El Ministerio de Defensa informó al Parlamento que la investigación que ordenó sobre el frustrado cargamento de municiones de Venezuela busca hallar a los "responsables" de las gestiones ante el embajador en ese país, Gerónimo Cardozo.
La gestión hecha en Defensa por una persona que se trata de establecer, sumada a la del diplomático, permitió facilitar la presentación de una compañía de armamento de Irán en una licitación pública para proveer fusiles al Ejército a través de una empresa privada venezolana. Este hecho fue informado a la comisión de Defensa de Diputados en un documento oficial de la cartera firmado por la ministra Azucena Berrutti. El Ministerio de Defensa indicó que la investigación "está en sus inicios, en etapa de instrucción y de recolección de pruebas".
En ese informe, al que accedió El País, la cartera reconoció que prestó, bajo la condición de que fueran devueltas, las municiones que permitieron probar los fusiles iraníes. Y que lo propio hizo con el armamento ruso e inglés que empresas privadas ofrecieron en la misma licitación. Defensa explicó que el envío de las municiones fue pedido por la empresa venezolana Cavim como "reintegro" de los proyectiles requeridos, pero no dio otros datos sobre cómo se procedió con el armamento de otra procedencia.
"ILEGALIDAD". El Ministerio corroboró lo que había sostenido públicamente el embajador Cardozo: que la empresa Cavim fue quien pidió embarcar las municiones en el buque General Artigas para enviarlas a Montevideo, a lo cual la Armada no se habría opuesto, según se desprende del informe enviado al Parlamento. Según Defensa, la Armada había planteado en el mes de mayo que su buque podría traer las municiones, pero el Ministerio recién admitió haberse enterado en julio, y suspendió el embarque.
El informe en mayoría de una comisión preinvestigadora sobre este caso, firmado por blancos y colorados, aconseja la formación de una investigadora parlamentaria, y considera "ilegal" el embarque porque al prestar los proyectiles el Ministerio facilitó con recursos del Estado la concreción de negocios de empresas privadas.
Blancos y colorados consideran "irregular" la intención de transportar las municiones a bordo del buque militar uruguayo. Para ellos, la gestión del embajador Cardozo merece el mismo calificativo.
Defensa informó que está llevando a cabo una "investigación administrativa" cuyo objetivo "tiende a comprobar la existencia de actos o hechos irregulares que pudieren haber afectado el trámite" del pedido de Cavim, y que tiene el propósito de "individualizar a los responsables" de acciones irregulares.
El Ministerio explicó que las empresas privadas enviaron fusiles para prueba en respuesta a "una invitación" para el cambio de armamento individual.
Hubo un período de pruebas de todas las armas que se cumplió "bajo estricta reserva", agregó el Ministerio, e informó que en estos momentos se encuentra en elaboración el "informe final de precalificación" de ofertas de las armas.
Doble interpelación
Esta semana, en una reunión extraordinaria de la Cámara de Representantes, se podría considerar el dictamen de la comisión pre investigadora formada a pedido del diputado nacionalista Javier García, para que el Parlamento indague el frustrado envío de municiones desde Venezuela. El Frente Amplio se opondrá a iniciar la investigación porque sostiene que en Defensa se lleva a cabo una investigación. Pero esta situación tendrá un vuelco inesperado para el gobierno: si la investigación no se habilita en el Parlamento, el Partido Nacional tiene la intención -y los votos suficientes- de promover una interpelación a los ministros de Defensa, Azucena Berrutti, y de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano.