Educación y pasta de dientes

PABLO DA SILVEIRA

Al fin empieza a conocerse el anteproyecto de Ley de Educación que el gobierno ha venido preparando. Y las noticias no son alentadoras. El anteproyecto no introduce ningún cambio revolucionario, pero profundiza todos los males existentes. Con un agravante: en varios aspectos esenciales se introducen cambios que, además de perniciosos, serán muy difíciles de revertir.

Nuestra educación está aquejada por múltiples males, pero casi todos se reducen a tres problemas fundamentales.

El primero es la falta de responsabilidad política. El Ministro de Educación se ocupa de los fiscales y los registros, pero muy poco de la enseñanza. Las únicas áreas en las que tiene real incidencia son las guarderías y las universidades privadas. El resto está en manos de dos entes autónomos (ANEP y la Universidad de la República), que actúan con gran autonomía. El Codicen (es decir, el Consejo Directivo Central de ANEP) reúne la mayor parte de las funciones que suelen ejercer los ministros de educación. Pero los cinco miembros de ese órgano no pueden ser interpelados por el Parlamento y es muy difícil removerlos. El abandono escolar y el ausentismo docente pueden aumentar, o la calidad de los aprendizajes puede disminuir, sin que nadie se haga cargo: el Ministro dirá que no es responsable y los miembros del Codicen (o los jerarcas de la Universidad de la República) dirán que a ellos nadie les dice lo que tienen que hacer.

El segundo problema es la debilidad ante las corporaciones: los legisladores no pueden ejercer mayor presión, pero los gremios de la enseñanza pueden hacerlo. La tendencia de las autoridades es entonces a ceder ante las presiones gremiales. En la Universidad de la República no se descuentan los paros y en ANEP no se sanciona el ausentismo. Todo el mundo sabe que es necesario fortalecer la figura del director, pero los sindicatos se oponen y el tema se abandona. Algunos docentes protestan porque pierden horas de clase y se reducen horas de inglés para satisfacerlos. No importa el daño que se causa. El sistema educativo parece existir para satisfacer los intereses de sus funcionarios, y sólo después los de los alumnos.

El tercer problema es la falta de ejecutividad: la multiplicación de órganos deliberantes hace que se tomen menos decisiones de las necesarias. La Universidad de la República lleva décadas hablando de reformas sin cambiar casi nada, y la longevidad de los planes de estudio en primaria y secundaria es asombrosa en términos comparativos. Todo sucumbe ante la máquina de impedir.

El anteproyecto presentado por el MEC agrava estos problemas. El "Sistema Nacional de Educación Pública" que se propone sigue siendo una federación de órganos autónomos. La política educativa pasará a estar en manos de 38 personas repartidas en 7 consejos diferentes. Al menos 9 de esas 38 personas serán representantes de las corporaciones docentes.

Nada de esto augura buenos resultados, pero además será difícil de modificar. Por ejemplo, una vez que se incorpore a representantes docentes en los órganos de gobierno no será fácil desalojarlos.

Sacar la pasta de dientes del pomo es más sencillo que volverla a su sitio.

En su búsqueda de satisfacer las expectativas que él mismo alentó, el gobierno está asumiendo una grave responsabilidad histórica. Nos estamos jugando el futuro.