La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, les expresó ayer a los tres militares extraditados a Chile que el gobierno sigue con "preocupación" el caso, pero que no interferirá con el proceso judicial que se lleva adelante en ese país.

Berrutti dijo a El País que su cartera no objeta la posibilidad de que estos militares trabajen en Chile si son habilitados por la Justicia de ese país, y remarcó que los uniformados no implican ninguna erogación para el gobierno. Uno de los militares es retirado y los otros dos cobran su sueldo regularmente. Los centros sociales militares son los que se encargan de los gastos de la defensa.

Berrutti recibió ayer en el hotel Ritz de Santiago de Chile al ex oficial de Inteligencia Tomás Casella, y a los militares en actividad Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. Los tres fueron extraditados a Chile en 2006 por su presunta participación en la desaparición y posterior muerte del químico Eugenio Berríos, ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet.

Para evitar el contacto con los periodistas, los militares ingresaron por separado al hotel, y se retiraron de la misma forma. El encuentro solicitado por los militares se desarrolló en uno de los pisos superiores del hotel y se extendió por más de una hora. Si bien la reunión había sido pautada para la hora 10, los militares arribaron unos minutos antes y entraron al edificio en momentos en que lo hacía un grupo de pasajeros alojados en el hotel.

Berrutti señaló que el objetivo del encuentro fue "escucharlos". En la misma línea se pronunció el presidente Tabaré Vázquez, quien señaló que la intención del gobierno era conocer la situación de los extraditados y saber qué era lo que necesitaban. Dada la intensa agenda del lunes 9, la ministra de Defensa prefirió permanecer en el hotel ayer martes y no viajar a Valparaíso, a fin de recibir a los tres militares, para luego sumarse a la comitiva oficial y retornar a Montevideo.

Por otra parte, Berrutti dijo que el proyecto de ley de reparación a las víctimas de la sedición puede sufrir modificaciones. Consideró además que son atendibles las opiniones críticas que el proyecto despertó en filas del Frente Amplio y de organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura.