El anuncio de que el gobierno actualizará el derecho público y pasará a derecho privado las áreas no estratégicas del Estado está en línea con la posición de los directores de las empresas públicas. Pero generó absoluto rechazo en los sindicatos.
Eso vaticina fuertes resistencias cuando el gobierno empiece a discutir el asunto con los trabajadores. El propio director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, dijo el miércoles en un encuentro organizado por el Frente Amplio que la izquierda debe definir "qué es estratégico y qué no" en el Estado y que el proceso de cambios tendrá rechazo en las propias instituciones.
Rubio afirmó que "hay negocios que pueden hacerse en el marco del derecho privado" y que se analizará el pasaje a ese régimen de todo lo que no sea estratégico.
El vicepresidente de OSE, Fernando Nopitsch, coincide "totalmente" con el planteo de Rubio. "La salvedad es que en OSE tenemos limitaciones adicionales al resto del Estado por la reforma constitucional que dice que tanto el agua y el saneamiento debe ser ejercido por empresas públicas", dijo Nopitsch. Aclaró que por eso en OSE "no puede haber una asociación" con privados, más allá de que hay una larga lista de servicios tercerizados.
El director de Ancap, Germán Riet, ha afirmado que en el Estado deberían existir "normativas más flexibles" para el derecho público y que, en cambio, en las sociedades anónimas de derecho privado faltan normas que aseguren "mayor control" sobre su funcionamiento.
Bien distinta es la posición en los sindicatos de los entes del Estado, cuyos dirigentes rechazan el derecho privado. La Mesa Intersindical de Entes viene estudiando el tema desde hace años, pero ahora lo retomará y lo analizará con asesores jurídicos. "No es un tema nuevo, lo han planteado gobiernos anteriores. Empezaremos a desempolvar papeles", comentó el sindicalista de UTE, Gabriel Portillo.
A Portillo le gustaría discutir "qué es estratégico" y se queja de que el tema no se ha planteado en los ámbitos de negociación. "Hasta que no escuchemos los fundamentos, no entendemos cuál es el motivo de que se propongan pasajes al derecho privado ¿Qué problema hay con el derecho público? El problema es si los administradores son eficaces, no el corset jurídico", criticó Portillo
Para el sindicalista portuario Óscar López, coordinador de la mesa intersindical de entes, el pasaje a derecho privado sólo se podría aceptar en algún caso concreto, como el de los funcionarios zafrales. "Todavía no empezó la reforma del Estado y los integrantes del gobierno dicen distintas cosas sobre cómo debería funcionar esto", se quejó. Los sindicalistas quieren "trabajo con garantía" y no están dispuestos a que los contratos sean "flexibles".
El presidente de la confederación de sindicatos de la Administración Central, Pablo Cabrera, cree que Rubio no planteó elementos concretos y que su anuncio quedó "abierto a que cada uno lo tome como quiera". Cabrera aseguró que los sindicatos están dispuestos a discutir el tema porque admiten que "hay realidades que deben cambiar".
Pero aclaró que si, por ejemplo, el gobierno plantea "sacar a UTE de la órbita del Estado", tendrá a los sindicatos en contra por ser la energía un tema estratégico. "Defendemos que el Estado sea eficiente, lo cual se puede lograr bajo el derecho público", opinó.
Experiencias de derecho privado en el estado
Ancap
En la petrolera estatal hay tres sociedades de propiedad 100% estatal que funcionan bajo régimen de derecho privado: Ducsa (distribución de combustible y supergás), Cava (productora de alcoholes industriales y potables) y Alur (propietaria del ingenio de Bella Unión).
Antel
El call center del ente funciona desde este año bajo derecho privado, lo cual generó choques con el sindicato. En Antel también hay otras dos sociedades con el mismo régimen: ITC (consultoría en telecomunicaciones) y HG (especializada en contenidos digitales).
AFE
En junio comenzó el proceso de creación de una empresa mixta con privados para el transporte férreo de carga. Se presentaron cuatro grupos internacionales. El gobierno toma esta experiencia como referencia para otras posibles asociaciones con privados.