El mundo condena la muerte de diputados colombianos

Bogotá

La muerte de once de los doce diputados colombianos secuestrados por las FARC fue condenada hoy por la ONU, la Unión Europea (UE) y varios gobiernos que abogaron por una "solución humanitaria" para el drama de los demás rehenes en poder de ese grupo rebelde.

Los "países amigos" para la búsqueda de la paz en Colombia (España, Francia y Suiza) rechazaron la muerte de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (suroeste) y reiteraron su llamamiento a las partes implicadas en el conflicto para que no emprendan acciones que pongan en peligro la integridad física de los demás cautivos.

"Los tres países reiteran su condena sin ambigüedad a la toma de rehenes y la obligación de liberarlos", señala un comunicado conjunto emitido tras una reunión diplomática que mantuvieron hoy en Ginebra (Suiza).

El texto agrega que la "detención prolongada conduce a tragedias de este tipo que no se justifican en modo alguno".

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) informaron el jueves que once de los doce legisladores regionales que había secuestrado el 11 de abril de 2002 murieron el pasado 18 de junio en un "fuego cruzado" con "un grupo militar sin identificar".

Los once diputados muertos formaban parte de un grupo de 56 rehenes que las FARC pretenden canjear por medio centenar de guerrilleros presos mediante una fórmula denominada "acuerdo humanitario".

También desde Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, condenó el hecho en un comunicado en el que además pidió que se realice "una investigación completa e imparcial sobre los asesinatos y que se lleve a los responsables ante la Justicia".

Asimismo, exigió "la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados en Colombia", así como el respeto de los derechos humanos de los civiles y del Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, la comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, abogó por buscar una "solución humanitaria" para las demás personas secuestradas por las FARC.

Ferrero-Waldner expresó en un comunicado su solidaridad con las familias de las víctimas y su condena "a los que, habiendo privado de libertad a estos ciudadanos, son en definitiva los responsables de estas muertes".

"Hago un llamamiento a todos aquellos que obran en favor de la paz para que prosigan sus esfuerzos en la búsqueda de una solución humanitaria que ponga fin a la dramática situación que viven los secuestrados y sus familias", añadió.

El portavoz de la diplomacia francesa, Jean-Baptiste Mattéi, reiteró "la condena más firme" de París a las tomas de rehenes y expresó la "simpatía" de Francia a los familiares de las víctimas, tras condenar el hecho.

"La necesidad de un acuerdo humanitario es más evidente que nunca" después de este "drama", dijo Mattéi, quien precisó que Francia está en contacto con las autoridades colombianas, que han reiterado su voluntad de "una concertación estrecha" en el caso de los rehenes.

Entre los cautivos está la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también tiene nacionalidad francesa.

Tras recordar que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha hecho "gestos" de paz con la liberación de guerrilleros, entre ellos Rodrigo Granda, el denominado "canciller" del grupo guerrillero, Mattéi dijo que ahora desean "gestos de las FARC".

El gobierno brasileño también emitió una nota oficial en la que "deplora" la muerte de los diputados y reiteró que continúa, "junto con la comunidad internacional, decidido a apoyar todos los esfuerzos para asegurar una paz estable y duradera, y fortalecer la democracia en Colombia".

El presidente del Senado chileno y ex presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también se manifestó "apesadumbrado" por el hecho y lamentó la violencia que afecta a los colombianos.

Colombia "es un gran país, pero convive con la violencia, como otras naciones de América Latina" dijo Frei a la Radio Cooperativa desde Washington.

Desde Quito, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se declaró "dolida" y "conmovida" por la muerte de once legisladores, mientras que la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) condenó lo que llamó un "horrendo crimen".

La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró hoy en un comunicado que las FARC deben responder ante la justicia por la muerte de los diputados y expresó sus dudas sobre la versión que entregaron los rebeldes de la muerte de los políticos.

"Estas muertes, de ser confirmadas, generan la sospecha de que las FARC pueden haber ejecutado a los diputados para evitar su rescate," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.

"Aun si fuera cierto que los once diputados murieron en un fuego cruzado, las FARC son responsables de haberlos puesto en peligro al tenerlos en cautiverio", anotó.

EFE