SEBASTIÁN CABRERA

Luego de sufrir dos ocupaciones en un mes, el grupo israelí propietario de Mi Granja dice que las medidas sindicales provocaron daños irreversibles en su plantación. Anuncia demandas judiciales y el cierre.

El sindicato realizó un paro con ocupación a comienzos de setiembre ante la negativa de la empresa a pagar parte del aumento salarial. Luego se firmó un acuerdo, pero la empresa volvió a incumplir y el sindicato ocupó otra vez la planta entre el martes y el viernes pasado.

La situación pareció solucionarse, pero ahora la frutícola emitió un comunicado donde afirma que el sindicato "gobierna y paraliza" la granja. "Los árboles que estaban brotando se dañaron en forma irreversible. No habrá producción ni cosecha este año ni los siguientes", dice la empresa en una nota.

Mi Granja contrató a una empresa uruguaya que evaluará el "daño real", estimado por sus dueños en un millón de dólares. El sindicato, en cambio, asegura que "no hubo pérdidas", ya que la cosecha de duraznos -la única que se podía perder- superará la del año pasado. El director de Trabajo, Julio Baráibar, consultó el tema al Ministerio de Ganadería, donde le respondieron que "no hay riesgos". Sí "existe nerviosismo en la empresa porque es el momento de curar los árboles", justificó Baráibar.

ADVERTENCIA. Mi Granja sostiene que el presidente del sindicato trabaja "solo escasos días por mes" y tiene "ambiciones políticas, por lo cual fomenta los roces". La empresa dice negarse al "chantaje" sindical.

"Así no podemos seguir. No se puede hacer nada acá. Nosotros invertimos plata y ellos hacen daño", dijo a El País el gerente de producción, Moshe Poria, de origen israelí. La firma pide que, ante próximas ocupaciones, existan intervenciones del Ministerio de Trabajo o de la Justicia. Mañana hay una audiencia en el MTSS para negociar un nuevo convenio colectivo y, si no hay acuerdo en ese punto, la empresa cerrará el lunes 1°, anunció Poria. En el comunicado advierten que si no cambia la posición oficial, "no hay otro camino" que el despido de los 160 empleados

La empresa considera que el gobierno "apoya estas actividades violentas". Por eso, preparan una demanda por daños y perjuicios contra el Estado y contra el sindicato, "que será publicada en todos los medios de difusión, informando los peligros de inversión en Uruguay, país que actúa contra inversores extranjeros e incentiva el vandalismo de los obreros".