NATALIA ROBA

La resolución de la comisión de la OEA frente al caso Peirano, motivó una nueva carta de los hermanos, quienes volvieron a responsabilizar al Banco Central por lo sucedido y afirmaron que no admiten que se los acuse de ser "delincuentes".

Jorge, Dante y José Peirano Basso, dicen en una carta firmada en La Tablada que no fueron "los causantes de la crisis de 2002, sino otras víctimas más de ella".

"Asumimos la responsabilidad si es que cometimos errores, pero no admitimos que se nos acuse de delincuentes". Al cumplirse cuatro años, nueve meses y diez días de la privación de libertad, declarada ilegítima por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los hermano Peirano señalaron que la resolución "trasciende nuestro caso".

"Esperamos que este dictamen contribuya a mejorar el sistema judicial y la calidad de vida democrática que todos los uruguayos valoramos y merecemos", expresaron en relación a "centenares de uruguayos" que "sin posibilidad de defenderse, sufren iguales o más injustas reclusiones a causa de nuestro anacrónico proceso penal".

Insistieron en la idea de que al ser desplazados de la dirección de los bancos "por una arbitraria, ilegal e inoportuna intervención del Banco Central, se destruyó la confianza y el valor de esas instituciones y, como resultado de ello, de todo el Grupo Velox, con las consecuencias conocidas en perjuicio de los ahorristas damnificados y de nosotros mismos".

Los hermanos Peirano añadieron: "en el quebranto económico hemos sufrido la injuria y la calumnia y hemos perdido años de libertad (...) Hubiéramos querido que las cosas fueran de otro modo, pero no pudimos evitar lo sucedido". Aseguraron tener "paz en la conciencia, sabiendo que hicimos todo lo posible para no perjudicar voluntariamente a nadie" (ver la carta en Ecos).

La CIDH formuló fuertes críticas a la Justicia uruguaya sobre el tratamiento a los privados de libertad. En el dictamen al que accedió El País, los comisionados establecieron que la Justicia debe "priorizar los procesos en los cuales los imputados se encuentren privados de su libertad para así reducir, a su mínima expresión, la necesidad de adoptar medidas restrictivas de los derechos".

Señalaron que la Convención de Derechos Humanos prevé "como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial".

Agregaron que no se podrá recurrir a la prisión cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad. Y que se deberá considerar "si de haber mediado condena, los plazos hubieran permitido solicitar la libertad provisoria". En ese sentido, recomendaron junto a la libertad de los Peirano, que el Estado modifique la norma penal.

decisión. La jueza Graciela Gatti comenzó a estudiar ayer el informe redactado por la CIDH y en los próximos días decidirá si concede o no la libertad a los ex banqueros. La magistrada afirmó que no puede dar ninguna opinión porque "estaría prejuzgando" y que cuando tome una decisión la comunicará.

Al responder a la OEA en el transcurso del proceso, la Justicia en representación del Estado afirmó que los Peirano han sido "los brazos ejecutores de la mayor estafa bancaria registrada en el Uruguay, en su carácter de representantes, directores, gerentes y administradores de empresas de intermediación financiera". Agregó que los privilegios que les concedió el gobierno anterior, por lo que habían sido recluidos en la Jefatura de Policía de Montevideo, "han sido revocados como correspondía".

El entonces juez de la causa, Pablo Eguren, se refirió al "peligro de fuga de los tres imputados con la situación del cuarto hermano que se encontraba prófugo" y que "debido a sus vínculos en otros países el peligro de reincidencia es alto".

Concluyó la Justicia que se trató del caso "más resonante y complejo en la historia judicial uruguaya ya que refiere al fraude cometido por directores de sociedades que han causado perjuicios irreversibles al mercado financiero y a la economía del Uruguay".

