El director de la DGI, Nelson Hernández, dijo que las prostitutas deben pagar IRPF en la prestación de sus servicios, al tiempo que afronta los reclamos de los legisladores del Parlamento por el gravamen sobre las partidas de secretaría y de los futbolistas a quienes aumenta la carga tributaria pero no tienen cobertura de seguridad social.

"María que trabaja en la rambla está prestando servicios personales que están comprendidos en el IVA y ahora están comprendidos en el IRPF y pueden ser controlados por la administración tributaria", razonó Hernández ayer en Canal 10. Agregó que la DGI "no le va a prestar una especial atención a esa área" pero afirmó que tendrá "el mismo" que el de otros prestadores de servicios personales.

En tanto, Hernández también atendió ayer a José Luis Corbo, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por las retenciones y gravámenes a los futbolistas. Corbo dijo a El País que la entidad será agente de retención del IRPF de sus empleados "sino con algunas contrataciones específicas en materia de técnicos, personal de recaudación y árbitros".

Señaló que en el caso de los jugadores, la AUF no es agente de retención, salvo "en aquellas situaciones que refieren a la participación en las selecciones nacionales" o a los pagos de salarios a través de la entidad a futbolistas de instituciones "que están dentro del régimen de saneamiento". El resto del problema corresponde a los clubes, indicó Corbo. "Van a ser responsables y agentes de retención", señaló.

El dirigente dijo que se reunirá la próxima semana con el presidente del BPS, Ernesto Murro, por la retención del IRPF a los futbolistas, que señalan que no tienen cobertura de seguridad social, pagan por un ficto, y se les impone una nueva carga. Para Corbo el planteo de la Mutual de Jugadores de excluir a los futbolistas del IRPF es "razonable".

En el parlamento. Con los legisladores el problema es la partida de gastos de secretaría, de casi $ 54.000 por mes, que alegan que no es parte del salario y no debe estar gravada.

La bancada oficialista procura encontrar una solución al tema con el Ministerio de Economía para obtener una reglamentación que les permita declarar que vierten, efectivamente, esa partida en beneficio de sus secretarios. Fuentes de la DGI indicaron que "la posición del organismo recaudador es que los parlamentarios tiene que aportar por todo lo que perciben".