Los hermanos Peirano fuera de juicio al BCU

Los hermanos Peirano Basso quedaron fuera de la demanda que presentaron contra el Banco Central del Uruguay (BCU), por la intervención y liquidación de los bancos de Montevideo y Caja Obrera.

La jueza de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, decidió ayer que el juicio contra el BCU siga solamente para las empresas demandantes Compagne D`Investimessements y Detix S.A. y no en el caso de los hermanos Juan, Dante, José y Jorge Peirano. Sostuvo para ello que los ex banqueros no presentaron documentación que acreditaran su condición de accionistas de los bancos intervenidos y liquidados en 2002.

Tanto el abogado de los Peirano, Pablo González Bianchi, como el del BCU, Daniel Artecona, apelarán la decisión de Cabrera.

El BCU había solicitado el archivo del expediente, en base a considerar que la demanda se presentó cuando ya había caducado el plazo para hacerlo y los ex banqueros no estaban legitimados para presentar dicho recurso.

Cabrera afirmó que hay "falta de un presupuesto procesal por no agotamiento de la vía administrativa", es decir que los hermanos Peirano debieron haber interpuesto recursos contra los actos administrativos formales que dispusieron la intervención de los bancos de Montevideo y Caja Obrera y no lo hicieron.

Por otra parte, la jueza desestimó la excepción de caducidad reclamada por el BCU, entendió que el plazo de cuatro años para iniciar reclamaciones contra el Estado comenzó cuando se decretó la liquidación de los bancos y por eso la demanda fue presentada en plazo.

Legitimación. La magistrada expresó que quedan afuera de la demanda las personas físicas, en este caso los hermanos Peirano, por "falta de legitimación activa", ya que no acreditaron su calidad de accionistas de los bancos liquidados.

Debido a eso limitó el proceso al reclamo por daños y perjuicios que aducen haber sufrido las dos sociedades anónimas mencionadas por la intervención del Banco Montevideo y por los hechos materiales durante la etapa de intervención hasta la liquidación de la institución financiera en 2002.

El trámite en el tribunal civil que resuelva sobre las apelaciones anunciadas por ambas partes llevará entre seis y doce meses. El juicio, en tanto, durará unos tres años.