Denuncia de aborto partió de un policía; médicos defienden secreto

Eduardo Delgado

Un policía en servicio 222 en el Pereira Rossell fue quien denunció a una mujer que abortó y fue atendida en el hospital, según maneja la Justicia. Preocupa a las autoridades que el procesamiento de la joven genere temor a la hora de consultar.

En el Pereira Rossell cientos de mujeres se asisten tras realizarse abortos clandestinamente, práctica que es delito en Uruguay. El cuerpo médico que las atiende en el hospital público no denuncia la realización de abortos, ya que ese centro sostiene que el secreto profesional en la relación médico-paciente está por encima de la obligación de los funcionarios públicos a denunciar un delito.

Para ello se basan en la resolución 369 del MSP, que data de 2004. Ésta regula la atención a mujeres antes y después de abortar y expresa que la atención será bajo el principio de confidencialidad, comunicando al MSP el hecho sin revelar el nombre del paciente.

La Dirección del Pereira Rossell pidió informes escritos sobre el centro desde el cual fue derivada la muchacha procesada, quién la atendió y si personal del hospital la denunció a la Policía. La joven llegó al Pereira con lesiones vaginales como consecuencia de la interrupción de embarazo que le realizaron en una clínica clandestina de la Unión.

Si bien hay versiones encontradas sobre quién presentó la denuncia del hecho, y algunas incluso señalan que fue personal de salud el que lo hizo, fuentes consultadas por El País aseguraron que fue un policía contratado para custodia del hospital quien comunicó a Orden Público que una mujer que abortó concurrió a atenderse. Las mismas fuentes señalaron como "muy probable" que el dato le haya sido proporcionado al policía por un funcionario del hospital.

Ima León, directora del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, dijo a radio Sarandí que la joven llegó derivada de otro centro de salud y que en ese lugar fue donde se hizo la denuncia policial.

PREOCUPACIÓN. Desde el Pereira afirman que no se presentó denuncia alguna en este ni en ningún otro caso de mujeres que hayan consultado después de realizarse un aborto.

Lo que más preocupa a las autoridades del Pereira Rossell que trabajan en el área de prevención y atención de abortos provocados en condiciones de riesgo, es que este caso genere temor a ser denunciadas y procesadas en las mujeres que deseen consultar después de realizarse un aborto y que ello derive en más muertes y lesiones graves debido a estas prácticas.

El Pereira Rossell comenzó una investigación administrativa para determinar quién denunció a la Policía el caso de la joven de 20 años, que había ido desde el balneario Las Toscas a la clínica en Comercio y Joanicó para someterse a un aborto por el que pagó U$S 700.

FALTA ÉTICA. Leonel Briozzo, coordinador del servicio de asesoramiento contra el aborto provocado en condiciones de riesgo del Pereira Rossell y presidente del Consejo Arbitral del Sindicato Médico dijo a El País que si un médico "viola la confidencialidad y el secreto profesional, está incurriendo en una falta ética".

"Si yo conozco a algún médico que violó la confidencialidad soy el primero en denunciarlo ante el Comité. La confidencialidad es uno de los tres pilares de la profesión", sostuvo.

Briozzo negó que la denuncia sobre el aborto de la joven haya provenido de algún médico del Pereira. "Lo desmiento terminantemente", sostuvo.

El médico insistió en que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo sepan que en el Pereira Rossell "las van a recibir para tomar una decisión responsable", en el marco de confidencialidad y sin que sea en "detrimento de su salud".

La directora del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género del MSP, Cristina Grela, dijo que como la joven se salvó, sigue vigente el secreto profesional por lo que el ministerio y el médico no tendrían que hacer más nada respecto a este caso. "Nada más que constatar que una persona entró a tal hora a tal lugar y que presentaba un aborto séptico que fue tratado como tal", dijo Grela a radio El Espectador.

EL CASO. El padre de la mujer de 20 años procesada sin prisión por el delito de aborto con consentimiento fue el que la trasladó hasta el Hospital Pereira Rossell, temiendo que su hija muriera por la infección que sufría, dijeron a El País fuentes de la investigación.

La joven estaba asustada y no se animaba a ir hasta el Pereira, ya que en la clínica clandestina donde le hicieron la intervención le dijeron que no fuera a atenderse a ningún lugar y que tomara los antibióticos que le indicaron, agregaron las fuentes.

"Se salvó porque el padre la llevó a tiempo y porque los médicos la atendieron antes que fuera irreversible, porque la infección era terrible", dijo una de las fuentes.

Una de las procesadas por los delitos de aborto y lesiones graves tiene tres antecedentes por aborto e incluso estuvo en prisión por ello. Jueces consultados indicaron a El País que si bien este es un tema muy delicado y pocas veces se procesa a las mujeres que abortan, el delito existe y los magistrados aplican leyes, no las escriben ni derogan.

Funcionarios de Policía Técnica y de Orden Público estaban allanando la clínica clandestina cuando sonó el timbre. Un policía abrió la puerta y se encontró con una mujer: dijo que iba a consultar por un aborto. La hicieron pasar. Fue detenida y resultó ser una agente de Policía. Declaró ante el juez que no tenía decidido abortar y quedó luego en libertad.

El programa de Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo que se aplica en Uruguay será utilizado en Kenia y Nigeria, dijo a El País Leonel Briozzo, coordinador del servicio en el Hospital Pereira Rossell.

El especialista señaló que a comienzos de semana expuso sobre la experiencia de Uruguay en un encuentro mundial realizado en Londres. "Las delegaciones de Nigeria y la de Kenia se interesaron en el plan. La idea es comenzar a aplicarlo allí y para ello asesorarlos", dijo.

Señaló que además ya están asesorando a planes similares en Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Méjico.

El programa consiste en asesorar a las mujeres antes y después de que se realizan un aborto y fue aprobado en Uruguay en 2004 por el entonces ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla.

Entre las recomendaciones que dan los médicos a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se encuentra la administración de antibióticos, la utilización del misoprostol para abortar y posteriormente desarrollar medidas de anticoncepción.