Miltitares uruguayos piden retornar a Uruguay

SANTIAGO DE CHILE - Los militares uruguayos procesados por el crimen del ex agente de la Dina, policía política de la dictadura, el químico Eugenio Berríos, insistieron hoy ante la Corte de Apelaciones en viajar a su país y cumplir allí con el régimen de libertad condicional en que se encuentran.

Los oficiales del Ejército Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli presentaron un documento de la embajada uruguaya donde su gobierno se compromete a resguardar su arraigo.

"Tenemos el apoyo del presidente Tabaré Vásquez, del gobierno de nuestro país y nuestro Ejército", dijo hoy Casella en los tribunales.

La posibilidad de viajar a su país les fue negada el 23 de septiembre por el juez Alejandro Madrid, quien instruye la causa.

Consultado sobre si una vez que se concrete su solicitud estaría dispuesto a volver a Chile cada vez que la justicia lo determine, Casella respondió: "por supuesto".

"Nosotros desde hace 15 años estamos a disposición de distintos tribunales de justicia. Lo que solicitamos es estar en nuestro país con nuestras familias y nuestros trabajos", expresó el coronel retirado, que junto a los otros dos oficiales cumplieron un año y medio en Chile.

El militar se quejó que hace más de un año no fueron interrogados ni requeridos por la justicia y que estuvieron "totalmente aislados", indocumentados y sin poder siquiera sacar licencia de conducir.

El juez Madrid rechazó la petición de los tres militares aduciendo que no estaban dadas las garantías legales ni los presupuestos del sentido común para acceder a ella.

Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército a través de Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay.

En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya. Su fecha de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.

Al igual que Casella, Radaelli y Sarli, el juez mantiene procesados por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia a los ex directores de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno Hernán Ramírez y Eugenio Covarrubias, al mayor Arturo Silva, los capitanes Jaime Torres y Pablo Rodríguez, el funcionario civil Raúl Lillo, el comandante Manuel Pérez, el ex auditor general del Ejército Fernando Torres y el abogado Enrique Ibarra.

Covarrubias enfrenta también cargos como autor de secuestro con homicidio.

El magistrado encausó asimismo, en condición de encubridor, al coronel uruguayo Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.

ANSA