El Partido Nacional decidió dar por terminadas las negociaciones que llevaba adelante con el gobierno de Vázquez, en torno a la renovación del Tribunal de Cuentas (TCR) y la Corte Electoral, siendo uno de los motivos las duras críticas que recibió desde el Poder Ejecutivo la observación que el TCR realizó en la venta directa de la mayoría del paquete accionario de Pluna al grupo inversor Leadgate Investment.
Hoy habrá una reunión de la bancada del Partido Nacional para decidir si se realiza una interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y al ministro de Economía Danilo Astori.
El directorio nacionalista ya afirmó que acatará la decisión que se decida en la reunión, donde analizarán también la respuesta de Rossi, informó a El País el senador blanco Carlos Moreira.
Entre los puntos del negocio que observó el Tribunal, figura que la venta de Pluna se haya llevado en forma directa, un subsidio estatal por tres años para la compra de combustibles, el otorgamiento de rutas, el mantenimiento de un crédito de U$S 14 millones del BROU, y las escasas facultades que se le confiere a la comisión fiscal con mayoría estatal, entre otros puntos que el organismo de contralor entiende van en contra de los intereses del Estado y en beneficio del privado.
El presidente del Directorio blanco, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), dijo días pasados a El País que el gobierno se "desacata" al criticar el dictamen del Tribunal de Cuentas. "Cuando el Tribunal cuestiona la legalidad o la conveniencia de un acto de gobierno, resulta que el gobierno sospecha políticamente del Tribunal. Creemos que cuando hace esto comienza un camino de soberbia y arbitrariedad. No es posible que el Poder Ejecutivo avale con la responsabilidad del Estado el negocio de Pluna", sostuvo Larrañaga.
El senador blanco dijo que esta actitud del gobierno abre una gran interrogante respecto a qué haría en caso de un informe adverso del Tribunal de Cuenta una vez renovada su integración, como pretende el Frente Amplio. "Si se lograra la renovación, qué puede asegurar que el gobierno acate un dictamen contrario", se preguntó.
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