diciembre pasado en Madrid, que costó la vida a dos personas, ciudadanos de Ecuador.
En las cuatro décadas de actividad terrorista, ETA ha causado más de 800 muertes.
EFE