Comisionado pide que se vote reforma

El comisionado parlamentario Alvaro Garcé consideró "preocupante" que en Uruguay haya un 60% de reclusos sin condena e instó al sistema político a votar la reforma del proceso penal. Según dijo a El País, Uruguay ostenta, a nivel internacional, un "triste privilegio" por esa causa ya que por cada dos reclusos sin condena hay uno penado. "Eso deja al país mal a nivel internacional", evaluó.

Además, estimó que de acuerdo con sus estadísticas, la cifra de presos no penados es mayor aún que el 60% que maneja la Suprema Corte de Justicia, aunque aclaró que no tiene intenciones de "polemizar con nadie" en este tema.

Consultado sobre el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó a la Justicia dar la libertad a los hermanos Peirano Basso, recluidos desde agosto de 2002, indicó que se trata de un caso puntual dentro de un problema general que alcanza a la mayoría de los presos del país.

"Mientras no se ha establecido fehacientemente si son o no culpables, se presume que son inocentes", expuso el jerarca. Algunos de los aspectos negativos que surgen tras esta realidad es que "no se sabe cuándo pedir salidas transitorias", agregó. Garcé estimó que en otros casos "puede darse que se haya cumplido más de la mitad de la pena probable sin que se haya pronunciado la pena. Con eso se pierde el derecho a pedir la libertad anticipada", explicó.

"La justicia que tarda, no es justicia", sentenció el comisionado, pero aclaró que no es problema de "mala voluntad" del Poder Judicial sino de la falta de recursos. En ese sentido, instó al sistema político a poner en práctica una reforma procesal penal, en el marco de la comisión que trabaja en la reforma del Código del Proceso Penal. "Una vez que el proyecto esté, hay que votarlo, luego hay que aplicarlo y para eso hay que dotar de recursos a la Justicia", concluyó.

Algunos puntos del fallo

1.Prisión preventiva. Las explicaciones dadas por la Justicia para negar la libertad sobre la "gravedad ontológica de los delitos" y la "repercusión dañosa en la economía y medio social", "resultan violatorias del derecho al debido proceso" e "infringen la garantía del juez imparcial al dictar una resolución".

2.La pena prevista. "Tanto la pena prevista para el delito en virtud del cual fueron procesados como la calificación legal empleada en acusación, habrían permitido que los imputados recuperasen la libertad".

3.Gravedad del delito. "La gravedad del delito investigado no responde a los criterios de peligro procesal establecidos para fundamentar la prisión como medida cautelar (...) Ello contraviene el principio de inocencia".

4.Lentitud del expediente. "El fiscal de la causa, en entrevista radial, atribuyó la lentitud del proceso a la demora en los trámites administrativos del propio juzgado para el diligenciamiento de pruebas".

5.Salidas transitorias. "Desde diciembre pasado los imputados gozan de salidas transitorias de 48 horas semanales, lo que pone de manifiesto que las autoridades han considerado que no existe fundamento que justifique la actual prisión preventiva de los imputados".

6.Posibilidad de que reincidan. Con la referencia a la posibilidad de que cometan un nuevo delito "se está deparando a la prisión preventiva, un trato de pena anticipada".

7.Ley del sistema carcelario. La CIDH consideró que el hecho de excluir expresamente el delito que se les imputó a los Peirano "viola el principio de igualdad, en virtud del cual se debe deparar igual tratamiento a aquellas personas que se encuentran en una situación equivalente".

8.Voto disidente de comisionado. El comisionado Freddy Gutiérrez votó en contra: "cientos de personas perdieron el ahorro de toda la vida por la negligencia, imprudencia e inobservancia de las normas rectoras en la materia, o por las maniobras aparentemente fraudulentas".

9.Discriminación entre presos. El relator para Uruguay agregó: "La mayoría de las personas privadas de libertad en las Américas, están en la circunstancia de la detención preventiva. Esto no se justifica, pero menos se justifica indulgencia a aquellos que excepcionalmente tienen acceso a los órganos internacionales".