"El Estado debe cambiar legislación penal, se lo dicen con todas las letras"

NATALIA ROBA

-¿Comparten la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los hermanos Peirano que cuestionó a la Justicia uruguaya por su sistema penal y reclamó reformas legislativas?

-Anabella Damasco: No vimos el fallo que tiene carácter reservado, pero de lo que se dio a conocer hay cosas que podemos compartir en el sentido genérico para todos los procesos, porque el caso de los Peirano no es el único aunque sean personas de mayor notoriedad pública. Lo que vemos de positivo es que pone de manifiesto lo que es el proceso penal uruguayo. Esta resolución parece sacudir la modorra del Estado y de quienes tienen que decidir sobre una reforma. Los que somos operadores sabemos que el sistema actual no funciona y queremos un cambio.

-¿Cuáles son los problemas del actual proceso?

-AD: Somos prácticamente una isla en el mundo. En Latinoamérica somos los únicos que mantenemos este sistema, como han dicho algunos, dolorosamente escrito. Pero en esta causa en particular, que no es la causa exclusiva de los Peirano sino la de muchos otros, el número de procesados que son seis, hace que los tiempos se multipliquen por seis, porque también es garantía del debido proceso darles a cada uno su tiempo y, entonces, se eterniza el proceso, algo que va en perjuicio de todos. También hay que decir que no es siempre el Poder Judicial el causante de la demora. En asuntos donde se piden pericias, informes, los organismos del Estado tienen unas demoras insufribles para contestar.

-Alberto Reyes: El que haya presos sin condena por mucho tiempo, es un desfasaje que propicia la legislación procesal. La Asociación de Magistrados hace tiempo está tratando de concientizar para una reforma de ese proceso penal. Pero el cambio no va a ocurrir nunca si no hay una voluntad de los poderes políticos.

-¿Cuál es la causa de que haya un 60% de presos sin condena?

-AD: Ocurre que la mayoría de esos presos no va a tener la condena mientras esté recluido, porque va a ser excarcelado. ¿Qué prefieren, tener condena o salir en libertad? Por preocupación de la Suprema Corte por las demoras, se ha ido a un acortamiento de los procesos muy importante, pero llegó un momento en que los propios defensores se dieron cuenta que eso conspiraba contra la excarcelación porque en algunos juzgados super rápidos, donde en cinco o seis meses dictan una sentencia, se desesperan por obtener la libertad antes.

-¿Creen que se aprobará el trabajo de la comisión?

-AR: La primera definición que tiene que haber es la voluntad política acompañada de la voluntad de dotar de recursos a la Justicia. Cuando se reformó el código (procesal) civil hubo una apuesta económica muy fuerte, pero el cambio básicamente se quedó en la cantidad de jueces. No hubo una gran infraestructura, pero fue una reforma importante.

-¿Se sabe qué costo estimado puede tener esta reforma?

-AD: No. Pero imagínese que no es lo mismo trabajar como lo hacemos ahora por escrito que en un proceso oral, donde la inmediación del juez en la audiencia y la simultaneidad de las partes hablan de tiempos más cortos.

-AR: Yo pregunto ¿cuál es el costo de una eventual condena de la CIDH al Estado uruguayo? El costo que tiene para el Estado, un Estado cumplidor de los pactos internacionales que haya un pronunciamiento que se basa en decir ´el Estado uruguayo tiene una legislación que ya fue, que no se compadece con todo esto´.

-¿Está probado en cuánto se acortarían los plazos en un proceso acusatorio?

-AR: En meses la mayor parte de los casos pueden tener condena. Una de las críticas que se hace es que tenemos presos sin condena y por lo tanto se les presume inocente. Pero hay otra lectura que hace la sociedad de que quien es procesado ya está condenado.

-AD: Además en un 80% de los casos, en las 48 horas preliminares los procesos están jugados porque la prueba que se recogió es la importante, no hay más cosas que aportar. Incluso el proceso raya con lo ridículo cuando un individuo confiesa un delito y estamos esperando meses y meses para condenarlo porque nuestro proceso no prevé una etapa donde en ese momento se pueda dictar la sentencia.

-¿Qué ventajas tendría el nuevo proceso penal?

-AR: Está prevista la figura del defensor, la participación de la víctima. Estando todas las partes presentes hay muchos aspectos que se pueden solucionar de inmediato. Además se podrá controlar la tarea de cada uno. Sin que signifique un cuestionamiento, la labor de los fiscales hoy no hay quien los controle. No hay ningún mecanismo para que un fiscal deba rendir cuentas por qué pidió el archivo o por qué pidió procesar. En cambio, hay una rendición de cuenta pública que tienen que hacer los jueces, incluso ante los medios de prensa.

-Leyendo el informe de la CIDH queda la sensación de que en este caso se les negó la libertad por tratarse de los Peirano. La CIDH cuestiona el argumento que utilizó la SCJ de mantenerlos en prisión después de cinco años por "la gravedad ontológica del delito".

-AR: La gravedad ontológica se considera pero la duración del proceso es otra cosa. Un homicidio o una violación no debería tener una mayor demora que un proceso de hurto.

-Pero qué pasa con otros casos similares, ya que el sistema penal es lento ¿cuál es la regla para los jueces?

-AD: El Pacto de San José de Costa Rica habla del plazo razonable y a veces la complejidad de la causa, el número de procesados que multiplica los tiempos... no hay una receta.

-¿Cómo conjugan el plazo razonable en los casos de delitos inexcarcelables con el derecho a la libertad?

-AR: Ese es el gran tema. Porque aunque la Constitución prevé prisión preventiva tampoco permite que el proceso entre fuera de un plazo razonable. Lo que el Estado tiene que hacer es modificar la legislación, y se lo dice la CIDH con todas las letras.

-Volviendo al caso Peirano Basso, ¿cuándo se otorgan salidas transitorias, esa persona ya puede salir en libertad puesto que hay informes de que tiene buena conducta?

-AD: Las salidas son un especie de beneficio para estudiar su reinserción social o familiar, y también para descomprimir las cárceles.

-AR: Son todos remiendos que se han ido haciendo para no encarar una reforma de corte grueso.

Los jueces Anabella Damasco y Alberto Reyes representan a la Asociación de Magistrados en la comisión que viene elaborando el nuevo sistema procesal penal. La comisión es presidida por el ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Dardo Preza. Hasta ahora se han puesto de acuerdo en crear un sistema acusatorio que asegure la vigencia de los principios de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad y publicidad. El fiscal será quien dirija la investigación y el juez quien controle las garantías y juzgue.