E. DELGADO/ R.ROSSELLO

La conexión entre las armas robadas en Boiso Lanza y Colombia tiene un eslabón claro: la avioneta capturada en Salto con 500 kilos de cocaína. Una mujer rubia y un auto verde son algunas de las claves de este, cada vez más complejo caso.

De los ocho procesados hasta ahora, hay uno que mantiene un empecinado silencio: el recluso L.E.D.O. Los investigadores y el juez están convencidos de que él conoce algunos detalles determinantes: quién pagó por los 11 fusiles FAL y las dos subametralladoras FM-K3 y a qué país viajaron.

Pero las investigaciones desarrolladas hasta ahora por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) revelaron otros detalles que ahora desvelan a los investigadores y al juez penal Ricardo Miguez. La presencia de una mujer rubia que entregaba a L.E.D.O. el dinero con el que se pagó a los soldados por las armas.

Fuentes de la investigación indicaron a El País que la dirección que se está siguiendo apunta hacia los cinco colombianos capturados en Salto con el mayor cargamento de cocaína incautado en la historia del país. La hipótesis, todavía no comprobada, establece que muy probablemente los mismos vuelos que trajeron drogas llevaron armas hacia Colombia. La razón es la disputa que mantienen varios grupos de narcotraficantes por ocupar espacios dejados por los líderes de los carteles más poderosos. Juan Carlos Ramírez Abadía, el Chupeta, detenido en Brasil, es uno de ellos.

Algunos detalles de la investigación en curso quedaron reflejados en el auto de procesamiento al que accedió El País.

Cómo se sustrajeron las armas de Boiso Lanza y cómo tuvo lugar la transacción ilegal son algunos de los elementos manejados.

el robo. El soldado J.A.R.M. era quien tenía acceso a la llave de la jaula donde se guardaban las armas. A este efectivo le cupo un papel clave en la extracción del armamento.

De los testimonios de los indagados se desprende que él, junto a los soldados E.D.R.O., J.A.P.A. y P.D.L.S. fueron quienes realizaron la sustracción de ocho de las 13 armas robadas. La casa de un particular, A.B.M., en la calle Altair y camino Mendoza, fue el sitio donde se encontró el fusil FAL que pertenecía a un soldado de la base. Pero era la casa del recluso L.E.D.O. el lugar donde tuvieron lugar la mayoría de las transacciones.

El método era bastante sencillo. El soldado J.A.R.M. esperaba hasta la hora del almuerzo -cuando "no queda nadie en la compañía"- para tomar las llaves, abrir la jaula y retirar el arma. Con ayuda de alguno de los otros tres soldados, llevaban la pieza hasta un sector de la base, "una sección donde hay camiones abandonados", para allí desarmar el fusil, colocarlo en bolsas y dejarlo en condiciones de ser sacados.

Luego J.A.R.M. enviaba un mensaje al celular de L.E.D.O., acordaban el encuentro y en su casa se realizaba la venta.

Los soldados recibían distintas cantidades de dinero por los fusiles robados. P.D.L.S. recibió $ 15.000 y el soldado E.D.RO. $ 8.000; en otra ocasión P.D.L.S. y J.A.R.M. recibieron $ 4.000 cada uno.

El recluso L.E.D.O., conocido por los apodos de "Patrón", "El Flaco", o "Tío" por los soldados, era el comprador, pero el dinero provenía de otras fuentes.

Y este es, precisamente, el aspecto que ahora desvela a los investigadores de la DNII.

La venta de cuatro fusiles FAL y dos subametralladoras FM-K3 fue clave para ponerlos en la pista. En esa transacción, L.E.D.O. pagó la suma de U$S 1.000 por las armas.

"El dinero era recibido en un sobre y previamente, en algunas oportunidades, se había observado un vehículo de color verde estacionado frente a la casa de L.E.D.O. y a una mujer rubia que efectuaba las entregas monetarias a L.E.D.O., el que inmediatamente procedía al intercambio con los indagados", expresa el fallo judicial.

Aquí, entonces, parece residir la clave del caso. Aunque hay otros puntos que todavía permanecen en la nebulosa: los procesados aceptaron haber robado sólo ocho de las 13 armas sustraídas de Boiso Lanza.

La DNII analiza con especial atención los contactos telefónicos que los indagados mantuvieron entre sí. De allí, señalaron fuentes del caso, podrían surgir datos de sumo interés que por ahora los más comprometidos -como es el caso del recluso L.E.D.O.- mantienen en silencio.

Los cuatro soldados permanecen alojados en Cárcel Central. Fuentes del establecimiento informaron a El País que los soldados procesados están "en tránsito", puesto que serán alojados en otras prisiones. Informaron, asimismo, que han recibido visitas de sus familiares. Otras fuentes del caso señalaron que los soldados han manifestado su temor a ser víctimas de alguna represalia.

Mientras se procesan estos elementos, el juez penal Ricardo Míguez solicitó a la Fuerza Aérea que facilite la comparecencia de otros seis soldados y un cabo de la base militar.

La investigación, en la fase netamente policial, avanza lentamente. Pero, de todos modos, los investigadores policiales son optimistas.

El nexo entre los soldados y la cárcel en la mira del juez

El juez Ricardo Miguez pidió a la Fuerza Aérea abundante información sobre el caso. Entre los nueve ítems de la solicitud remitida al comandante en jefe, está el sistema de control de armamento, la frecuencia con que se hacía el mismo, quiénes eran los responsables de esa sección desde mayo pasado y a quién pertenecían las armas.

Pero el magistrado expresó particular interés en establecer cuántos de los efectivos indagados habían cumplido tareas de custodia en establecimientos carcelarios.

El punto no es menor. De los testimonios surge que uno de los soldados procesados trabó relación con el recluso L.E.D.O. cuando era custodio en el perímetro externo del Comcar. Ligado con ello, el juez pidió a la Dirección Nacional de Cárceles que le informara en qué establecimientos estuvo alojado L.E.D.O. antes del Comcar.

En cuanto a los sistemas de contralor de armas, Miguez pretende establecer si existen registros de las armas utilizadas por los efectivos; si los mismos son revisados al abandonar la base, y los períodos de control.

La sede judicial también reclamó al Comando de Fuerza Aérea información sobre el relevo de un capitán de la base, elemento que llegó a conocimiento del juez penal tan solo por una información publicada por El País en su edición del 14 de septiembre pasado.