Nuevo cruce entre el gobierno y la justicia argentina

BUENOS AIRES EFE

El gobierno y un tribunal de tercera instancia de Argentina se enzarzaron ayer en una áspera polémica, después de que el presidente Néstor Kirchner pidiera que se aceleraran los juicios contra represores de la dictadura militar.

Mientras Alfredo Bisordi, titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, advirtió que la actitud de Kirchner conduce "a la suma del poder público", el ministro del Interior, Aníbal Fernández, pidió al juez que "renuncie" a su cargo.

La mecha la encendió el sábado el jefe del Estado, al pronunciar un fuerte discurso sobre el accionar de la justicia durante un acto en el que se conmemoró el 31 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar (1976-1983).

"Basta, por favor, basta. Necesitamos que los juicios se aceleren. ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación que están parados juicios que deberían estar en marcha? Y no estamos invadiendo otro poder, sino que le estamos pidiendo que funcione", afirmó el presidente.

jamás. Ayer, Bisordi cuestionó las quejas de Kirchner al subrayar que "en 40 años de servicio jamás" vio "una intromisión como la de ahora".

"Durante todo este lapso, en que tuvimos gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión en la labor de los tribunales como la del ahora presidente de la República", sostuvo el titular del máximo tribunal penal del país.

En ese sentido, señaló que la Cámara de Casación está "desbordada" y a modo de ejemplo recordó que en 2006 ingresaron "más de 5.000 causas" y en 2007 "más de 1.000". "En esta situación es muy difícil emitir fallos", consideró el juez.

respuesta. En declaraciones a Radio América, el ministro Fernández recogió el guante y sugirió a Bisordi que "renuncie" a la magistratura y "le haga un bien a la patria".

"Este hombre pone al presidente elegido por la voluntad popular por debajo de asesinos como (los dictadores) Jorge Videla, Roberto Viola y Reynaldo Bignone", sentenció.

En la Cámara de Casación están bajo análisis 193 recursos de apelación planteados por represores del último gobierno de facto, algunos de los cuales datan de 2003.

La Corte Suprema de Justicia, que en junio del 2005 declaró la invalidez de las denominadas "leyes del perdón" a represores de la dictadura, tiene en estudio la anulación de los indultos otorgados durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).