LORELEY NICROSI

El Frente Amplio postergará hasta el Congreso de 2008, el debate sobre la anulación de la ley de Caducidad. La idea es no embretar al gobierno de Tabaré Vázquez con el tema, y tirar la pelota para la próxima administración.

Así lo entienden los sectores más afines al gobierno, quienes consideran que si Vázquez se comprometió antes de asumir el poder a mantener la ley vigente, por ello la fuerza política no puede ahora dejar al mandatario en falsa escuadra.

La posición se fundamenta, además, en que el programa de gobierno del Frente Amplio que aprobó la ciudadanía en octubre de 2004, expresa que el gobierno de la coalición intenta-rá esclarecer la situación de los ciudadanos desaparecidos, en base al cumplimiento del artículo cuarto de la ley.

El viernes, durante el mensaje que trasmitió a la ciudadanía, Vázquez insistió en señalar en que no derogará la norma, ni "desconocerá la legislación vigente".

Sin embargo, gravita en la izquierda la campaña que lanzaron el martes 4, el Pit-Cnt junto a organizaciones sociales, entidades vinculadas a los derechos humanos y representantes de sectores políticos del Frente Amplio para anular parte de la norma. El acto fue el puntapié inicial para instalar el debate sobre el tema en el conglomerado. Algunos creen que si la campaña de recolección de firmas cobra fuerza en los próximos dos meses, el tema puede llegar a ser debatido en el congreso de diciembre del Frente Amplio. Otros lo descartan al recordar que no está en la agenda. No obstante, aunque el tema puede llegar a plantearse, difícilmente hayan condiciones políticas para definirlo. Por eso, se cree que la oportunidad se dará en el congreso del año próximo, momento en que la izquierda deberá definir el programa de gobierno que presentará en las elecciones de 2009. De todas formas, se da como un hecho que el tema formará parte de la campaña electoral de 2009, más allá que el Frente Amplio asuma en su programa el compromiso de apoyar la reforma constitucional que propicia la anulación de parte de la ley o en su defecto, deje las manos libres a sus adherentes para que voten de acuerdo a sus concepciones.

La actitud que adoptará la coalición dependerá además de quien sea el candidato presidencial que la represente. El congreso de 2008, además de definir el programa de gobierno, nominará a los precandidatos presidenciales o, si hay acuerdo, proclamará la formula tal como lo hizo en 2003.

El dirigente socialista Manuel Núñez afirmó que la anulación de la norma impulsada por una comisión integrada por la central sindical y organizaciones sociales y políticas, "no es un tema en que el Frente Amplio esté involucrado".

"Nos comprometimos a no anular la ley en este período de gobierno. En el congreso del año próximo se evaluará cuando se defina la política de derechos humanos que contendrá el programa de gobierno. Dentro de un año veremos. Todo dependerá del programa y de quien sea el candidato".

Por su parte, el adherente a la campaña de anulación, el diputado Doreen Ibarra, del Fidel, consideró que "sin duda, la fuerza política el año próximo deberá definir si apoya la campaña o deja en libertad de elección a sus adherentes". Subrayó que su sector se sumó a la iniciativa porque no afecta al gobierno de Vázquez, debido a que el plebiscito se realizará en octubre de 2009. "No tenemos dudas que es para el próximo gobierno", afirmó. Entre tanto, el también adherente diputado Gonzalo Mujica, de Compromiso Frenteamplista, consideró que a partir del lanzamiento de la campaña "se introduce la discusión del tema en el Frente Amplio". El dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, Carlos Coitiño, impulsor de la anulación, opinó que el Frente Amplio "no puede hacer campaña en contra de la anulación porque lesionaría valores y principios". Sostuvo que "sin ninguna duda el nuevo gobierno se va a encontrar con algo que el pueblo resolvió y deberá respetar".

Una sola firma por papeleta

El lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para anular la ley de Caducidad, insumió en una primera etapa la impresión de más de cien mil papeletas. Las hojas, en las que sólo puede estamparse el nombre de un ciudadano, su número de credencial y su firma, fueron distribuidas a través del Pit-Cnt a todos los sindicatos. También Fucvam se encargará de repartir las papeletas a los cooperativistas de todo el país. Sectores del Frente Amplio, como el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), se abocarán a trabajar intensamente en la campaña, según lo señaló el dirigente Carlos Coitiño. La sede del Pit-Cnt será el local donde sesionará todos los jueves la comisión que impulsa la reforma constitucional. Con aportes de sindicatos se financia la campaña.

Radicales apoyan a medias

Los grupos radicales del Frente Amplio, como el Movimiento 26 de Marzo, entienden que si existiera voluntad política de los sectores cuyos dirigentes sindicales integran el Pit-Cnt, la ley de Caducidad sería derogada en el Parlamento, sin necesidad de promover una consulta. El 26 de Marzo apoya la anulación de la norma, de la misma forma en que lo hizo en el congreso del Frente Amplio de 2003, cuando por una escasa mayoría se resolvió mantener la ley vigente. El dirigente Eduardo Rubio dijo a El País que "con la sola fuerza de los sectores del Frente Amplio que tienen dirigentes en el Pit-Cnt, la FEUU y demás organizaciones sociales, se podría anular la ley". "Entendemos que hay condiciones políticas para anularla ahora. Ya se podría hacer, sin poner a la gente a recolectar firmas y luego atravesar todo el proceso de verificación". Integrantes del sector adherirán a la propuesta, pero por el momento no tienen previsto sumarse a la campaña.

Entre tanto, otros representantes radicales, estimaron que si bien es "noble" el cometido de promover la derogación de la ley, el tema puede transformarse en "una cortina de humo" para evitar que el debate político en la izquierda se realice sobre los cuestionamientos al gobierno que surgen de los militantes.