El directorio del INAU resolvió, aunque sin consenso, no apelar el fallo de la jueza Graciela Barcelona y dar comienzo al proceso de internación de los menores en situación de calle. El organismo dice que hay "intromisión" de la Justicia.

Las autoridades del organismo explicaron ante los diputados de las comisiones de Constitución y Códigos, Población y Desarrollo y Derechos Humanos los procedimientos para cumplir el dictamen judicial, aunque las críticas a éste fueron explícitas. El directorio del INAU fue a la comisión a iniciativa del herrerista Gustavo Borsari.

El propio directorio del organismo votó dividido a la hora de decidir la respuesta al fallo. Su presidente, Víctor Giorgi (MPP) y el director Jorge Ferrando (Vertiente Artiguista) impusieron su voluntad por sobre la vicepresidenta de la entidad, Cristina Álvarez (Partido Comunista), quien pidió apelar el dictamen de la jueza Barcelona. La ex secretaria general del Partido Comunista y ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se había pronunciado en ese sentido días atrás.

De todos modos, los cuestionamientos al fallo judicial y al escrito del fiscal Enrique Viana estuvieron presentes ayer en el Parlamento, incluso desde la oposición.

En un momento de su intervención en la comisión, Giorgi sostuvo que la jueza Barcelona incurría en "intromisión" en las políticas sociales que promueve el Poder Ejecutivo. En esa misma línea se pronunciaron algunos legisladores del Frente Amplio, que valoraron que en el dictamen figuraban "elementos políticos y no jurídicos".

El diputado Diego Cánepa (Nuevo Espacio) manifestó su disconformidad con Barcelona, pues, argumentó, "la Justicia no tiene que controlar la ejecución de la políticas públicas". "A lo menos es discutible si no hay intromisión en los poderes" del organismo, declaró Cánepa a El País.

La diputada blanca y ex directora del INAU, Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista), sostuvo en la comisión que es "preocupante que la Justicia hable de omisión" de las tareas inherentes a la protección de la infancia y que "el accionar del fiscal discrepa con el espíritu de los legisladores que elaboraron el Código de la Niñez y la Adolescencia". Argimón calificó al escrito de Viana como "prehistórico".

En tanto, Giorgi abonó ese argumento y señaló que no internar a los menores en las dependencias del INAU "no significa dejarlos sin protección".

Por otra parte, el jerarca explicó que se cumplirá con lo dispuesto por Barcelona y que en los 90 días de plazo se llevara a cabo un estudio sobre los menores en situación de calle. "Después se verán las medidas concretas y singulares para orientar la protección (de los menores), algunas de las cuales pueden ser la internación y otras no", puntualizó.

Cuando los padres se nieguen a trasladar a los menores a centros del INAU se coordinará con la Justicia un protocolo de intervención, pues el INAU no puede separar a los niños de sus padres por iniciativa propia. Cuando no hay un referente familiar, el menor se niega a ser trasladado y los intentos de persuasión no dan resultados, el organismo actuará coercitivamente y procederá a su internación, comunicando previamente al juez competente.

El INAU y la Mides realizarán en octubre el estudio sobre los niños y adolescentes en situación de calle. No existen cifras oficiales y las autoridades manejan un informe de la ONG Gurises Unidos de 2003 que da cuenta de la existencia de 3.100 en Montevideo y más de 4.000 en el interior del país.

Infamilia mostró su trabajo

El director del programa Infancia y Familia (Infamilia) del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Bango, explicó ayer ante los parlamentarios que a través de ese plan se han atendido a 654 niños en situación de calle sólo en Montevideo y Canelones. De ellos, 221 ya no están más en la calle y tampoco en hogares del INAU. Además, unos 240 han reducido más de la mitad su presencia en la calle. Aún trabajan con el resto.