En Uruguay desde el año 2001 se dejó atrás la idea de que este no era un país atractivo para las operaciones del lavado de dinero. De hecho algunos golpes dados al narcotráfico por la Brigada Antidrogas dejaron en claro la actividad real de lavado en el país. Desde ese año se comenzó a fortalecer el marco normativo.

En 2004 se aprobó una ley que es la actual y que se reglamentó en febrero de 2005 con apoyo de todos los partidos políticos. Hay consenso sobre que la actual Ley fue un paso importante pero también que tiene sus carencias sobre todo en la faceta preventiva del lavado de activos. Una de ellas refiere a la actividad de profesionales como contadores, escribanos y abogados que hasta el momento no tienen obligación de informar a las autoridades monetarias sobre posibles actividades de lavado. "No es porque nadie sea riesgoso en su profesión, sino que, por su trabajo, tienen más posibilidades de detectar estas maniobras. Pero una cosa es que lo haga por buena voluntad y otra que esté obligado a hacerlo porque puede recibir sanciones", expresó Ricardo Gil.